CLARISA C. TORRES MÉNDEZ * México ha pugnado por una mayor democratización en el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en particular por una más justa integración de su Consejo de Seguridad y de las atribuciones que le corresponden. Esta posición que ha asumido nuestro país tiende a extenderse y a justificarse cada vez con mayor fuerza por casi todos los países de la Tierra. Es imprescindible que las naciones del mundo, incluyendo las menos poderosas, encuentren adecuadamente representados sus intereses en el seno de la ONU. La plena legitimidad y la mejor aceptación universal, tanto del organismo internacional como de sus decisiones, dependen en gran medida de reformas en las cuales se haga honor al principio de igualdad jurídica de los Estados consagrado desde la fundacional Carta de San Francisco, pero que no encuentra todavía una cristalización plena en la práctica de las relaciones internacionales. El acercamiento a la verdadera igualdad jurídica de los Estados debiera ser la base a partir de la cual se reconstruyera una ONU más dispuesta a responder por los intereses de los países con menor capacidad de negociación. Es importante hacer énfasis en el hecho de que en la actualidad el mayor número de problemas que confronta la humanidad se dan por enfrentamientos violentos al interior de los propios Estados nacionales y, en menor medida, por conflictos bélicos donde se enfrentan entre sí los diferentes Estados. En este tipo de escenario está claro que un organismo como la ONU se encuentra en situación singular, ya que la Organización fue esencialmente concebida para tratar de resolver conflictos que pudieran presentarse entre los Estados nacionales y no al interior de los mismos. Queda pendiente una laguna, que no encuentra una solución justa para los casos en los que existe, por ejemplo, una flagrante violación a los derechos humanos. En tales casos, ¿qué es lo que corresponde hacer al grueso de la humanidad y al conjunto organizado de la mayoría de los Estados nacionales?, ¿deben observar pasivamente el desenvolvimiento de las masacres tumultarias por razones étnicas, religiosas, de fanatismos ideológicos y otras causas similares?, ¿debe la humanidad, ante violaciones abiertas y masivas a los derechos fundamentales del hombre, permanecer impávida por el prurito de profesar su absoluto respeto al valor de la soberanía nacional? ¿O acaso debemos reconocer que el valor mismo de la soberanía es indispensable que encuentre también límites, en un marco de estricta justicia, a los excesos de violencia y autoritarismo a los que con frecuencia nos hemos topado aun en los tiempos modernos? A primera vista, la respuesta justiciera pareciera ser que en nuestro mundo globalizado y crecientemente integrado de hoy, resulta importante establecer algunos límites al ejercicio de la soberanía nacional, en particular cuando ésta se ejerce en violación a los derechos fundamentales del hombre. Sin embargo, está también claro que se corren riesgos de que en las condiciones prevalecientes sean exclusivamente las grandes potencias las que ejerzan el control sobre las soberanías nacionales de los países periféricos, y aún de que actúen también en función de intereses ajenos a los que externamente se declaren. Por ello, entre otros motivos, resulta vital impulsar una mayor democratización de la ONU, de manera que las decisiones que se tomen en su seno respondan con mayor fidelidad a los intereses de la comunidad internacional en su conjunto y no, prioritariamente, a los de sus miembros más poderosos. Lo que quizás no convendría ignorar es que la figura jurídico política de la soberanía surgió estrechamente ligada con la aparición de los estados nacionales en Europa, y se dio durante un proceso de evolución intensiva, donde el mundo feudal se desmoronaba y los señores feudales cedían parte sustancial de su poder para abrir paso al predominio de una autoridad central mayor, generalmente representada por la figura de un monarca poderoso que aglutinaba diversos feudos en los gérmenes de lo que hoy constituye el Estado nacional moderno, que fue también el primero en clamar su condición de entidad soberana. En este sentido, no podemos olvidar que el Estado nacional mismo, como toda institución humana tiene un origen histórico y que, una vez terminado su ciclo, experimentará igualmente un final localizable en la misma historia. Seguramente, nuestra generación no vivirá el final