Uno de los más graves problemas en las sociedades es que se vayan dando confrontaciones que acaban por escindirlas, y que imposibilitan que la energía social se canalice positivamente para enfrentar las carencias que a todos afectan y emprender acciones que generan mejores condiciones para quienes las integran. Varios de los debates en los que ha estado enfrascada la élite mexicana son de esa naturaleza y el deterioro que han provocado y pueden acrecentar, amerita una reconsideración.

Uno de ellos es el relativo al papel de los gobernadores en la nueva realidad política, y a la consecuente y simplista conclusión de que para evitar los excesos de los gobernadores —sean supuestos o reales— es necesario reavivar el centralismo y la excesiva intromisión del Presidente en los estados. Es tan rudimentaria la equivocada interpretación, que se asimila la figura “gobernador”, con la figura “entidad federativa”, y se llega al exceso retórico de decir que a los gobernadores se les da mucho dinero, cuando los recursos que se envían, se entregan a las entidades federativas, a los estados, que son una jurisdicción política con territorio, población y personalidad jurídica propia, representada por un poder público, cuyo titular es un gobernador y, para ser más precisa, los recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas, a través de los gobernadores, no son “propiedad” de la Federación, sino que en un amplio porcentaje son recaudados en los propios estados, remitidos a las autoridades federales para que los redistribuyan con criterios de equidad y visión republicana.

De allí que sea tan grave la confusión discursiva que pretende culpar a los gobernadores de todos los males y, en un revanchismo infantil, retrasar y complicar la entrega de las participaciones federales —que no son de la Federación sino de la nación— perjudicando más que a los gobiernos estatales, a las personas que viven en ellos. La Federación, en ese sentido, es un concepto abstracto.

Las insistentes recriminaciones entre órdenes de gobierno coadyuvan a enrarecer, aún más, un entorno que, de la confrontación reiterada en tantos temas, puede pasar a la escisión, lo que sería muy grave para el país.

Los problemas son más profundos y requieren un análisis desde diversas aristas, sin verlos superficialmente, ni sólo de la perspectiva de la supuesta e innecesaria disputa entre espacios de poder de gobiernos estatales, gobierno federal, y filiaciones partidistas de funcionarios estatales y federales.

Los excesos impunes en cualquier orden de gobierno, federal, estatal o municipal, en un país con una tradición de ejecutivos fuertes, tienen que ver con la subordinación de los otros poderes, Legislativo y Judicial; con la omisión silenciosa de algunos protagonistas, independientemente de su origen partidista; con la ausencia de una ciudadanía enérgica e informada, que exija, en todos los niveles del gobierno, respeto pleno a sus derechos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos. La solución no se da sólo con instrumentos normativos y medidas restrictivas, en un afán fiscalizador saludable y necesario (que no llegue al extremo de paralizar la operación institucional), por encima de ello, el país requiere de evolución democrática generalizada, basada en una ética pública indispensable, que se proyecte en todos los rangos, niveles y espacios donde actúa la denominada “sociedad política”. Desde luego, mucho menos es solución una regresión centralista y un permanente jaloneo entre distintos órdenes de gobierno, que acaban por debilitar y desprestigiar al poder público en general. Lo institucional y demócrata, es que la Federación cumpla con sus obligaciones con estados y municipios, y que haya una coordinación y espíritu de colaboración entre los tres órdenes de gobierno. Ello, en un marco de honradez de todos los involucrados.

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Presidenta nacional del PRI

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