CARLOS ARRIOLA WOOG* La decisión de seleccionar al candidato a la presidencia de la República, mediante un proceso electoral abierto a la ciudadanía, ratificó la naturaleza y vocación democrática del PRI. A lo largo de setenta años, el partido creado por los hombres de la Revolución Mexicana y los gobiernos emanados de él, promovieron sucesivas reformas constitucionales, no sólo para ampliar los cauces de la participación, sino para ayudar a los partidos y asociaciones que representaban intereses y posiciones diferentes a los suyos. La democracia no sólo se construye desde el Estado. La experiencia mexicana en el siglo XIX mostró las resistencias de la sociedad colonial para adoptar la política moderna y abandonar "los usos y costumbres." De ahí que los gobiernos liberales y después los priístas hayan prestado especial atención a crear en la sociedad las condiciones propicias para el surgimiento de ciudadanos y organizaciones que los representaran. El esfuerzo gigantesco realizado en materia educativa ha sido la mayor palanca del cambio. El artículo tercero, desde 1857, se propuso, además de alfabetizar e instruir, crear ciudadanos modernos, individuos libres, que asumieran su destino, ya que en la Colonia, el hombre formaba parte de un grupo y sus posibilidades de realización, fuera de él, eran reducidas en extremo, por lo cual en el siglo XIX los ciudadanos eran "imaginarios" como se titula el excelente libro de Fernando Escalante. De ahí también que a pesar de contar con un marco jurídico liberal, y a pesar de que los procesos electorales no se hayan suprimido, ni siquiera durante el porfiriato, la democracia no haya conocido avances sustanciales. La democracia no es inherente al hombre ni a la sociedad. Los griegos la inventaron, los romanos la abandonaron y los europeos la sepultaron durante varios siglos. En el resto del mundo ni siquiera se conoció. La democracia es una construcción del espíritu, por lo cual no es irreversible pero si perfeccionable, ni es el fin de la sociedad; es tan sólo un mecanismo, entre otros, para designar a las autoridades. Los procedimientos democráticos tampoco garantizan la elección del mejor hombre, ni la del más capaz. No hay que olvidar que Hitler llegó al poder por la vía electoral. La democracia directa pudo existir en las pequeñas ciudades griegas y actualmente se práctica aún en perdidas comunidades de los cantones suizos. En las sociedades modernas requiere de representantes, pero la elección de estos, en sus inicios, estuvo restringida a los que se consideraba capaces: los que pagaban impuestos o sabían leer. Este preámbulo tiene como objeto insistir en que cada país tiene las instituciones políticas no que se merece, como reza el proverbio, sino las que le ha sido factible construir. Esta tarea, edificar instituciones que abran la participación de los ciudadanos en la designación de sus autoridades, ha sido resultado, en todas las épocas y países, de luchas por el poder, de fuerzas económicas y de movimientos sociales. Todo ello parece obvio, y lo es. Sin embargo, en México se niega, que el partido que ha sabido conducir al país a lo largo de un tormentoso siglo que suprimió la democracia en buena parte del mundo y conoció innumerables dictaduras y golpes de Estado, sea democrático a pesar de que haya asegurado el consenso, la paz y el desarrollo económico, sin recurrir a la represión y sin haber suprimido las elecciones. La expresión más común de esta negativa es que vivimos una "transición democrática" y el pasado inmediato se equipara, sin ningún fundamento empírico y sin ningún escrúpulo intelectual, con el de los antiguos países socialistas de Europa, con la dictadura de Franco o la de Pinochet. Los sesenta años de existencia del PAN, las sucesivas y cada vez más generosas reformas electores, los triunfos de la oposición en municipios, gubernaturas y en la Cámara de Diputados atestiguan "la evolución política del pueblo mexicano", como acertadamente calificó Don Justo Sierra la historia de México en el siglo pasado y que se aplica con mayor razón al que termina. Esta evolución fue posible, de un lado, debido a la existencia de un marco jurídico que confirmó la naturaleza democrática del Estado mexicano, así como a la voluntad de los gobiernos priístas de cumplir los ordenamientos legales. Del otro, a la consolidación de la cultura política moderna y al desarrollo económico que permitió el surgimiento de nuevos actores sociales que quieren participar y disputar al PRI la conducción del país. Cabe preguntarse si en los años en que el PRI fue calificado de hegemónico y calumniado como totalitario, existían actores sociales y organizaciones políticas que contaran con el apoyo de la mayoría. Aun hoy, en octubre de 1999, todas las encuestas que preguntan al entrevistado, por cual partido votaría, dan el triunfo al PRI con un holgado margen. (Ver Reforma del 30 VIII-99 y El Universal del 4-X-99) La
