Crecimiento
económico con justicia social La
población mexicana ha venido padeciendo fuertes rezagos
sociales, que se caracterizan por un cúmulo de desigualdades
en las condiciones de vida y en el acceso inequitativo a las oportunidades
de empleo; asimismo se han hecho evidentes las insuficiencias
productivas y las limitaciones en la calidad de los servicios
de infraestructura básica; los desequilibrios regionales
y los graves problemas del medio ambiente. Se
estima que en el país existen cerca de 4.2 millones de
hogares en pobreza extrema, en los que habita casi una cuarta
parte de la población total. Que en los 500 municipios
más pobres del país un 40% de sus habitantes son
analfabetas; su escolaridad promedio alcanza únicamente
el segundo año de primaria y el 65% de esa población
tiene ingresos menores al salario mínimo. Por
lo anterior, el principal reto que México habrá
de enfrentar en los próximos años es alcanzar un
crecimiento económico sostenido con justicia social, que
mediante la instrumentación de políticas de largo
plazo, permita generar mayores oportunidades de empleo y fortalecer
e incrementar el ingreso de los trabajadores. Dado
que la estabilidad y el crecimiento económico son indispensables
para generar empleos bien remunerados, se deberán orientar
las acciones tendentes a mejorar y elevar la calidad de la fuerza
de trabajo; promover una reforma fiscal que coadyuve a consolidar
la confianza necesaria para propiciar los flujos de inversión
requeridos, y perfeccionar el marco legal y regulatorio al que
habrán de ajustarse los agentes económicos. En
este sentido las acciones a instrumentar deberán considerar
los siguientes aspectos fundamentales: a) mantener consistencia
en el manejo de la economía; b) impulsar la solidez de
las cuentas externas, lo que implica que se lleven a cabo programas
apropiados para asegurar suficientes flujos de exportaciones,
de ingresos por inversión extranjera, y de financiamientos
del exterior; c) fomentar la inversión pública y
privada en infraestructura básica; y d) crear condiciones
impositivas y crediticias que estimulen las inversiones en aquellas
ramas de actividad y sectores de la economía que son fuertes
generadores de empleos directos o que tienen un efecto multiplicador
favorable en el aspecto ocupacional y/o ahorran divisas. Específicamente
los esfuerzos de nuestra nación deberán hacer énfasis
en: 1) formular políticas económicas que promuevan
la competencia interna; 2) favorecer la especialización
productiva en aquellas áreas donde se tienen ventajas tanto
absolutas como relativas; 3) fortalecer los programas de promoción,
financiamiento y desregulación de las exportaciones, especialmente
para las pequeñas y medianas empresas; 4) crear incentivos
que fomenten la modernización, que alienten la innovación
y el mejoramiento productivo, y favorezcan el proceso de agrupación
e interconexión de las empresas; 5) desarrollar y fortalecer
un sistema de información sobre opciones de inversión
que apoye la toma de decisiones; 6) llevar a lo mínimo
indispensable la regulación de la actividad productiva,
evitando incurrir en costos de gestión; 7) reducir los
obstáculos a la inversión extranjera en obras productivas,
privilegiando el control nacional de áreas estratégicas;
8) brindar seguridad jurídica y certidumbre a la inversión
productiva, nacional y extranjera, y a la investigación;
y 9) crear y divulgar un proyecto económico, con bases
sólidas, visión social y claridad en sus objetivos. Para
consolidar el crecimiento económico esperado, es indispensable
la participación convencida de los sectores productivos
y de los representantes de las organizaciones sindicales y sociales,
para lo cual se deberá promover una política de
concertación, con el propósito de sentar las bases
de cuatro grandes estrategias: a) difusión de una nueva
cultura laboral cuyas acciones buscan impulsar el interés
por la capacitación, la certificación de conocimientos
y habilidades, y la adaptación a las nuevas tecnologías
y ámbitos laborales; b) impulso a la productividad como
planteamiento fundamental de mejoramiento de ingresos, mediante
el acuerdo entre trabajadores, empresas y gobierno, lo que conllevaría
al incremento eficiente de la producción y el mejor aprovechamiento
y reparto de sus beneficios; c) modernización del marco
jurídico laboral, a fin de conciliar los grandes principios
de protección social al trabajador, mediante la inclusión
de instrumentos legales que simplifiquen los procesos de contratación
y baja del personal; la contratación temporal de trabajadores
y su movilidad interna; la incorporación a los sistemas
de seguridad social; los estímulos a la capacitación
y al buen desempeño; y la actualización y adaptación
de los trabajadores a los requerimientos de las nuevas tecnologías
y equipos; y d) la revisión de los costos laborales (cuotas
al IMSS, INFONAVIT, entre otros) con el propósito de que
se constituyan en un elemento de estímulo a las inversiones
nacionales y extranjeras (instalación de nuevas plantas,
ampliación de las ya existentes, etc.), sin que ello suponga
la cancelación de prestaciones básicas para los
trabajadores. Paralelo a las reformas al marco estructural, a
efecto de fomentar el sano crecimiento de nuestro país,
deberán fortalecerse las bases para elevar el nivel de
cobertura y la calidad de la oferta educativa e investigación,
mediante la participación activa de empresas e instituciones
no educativas. Al
Gobierno Federal, le corresponderá consolidar una política
de capacitación para la población en edad de trabajar
que coordine los esfuerzos de las instituciones públicas
y privadas, la cual deberá sustentarse en tres principios
básicos: a) que los contenidos curriculares y las especialidades
que se impartan sean el resultado de una permanente vinculación
entre las empresas y las instituciones educativas y respondan
a los requerimientos del aparato productivo; b) que se continúen
las acciones emprendidas por algunos organismos de capacitación
para el trabajo, en las cuales la modalidad de los cursos y carreras
técnicas de nivel medio ofrezcan una doble opción
para los capacitandos: incorporarse a un empleo o continuar el
proceso de formación en su especialidad; y c) que se impulse
la capacitación mediante el enfoque de formación
basada en competencias laborales, así como la certificación
de los conocimientos y habilidades de las personas que las han
adquirido de manera institucional o por el ejercicio práctico
de una actividad. Por
otra parte, también será necesaria la conversión
de los actuales programas de empleo temporal en el campo, con
el objeto de buscar el desarrollo de actividades que permitan
un mayor arraigo en aquellas zonas con altos niveles de migración.
Asimismo, se deberá impulsar una política de incentivos
a la inversión en actividades emergentes en el campo, a
fin de detonar el empleo agrícola y agropecuario en diversos
renglones de la producción.Las tareas antes señaladas
implican una participación convencida de los actores económicos
y sociales para abatir la pobreza extrema en nuestro país.
Los grandes retos que conlleva, se deben asumir con plena conciencia
a fin de que Gobierno y sociedad los enfrenten y, con responsabilidad,
se den pasos firmes en la consolidación de estructuras
para buscar su solución permanente, privilegiando una sociedad
más equitativa. *Ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública y el Poder Legislativo, destacando el de subsecretario de Control Presupuestal y Contabilidad, en la Secretaría de Programación y Presupuesto; y Contador Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados. Actualmente es subsecretario de Capacitación, Productividad y Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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