Crecimiento
y política social A
pesar de los múltiples programas e inversiones sociales
que se han instrumentado durante los últimos años,
lo cierto es que en México persisten rezagos que es imperativo
revertir; estos sin duda, representan retos para la oferta de
los candidatos presidenciales en el competitivo proceso electoral
de julio próximo. Para
combatir los rezagos sociales es necesario trabajar en el ámbito
del crecimiento económico, a la par que en el de la política
social, siempre buscando que ésta sea cada vez más
adecuadamente financiada. Trabajar sólo en alguno de los
dos frentes nos llevaría a un círculo perverso de
autocomplacencia, con escasos resultados en la convergencia de
crecimiento y bienestar para el mediano y largo plazos. Como
sociedad, estamos obligados a hacer del crecimiento generador
de empleos toda una cultura, una prioridad. Sin embargo, el avance
en este frente no debe contraponerse a políticas sociales
que permitan llevar educación, salud, vivienda y alimentación
a todos los mexicanos. Los objetivos, tanto como los instrumentos
para el crecimiento deben ser además sostenibles en el
largo plazo. Así lo demuestra la experiencia propia y la
de otras latitudes, en los últimos años. Crecimiento
y política social deben ir de la mano a fin de que el avance
en el bienestar de la población no se vea afectado por
los ajustes y ciclos de la economía, al tiempo que el crecimiento
no sea cuestionado por la desigualdad y la pobreza extrema, tanto
por sus implicaciones éticas y morales, como por la inestabilidad
política y la inseguridad pública. Lograr el crecimiento
sostenido implica garantizar condiciones mínimas de bienestar
social; de la misma manera que el bienestar sólo puede
alcanzarse en escenarios de crecimiento económico. De otra
manera lo que se reparte es miseria. Contrarrestar
de manera sustantiva la desigualdad del ingreso y, sobre todo,
la superación de las condiciones de pobreza, demanda continuidad
del proceso de crecimiento económico, tal y como lo hemos
hecho en los últimos cinco años, pero necesitamos
tasas de 5 o 6% sostenidas durante 10 o 15 años. Sólo
de esta forma los países del Sudeste Asiático lograron
saltar de economías agrícolas a economías
de reciente industrialización, con niveles de vida mayores
que sus equivalentes latinoamericanos. Sólo así
estaremos como país en condiciones de capitalizar las potencialidades
de ese bono demográfico que nuestra pirámide poblacional
nos otorga por única vez. Como
lo ha planteado Francisco Labastida, contar con una población
económicamente activa de 40% como la que tenemos, debe
significar no sólo un desafío en términos
de generación de empleos, sino una divisa en términos
de potencialidades innovadoras y emprendedoras. Las
condiciones para lograr un crecimiento sostenido están
presentes en el México de nuestros días; la discusión
entre los estudiosos y analistas económicos no es ya sobre
las crisis recurrentes y las políticas de choque para contrarrestar
los fenómenos deficitarios o inflacionarios. A
diferencia de otros fines de ciclo sexenal, hoy el país
no tiene fuertes presiones por vencimientos de deuda, su déficit
externo y de finanzas públicas se encuentra dentro de márgenes
manejables, y su nivel de inflación continúa a la
baja. El panorama externo es favorable, con crecimientos sostenidos
de nuestros principales socios comerciales. Los
temas políticos hoy parecen permear sólo marginalmente
a los económicos, asumiendo su propia dinámica cada
uno de ellos, tal como sucede en las democracias consolidadas.
Pocas veces en la historia los inversionistas encuentran tal grado
de certidumbre para sus inversiones como hoy; así está
demostrándolo la virtual asignación a México
de «país con grado de inversión» por
las empresas calificadoras más reconocidas en el mundo. Requerimos de un crecimiento sostenido, pero además necesitamos que éste se presente de manera equilibrada entre sectores, regiones y factores de la producción, y esto sólo es posible alcanzarlo con estrategias activas de desarrollo industrial y regional, promovidas desde el Estado, en coordinación con el sector productivo. Como
lo ha reiterado el candidato a la presidencia Francisco Labastida,
México demanda un crecimiento balanceado entre mercado
interno y mercado externo. Situación que se logra con el
fortalecimiento de las cadenas productivas, mediante el apoyo
eficaz a las medianas y pequeñas empresas, que son a fin
de cuentas las que mayor número de empleos generan en nuestro
país, y las que en ese sentido tienen un mayor impacto
para hacer de la nuestra una economía con justicia social.
El
crecimiento generador de empleo está en el centro de la
oferta, no sólo económica sino social del candidato
priísta a la presidencia, lo está porque ha quedado
demostrado que la generación de empleo es la forma más
eficaz de distribución del ingreso, de alcanzar equidad,
de luchar contra la pobreza, de conseguir la seguridad pública
y la justicia social. Pero
el objetivo no es el empleo improductivo, artificial, burocrático
de otras épocas, generado con gasto público artificialmente
financiado. La meta es multiplicar las condiciones para que el
sector productivo sea capaz de generar empleos autosostenibles.
Por eso la propuesta del candidato priísta plantea una
alianza por abatir el desempleo con el sector productivo y laboral,
a favor de la pequeña y mediana empresa y en los sectores
de la construcción, la vivienda, el turismo, y servicios
que tienen mayores efectos multiplicadores. Sólo la combinación de un crecimiento sostenido con políticas sociales garantizará la igualdad de oportunidades y el desarrollo pleno de las capacidades individuales y colectivas de los mexicanos. Como lo ha planteado el candidato a la presidencia Francisco Labastida, el incentivo gubernamental en la creación de nuevos y mejores empleos debe estar tanto en las prioridades de la política pública y de las estrategias de crecimiento. En otras palabras, ésta es la única forma de hacer económicamente posible lo que es estrictamente deseable. Ha sido presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios (LER), diputado y senador, presidente nacional del Colegio de Economistas y director del IEPES del PRI. Actualmente es presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
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