comisión de irregularidades, como fueron el robo de urnas
y otras prácticas irregulares de antaño, pertenecen
al folklor de una sociedad tradicional, rural, mal comunicada
y poco desarrollada. Las prácticas irregulares de hoy
no son privativas del PRI. Los gobiernos panistas y perredistas
han incurrido en ellas, incluso cuando se trata de elecciones
internas. Sin embargo ni las prácticas de ayer, ni las
de hoy, invalidan la tesis de "la evolución política
del pueblo mexicano." En el marco de esta evolución se inscribe la decisión de recurrir a elecciones internas (aunque participen no priístas) para la designación del candidato del PRI. Cada partido tiene el derecho de implantar el método que convengan y acepten sus miembros para elegir al candidato que los representará, sin excluir su designación por una o varias personas. Cuando los miembros de un partido aceptan el procedimiento establecido, el que sea, este no tiene nada de antidemocrático. Cuando es impugnado, el problema es otro y puede optarse por modificarlo para preservar la unidad, para seleccionar al más popular o para lo que se desee. Ampliar la participación siempre ha implicado riesgos y abre la puerta a errores, inequidades e incluso injusticias. La lucha por el poder nunca ha sido un fair play ni los jugadores hermanas de la caridad. El PRI decidió modificar tardíamente las reglas del juego para seleccionar a su candidato a la presidencia en el año 2000, lo que ha dado lugar a improvisaciones, errores e, incluso, injusticias. Sin embargo, estas no invalidan la importancia de un proceso que contribuirá a elevar el nivel de la competencia política en México. Los "foristas" que abandonaron el PAN por abandono de los principios y falta de democracia (léase fueron hechos a un lado) han caído en el olvido y los que abandonaron el PRI, en particular Muñoz Ledo, han comprobado la vigencia de la ley de hierro de la oligarquías. La experiencia que el PRI recoja del actual proceso para seleccionar al candidato a la presidencia de la República, y la obtenida en otras elecciones locales, permitirá la elaboración de reglas claras para que próximamente los miembros del PRI escojan, sin sobresaltos, a sus candidatos. Así los aspirantes a puestos de elección popular conocerán, con antelación, las reglas del juego y sabrán a qué atenerse. Las instancias directivas del partido, a su vez, podrán guardar mayor imparcialidad, pero no hay que esperar que con ello desaparezca el conflicto. Este es inevitable cuando el juego se deja al mercado ya que siempre existen "prácticas desleales" y "subsidios disfrazados," como en el comercio internacional. La competencia democrática es tan sólo un medio para dirimir, lo más civilizadamente posible, la lucha por el poder. No hay que ceder al chantaje que ejerce la oposición que proclama que la tarea más urgente es la democratización del país y, para muchos de ellos, lo anterior supone que el PRI les regale el poder. Menos a la de los autodesignados líderes de la sociedad civil, los mal llamados notable y los que se pretenden ciudadanos por encima de toda sospecha, que no representan a nadie. Estos también buscan una parcela de poder pero sin someterse al veredicto de los militantes de un partido, menos al de los electores. México vive la democracia y esta supone el gobierno de la mayoría, no la búsqueda incesante y desgastador del consenso para todo. El PRI, como partido mayoritario, tiene por delante tareas más urgentes y mayores responsabilidades. Vamos a ganar la presidencia y tenemos que recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados por el bien de México.
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