No puede haber justicia social sin economía sana; lograrla
requiere estabilidad duradera. Es de primera importancia abordar
este tema como parte fundamental del proceso electoral tendiente
a llevar al Poder Ejecutivo
a Francisco Labastida Ochoa y obtener la mayoría en el
Congreso de la Unión. Cuando
hablamos de estabilidad nos referimos a los ámbitos político
y económico; ambos redundan en un tercero y más
importante: la sociedad, motivo sustantivo del desarrollo. La
estabilidad política existe cuando los conflictos entre
la población y en torno al poder público, se procesan
mediante instituciones que aseguran la paz social. Asimismo,
la estabilidad económica se posibilita cuando los factores
que la integran propician mejores condiciones de vida. Sin estabilidad
política y económica, es imposible plantearse el
crecimiento; en su ausencia, la justicia social es inalcanzable. La
garantía de la estabilidad política está
impresa en nuestras leyes y ordenamientos democráticos
y por supuesto en su cumplimiento. La política se practica
cotidianamente a través de los partidos, medios, grupos
de interés y de presión, asociaciones políticas
nacionales, civiles, clubes de servicio, organizaciones no gubernamentales,
iglesias; el Instituto Federal Electoral y el Tribunal correspondiente;
el Congreso de la Unión y en suma, por todas las instituciones
relacionadas con el fenómeno del poder. En
nuestros días, la estabilidad económica significa
una inserción positiva en la globalización; demanda
retroalimenta-ción entre la macro y micro economías.
Parte de mantener cuentas macroeconómicas que incentiven
el desarrollo, tales como baja inflación, déficit
público y deuda manejables, balanza comercial equilibrada,
entre otras medidas, que permitan ponderar los ingresos y egresos
frente a las necesidades y con ello impulsar una microeconomía
reflejada en salarios y empleo suficientes, seguridad social,
escuelas, salud, vivienda, infraestructura. En otras palabras,
calidad de vida digna para la mayoría de la población. Pese
a los avances, en economía tenemos todavia mucho por hacer:
promoción industrial armónica, particularmente de
la pequeña y mediana empresas, restauración del
crédito bancario, turismo, desarrollo regional, acercando
al sureste, centro y norte del país, privilegiar la participación
del Estado a fin de asegurar a los más necesitados una
base sólida de despegue definitivo, abordar la reforma
fiscal integral, determinar la transformación del sector
energético, conservando el dominio por parte del Estado
y ampliando su capacidad financiera para dar respuesta a los requerimientos
actuales y futuros de la Nación. Al tratarse de problemas
estructurales que requieren de la participación comprometida
de los legisladores en la definición del rumbo y en el
cómo hacer las cosas, es indispensable ganar la mayoría
en el Congreso de la Unión. Es
la primera vez, en un cuarto de siglo, que está ausente
el fantasma de una crisis económica. Ello se debe a una
disciplina excepcional de parte del gobierno, pero sobre todo
de la sociedad. No debemos olvidar que desde hace años
el pueblo no ve reflejado plenamente su esfuerzo en su ingreso
familiar. En
este escenario, estamos convencidos de que la postura de Francisco
Labastida Ochoa es la más realista: generar un crecimiento
de 5% anual promedio durante su administración, impulsando
inversiones en las actividades generadoras de empleo, como la
construcción de vivienda, infraestructura, intensificación
del turismo, promoción de exportaciones y apoyo al campo.
Esto es: por lo menos seis millones de empleos en el sexenio.
Sin duda, la economía tiene contenido pleno, cuando deviene
en justicia social. Dulce
Ma. Sauri Riancho,
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