Democracia
económica, condición de equidad distributiva La
política económica instrumentada en tiempos recientes
ha sido eficaz para recuperar el crecimiento, del saldo negativo
en 1995 a números positivos entre 1996 y 1999; para afianzar
la estabilidad monetaria e insertar a la economía mexicana
hacia la dinámica globalizadora, pero no para revertir el
rezago acumulado, ni para avanzar hacia la distribución equitativa
de los beneficios alcanzados. (Gráficos 1 y 2). En
efecto, entre 1995 y 1999 la economía nacional creció
2.9%, en términos reales como promedio anual, cifra superior
al 1.8% observado por la dinámica poblacional. La inflación
se redujo de 52 a 12.3%, mientras que el déficit del sector
público se abatió a sólo 1.15% del PIB. Nuestras
ventas al exterior aumentaron en 72%, al pasar de 80 mil millones
de dólares al principio de la actual administración,
a más de 136 mil 700 millones al cierre del año pasado.
Por su parte, la proporción del déficit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos respecto al PIB se redujo en más
de la mitad, al pasar de -7 a -2.8%, de 1994 a 1999. Sin embargo, el PIB per cápita permaneció estancado, aumentando apenas en términos reales 0.9% como promedio anual, mientras que el poder adquisitivo del salario acumuló un deterioro de -21%, de manera que la participación de los salarios en el PIB se redujo de 31% en 1995 a 29% el año pasado. Traducir
el éxito macroeconómico en bienestar para los mexicanos,
requiere incursionar en una economía política y una
política económica que responda a las necesidades
de las mayorías, mediante la creación masiva de empleos
productivos, la recuperación sostenida del ingreso y el abatimiento
de los rezagos sociales. Ello
es condición para construir la sociedad justa, democrática
y digna que todos los mexicanos demandan y, sin duda, merecen, por
la vía de la estabilidad económica, social y política. Sin
embargo, proseguir hacia una economía socialmente compartida
no sólo concierne a la técnica económica sino
a la política. Esa economía sólo se puede lograr
en forma perdurable a condición de que tenga su conocimiento
en la fortaleza de las decisiones políticas del Estado mexicano
comprometidas a disminuir la inequidad, la desigualdad y la extrema
pobreza que agravia a demasiados mexicanos. Tal desafío político tiene su sustento económico en la necesidad y posibilidad de ampliar la fortaleza del mercado interno para convertirlo en base firme de la producción, el consumo interno y las exportaciones. Lograrlo exige ampliar el espacio de la política para asegurar que el vínculo entre la política económica y la política social desemboque en oportunidades de empleo y bienestar perdurables para todos. Ello significa mayor producción, empleo y oportunidad para una vida digna. En
un país con profundas desigualdades, la apertura de la economía
puede ser motor perdurable del crecimiento y factor de equidad social
si se conjuga con la democracia, si se democratizan las decisiones,
el esfuerzo y los beneficios del quehacer económico. Tal
propósito implica la democratización social de la
economía sin perjuicio de la rentabilidad del capital, lo
cual es hoy posible merced a una organización productiva
más eficiente que permite y requiere, una mayor distribución
equitativa de las cargas y de las oportunidades del progreso que
se genera. Hoy
resulta viable profundizar, con eficacia creciente, la lucha contra
la desigualdad, conjugando el desempeño de la macroeconomía
con la elevación sostenida de los niveles de vida populares.
Armonizando la eficacia del mercado con el compromiso social y la
intervención del Estado. Técnicamente,
ello exige apoyar el dinamismo económico del mercado interno,
donde se aloja la actividad productiva de la mayor parte de los
mexicanos, sin demérito del aprovechamiento de las ventajas
y beneficios que ofrece el mercado exterior. Ampliar
el espectro de la política económica dando atención
prioritaria al mercado interno favorece el propósito de crecer,
producir y distribuir el ingreso al mismo tiempo, dando un sentido
social a la economía política de México. Para
tal efecto, es necesario y posible fortalecer los alcances de la
política económica con acciones distributivas cuyos
ejes sean el impulso de las economías regionales, el incremento
en la productividad de las pequeñas y microempresas vinculadas
a bienes de consumo popular, la generación masiva de empleos
permanentes en zonas rurales y urbanas, el incremento de las remuneraciones
reales y el impulso al desarrollo regional a partir de la reactivación
del mercado interno. Tal
estrategia conlleva a la generación de empleos permanentes
y productivos y, por ende, impacta favorablemente la distribución
del ingreso, aumenta la demanda y la potencialidad masiva del mercado
nacional, impulsando la generación de utilidades, de salarios
y de impuestos. Para
impulsar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas es
necesario ampliar los instrumentos de política fiscal, monetaria,
cambiaria y crediticia convirtiéndolos en estímulo
y fomento a la inversión y la reinversión socialmente
productivas; reorganizar a la banca de desarrollo a fin de apoyar
a las regiones y actividades económicas con mayor rezago;
poner en funcionamiento programas de ahorro, seguro y crédito
adecuados a las necesidades reales de la pequeña y microempresa,
rural y urbana; e, impulsar una política de desarrollo industrial
que integre las cadenas productivas, reduzca la dependencia de importaciones
y defina las prioridades en material industrial, considerando las
ventajas comparativas y competitivas de la estructura productiva
nacional. La
clave para el funcionamiento de esta estrategia ampliada pivota
en flexibilizar la política de tasas de interés a
partir de premiar más al productor y menos al especulador,
y potenciar las formas de crédito informal que ya existen
y en las que hoy descansa la actividad productiva de la mayoría
de los pequeñas y medianas empresas mexicanas. En
suma, la apertura de la economía mexicana y su inserción
en el mercado global ofrecen retos pero también oportunidades
que es preciso aprovechar con una visión integral que oriente
la economía, por la política y para la sociedad. Superar
los desafíos y aprovechar cabalmente las oportunidades es
el reto de los mexicanos. Si asumimos el compromiso público
de encauzarlos hacia una economía de mayor amplitud, productiva
y social, acorde con el interés de la mayoría, tendremos
el desarrollo pleno que es ahora posible, urgente y necesario para
todos los mexicanos. *Economista.
Coordinador de asesores del
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