SAMUEL PALMA CÉSAR* La República de Uruguay reúne condiciones que le otorgan una gran peculiaridad política; entre ellas pueden destacarse: su sistema electoral de doble voto simultáneo, la antigüedad de su institución encargada de la regulación de los comicios, la estabilidad de un sistema bipartidista que data del siglo pasado y que a partir de la década de los 70 evolucionó con la incorporación del Frente Amplio hasta constituir, recientemente, un sistema de tres partidos. La diversidad de aspectos peculiares, tal vez haga que la mejor manera de referir las condiciones propias de la política uruguaya sea intentar responder a la pregunta de cómo hicieron posible la derrota del plebiscito que la dictadura les presentó en 1980. Esa formulación es importante en virtud de las limitaciones que enfrentaron para promover el voto para oponerse a los deseos de los militares. Como se recordará en condiciones muy similares, los chilenos en ese mismo año de 1980 aprobaron la propuesta del gobierno de Pinochet, respecto de la Constitución que el mismo general golpista había preparado. Así la pregunta debe intentar responder a las razones que llevaron a que no obstante circunstancias semejantes, la conclusión fuera diferente en el caso de Uruguay. Parece ser que una de las claves se encuentra en que los militares uruguayos nunca gozaron de popularidad y aceptación social, y en que el repudio político a su gobierno encontró el acuerdo de todas las fuerzas políticas; pero la respuesta también se encuentra en la confiabilidad de la institución electoral uruguaya. En efecto, la Corte Electoral de Uruguay fue instaurada en la primera mitad del siglo y rápidamente ganó respeto y confiabilidad en su tarea, de modo que en Uruguay prácticamente no se conocieron conflictos a propósito de los comicios. La Corte ha sido la encargada de la organización, realización y juicio de las votaciones para la renovación del gobierno y de la representación nacional en el Congreso. Sus facultades llegan a determinar que son la instancia definitiva para la resolución de quejas e inconformidades que formulen los partidos. La referencia es importante porque el plebiscito uruguayo de 1980 fue organizado por la Corte Electoral, lo que generó una situación de confianza respecto de la legalidad del proceso, así como en que se aseguraría el secreto de los sufragios. En ese ambiente, los uruguayos realizaron una campaña silenciosa por el "no" a la constitución que les era sometida a votación. Ahí tomaron una decisión que los puso en un camino diferente al de los entuertos que la Constitución de Pinochet les dejó a los chilenos, y que no les ha permitido terminar su transición. A diferencia de ellos, los uruguayos ganaron el "no", con lo que la dictadura quedó distante de la pretendida legalidad a la que aspiraba. Un nuevo proceso de elecciones en 1982, donde se elegiría a la directiva de cada partido, mostró el rechazo de la ciudadanía a los militares, lo que llevó a la recuperación democrática de 1985, con el primer gobierno de Sanguineti. Para el período 1990-95 llegaría La calle al gobierno, con lo que se culminaba un ciclo de alternancia entre colorados y blancos, desde que en 1984 se retomaron las elecciones. Más adelante, de nueva cuenta ganaría Sanguineti la presidencia, realizando así su segundo período de gobierno con el partido colorado. Los comicios del domingo 28 de noviembre anterior pusieron en competencia las candidaturas de Jorge Batlle por la coalición del Partido Colorado y el Partido Blanco, y la de Tabaré Vázquez por el Encuentro Progresista- Frente Amplio. Así, se pusieron en marcha las reformas constitucionales que se habían aprobado en el plebiscito de 1996, entre cuyas modificaciones más importantes se encuentra la regulación sobre las primarias de los partidos para postular candidato a la Presidencia de la República, así como el llamado ballotage o segunda vuelta electoral, a realizarse en el supuesto de que ninguno de los candidatos inscritos por los partidos alcanzara más de la mitad de la votación total. Las nuevas disposiciones pusieron en práctica tres fases para los comicios presidenciales: el primero efectuado el 25 de abril pasado, fecha en la que se celebraron las elecciones primarias de los partidos para postular a sus respectivos candidatos; es de destacarse que tales procesos se realizaron el mismo día y en forma simultánea por todos los partidos, siendo organizados, regulados y controlados por la Corte Electoral. La segunda parte se efectuó el 31 de octubre, día en que los electores asistieron a las urnas para sufragar por el candidato a la Presidencia de la República. Por último, y una vez que ninguno de los que compitieron por la Presidencia alcanzó la mitad más uno de los votos, el 28 de noviembre se desarrolló la segunda vuelta que dio como ganador a Jorge Batlle, quien asumirá su cargo en marzo del año 2000. A pesar de la derrota que la izquierda tuvo con Tabaré, sus avances son considerables ya que se constituyeron como la primera fuerza política en el Congreso uruguayo, quedando pendiente el resultado de las elecciones que tendrán lugar en el primer semestre del año que entra, para elegir intendentes de los departamentos, lo que es equivalente a nuestros gobernadores de las entidades federativas. La discusión uruguaya borda ahora sobre la polémica respecto de la pertinencia de los cambios constitucionales que se llevaron a plebiscito en 1996, y que, entre otras cosas, instauraron la segunda vuelta electoral para las elecciones presidenciales, por primera vez en la historia del país. Dicen que en política no existen "los hubiera", pero en el supuesto de la inexistencia de la segunda vuelta, la presidencia la ocuparía próximamente Tabaré Vázquez, ya que obtuvo la mayor cantidad de votos en las primarias del 31 de octubre. Por otra parte, no deja de ser paradójico que los rivales que se disputaron el poder en más de un siglo de bipartidismo (los colorados y los blancos), se hayan aliado y que así se termine el siglo con un Batlle en el poder, siendo que inició con otro Batlle en la Presidencia, que fue antecesor del actual ganador de las elecciones, y que por quinta vez compitió por el cargo, siendo derrotado en las cuatro precedentes. Uno de los temas de reflexión que nos dejan los uruguayos, tiene que ver con la regulación de las llamadas primarias de los partidos, aspecto que se encuentra en las materias futuras del debate sobre eventuales reformas electorales. Los uruguayos resolvieron regular los procesos partidistas para la postulación de los candidatos presidenciales, al grado de resolver a través de la Corte Electoral, los casos de controversia e inconformidad. Son muchas las aristas desde las cuales sería posible enfocar el tema, por lo pronto quedan grandes interrogantes sobre el futuro del sistema de partidos, una vez que una de las grandes fuerzas políticas tradicionales, los blancos, ya no pudieron participar directamente en la segunda vuelta electoral, teniendo que hacerlo asociados con los colorados. Las elecciones departamentales de abril del año que entra despejarán muchas de las incógnitas.
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