del Estado nación, pero es evidente que estamos experimentando una evolución radical de la organización político económica de las sociedades en el nivel mundial. Es patente que el mundo hoy, recibe el impacto transformador de una acelerada y profunda evolución de las ciencias, de la tecnología, las comunicaciones, la economía y de muchas otras manifestaciones de la cultura humana, de manera que así como el espacio feudal se convirtió hace siglos en un ámbito demasiado reducido para el despliegue de las fuerzas productivas de entonces, hoy los espacios nacionales están también quedándose cortos para contener el impresionante despliegue de las nuevas fuerzas productivas, las cuales tienden naturalmente a rebasar todas las declinantes fronteras nacionales. Por todos los ángulos experimentamos esa expansión de los nuevos alcances de la humanidad, al mismo tiempo que sentimos que el mundo se reduce y vivimos cada vez en más inmediato contacto con lo que eran lugares remotos en la Tierra. Los cambios de organización económico social de esa naturaleza, exigen nuevas modificaciones en la organización política. El ámbito de la autoridad política nacional empieza a verse rebasado y reclama una mayor coordinación con otras autoridades, de manera que se irán fortaleciendo y multiplicando los poderes con alcance internacional. No conviene marchar en contra de la corriente de la historia, sino lo más deseable será adaptarse y remar junto con ella. Hasta ahora el principio de la soberanía ha sido un valioso baluarte de defensa de las naciones, especialmente contra las injerencias de los más fuertes sobre los más débiles. Ha sido muchas veces la única arma de defensa, para ir en contra de la arbitraria injerencia de los más fuertes. Pero hoy presenciamos y participamos en un acelerado crecimiento de las instancias internacionales, que se cimentan en principios de equidad. En la búsqueda de un bienestar para nuestras sociedades, se han construido y se siguen edificando múltiples alianzas internacionales como la Unión Europea o, como otros muchos procesos de regionalización que se han traducido en tratados de libre intercambio comercial o en otras figuras de integración más avanzadas. Aún cuando no se exprese explícitamente, es claro que tales procesos de integración conllevan algunas fórmulas de transferencias parciales o concesiones vinculadas con las soberanías nacionales. En muchos casos ha habido fuertes resistencias para otorgar tales concesiones, pero finalmente las fuerzas dominantes de la transformación del mundo se han ido abriendo paso inexorablemente. En nuestros tiempos, con frecuencia se ven rebasadas las jurisdicciones de los estados nacionales, y surge de manera natural la necesidad de crear o acudir a instancias internacionales para buscar soluciones viables y justas a los problemas o divergencias que se enfrentan entre diversos Estados. Un ejemplo de este cada vez más recurrente fenómeno lo encontramos en el cercano caso de la unilateral certificación por el combate contra las drogas. Aquí podemos constatar con claridad cómo sería más justo establecer un organismo de integración multinacional, con participación equitativa tanto para los países consumidores, como para los productores y los de tránsito de la droga, de manera que las evaluaciones, y aun las sanciones fueran emitidas por un órgano derivado del consenso de todos los estados involucrados, que formulara sus dictámenes al amparo de normas equitativas acordadas por todas las naciones de alguna manera afectadas por el flagelo del narcotráfico y del consumo de drogas. Sin embargo, nos queda claro que no será posible ceder en cuanto al principio de la soberanía nacional, en tanto no se reformen radicalmente las actuales instancias internacionales de resolución o se creen nuevas, bajo principios de participación igualitaria por parte de cada uno de los Estados de la comunidad mundial, en tanto no se democraticen las instancias superiores de solución de controversias. En ese sentido, la reivindicación del valor de la soberanía nacional y la abierta oposición al derecho de injerencia tienen una amplia justificación. *Abogada y diputada federal priísta por Baja California. Secretaria del Comité de Biblioteca e Informática y miembro de las comisiones de Relaciones Exteriores, Equidad y Género; Defensa Nacional y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
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