El Partido Revolucionario Institucional es una fuerza política nacional con presencia en todo el territorio de la república.
Nuestro origen surge de los grandes valores sociales de la Revolución Mexicana. Reconocemos nuestras raíces en la consolidación de la República Liberal, Laica y Federalista, en la lucha por la soberanía nacional y la independencia de México.
El destino de nuestro partido como opción política preferente en un México diverso y plural está determinado por su capacidad para continuar empatando con puntualidad histórica sus fortalezas con los más nobles anhelos de la sociedad mexicana.
Los valores de nuestro origen son irrenunciables porque siguen siendo aspiraciones de millones de mexicanos en un país todavía escindido por la modernidad y el atraso; por el desfase entre las condiciones del bienestar y pobreza que cancelan el legítimo derecho de cada ciudadano, por ocupar un lugar de dignidad en la Nación.
Somos un partido que en los dos últimos tercios del siglo XX mexicano recobró lo mejor de la tradición política del país para favorecer la unidad nacional, la salud de la República, el Federalismo, el sistema de partidos, el Estado Social, la democracia representativa y la paz como primera condición de todos los quehaceres de una sociedad organizada. Impulsamos instituciones ejemplares en el mundo entero, y hemos defendido con idéntica responsabilidad derechos sociales básicos y garantías para la inversión y el crecimiento económico.
Hemos probado ser un partido con vocación por una democracia en la que puedan seguir superándose los rezagos, exclusiones y agravios que todavía lastiman a millones de compatriotas.
Somos un partido que congruente con su tradición internacionalista ha promovido la participación del país en el proceso de globalización, enfrentando los riesgos y las ventajas de la libertad de mercado, pero siempre denunciando su evidente falta de compromiso frente al destino de la humanidad más empobrecida y procurando el fortalecimiento del multilateralismo para la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos.
Amparados en aspiraciones éticas y en la lucha por la igualdad, que proviene de tener todos las mismas libertades y oportunidades esenciales; el crecimiento con equidad social y sustentabilidad, como la política capaz de distribuir democráticamente los beneficios del progreso, declaramos ser un partido responsable y preparado para atender las demandas de la nueva sociedad mexicana y convertirlas en políticas de gobierno.
Nuestros ideales corresponden a las demandas de la inmensa mayoría de los mexicanos. Buscamos a través del ejercicio de la libertad, la democracia, la justicia social y la tolerancia, el México incluyente en que cada mexicano pueda reconocerse como parte de la Nación, tanto por origen y memoria, como también por el acceso a las oportunidades que hacen la diferencia entre la postergación sin esperanza y el derecho primordial a un destino humano con plenitud.
En esta aspiración por lograr con mayor eficacia un México compartido en las oportunidades de vida digna, de educación de calidad, promotora de cultura y de capacidades de ingreso y de bienestar; y en el reconocimiento pleno de un país pluriétnico y pluricultural en el que la igualdad primordial sea la condición de todos como ciudadanos libres, establecemos la siguiente:

Somos el partido que ha impulsado la construcción del México moderno. Nos reconocemos en los principios que guiaron a la Independencia de México, a la Reforma y a la Revolución Mexicana, mismos que definieron a la Constitución de 1917 como fuentes de nuestro nacionalismo. A lo largo de nuestra historia, hemos sabido identificar las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo y hemos construido las instituciones que han encauzado el desarrollo económico y social de la Nación, dándole estabilidad política y paz institucional. De cara a los desafíos del siglo XXI, ratificamos nuestros principios fundamentales, actualizamos nuestra agenda partidista y renovamos el compromiso de seguir abanderando las mejores causas de México.
Partido
1. Somos un partido político nacional de carácter federal, integrado por mujeres y hombres libres, que conformamos una alianza de ciudadanos, de organizaciones y de los sectores agrario, obrero y popular, pilares fundamentales de nuestra vida política que reflejan la heterogeneidad de la sociedad mexicana. Su carácter federal radica en la fuerza integradora de estados y municipios.
2. Somos un partido político que se inscribe en el régimen democrático de la República. Comprometido con la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las leyes e instituciones que de ella emanan. Asumimos con responsabilidad la plena congruencia entre nuestros documentos básicos y la práctica política partidaria como un ejercicio ético fundamental.
3. Somos un partido político que ni depende ni acepta subordinación alguna a ningún partido político extranjero. No aceptamos apoyo económico, político o propagandístico que provenga de extranjeros, de ministros de culto, de asociaciones u organizaciones religiosas e iglesias, así como de cualquier otro origen cuya procedencia proscriban las leyes correspondientes. Somos un partido comprometido con la voluntad del pueblo como principio y sustento de la organización política de la sociedad en el Estado, que asume la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.
4. Somos un partido político socialmente responsable, comprometido con las causas ciudadanas y con la fortaleza institucional de México. La diversidad social que nos integra se opone a quienes practican la confrontación y la división y se pronuncia por un ejercicio gubernamental ejemplar de gobiernos que cumplan sus compromisos de cara a la sociedad. Estamos inconformes con una realidad injusta e insatisfechos con las políticas públicas ineficaces, en cualquier ámbito donde se apliquen. Por eso, es que nos pronunciamos por tomar parte activa en las transformaciones que requiere nuestro país.
5. Somos el partido que lucha por la democracia entendida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo, que alienta el pleno respeto a los derechos humanos y promueve la cooperación y la convivencia pacífica entre las naciones como entre los individuos.
6. Somos el partido que se pronuncia por establecer un compromiso urgente, integral y participativo en favor de la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible, que para ser tal, requiere la articulación del modelo económico con las políticas sociales.
7. Somos el partido que, orgulloso de los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, promueve la modernización de México con democracia y justicia social. Por eso nos inscribimos en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos.
8. Somos un partido político hermanado con la expresión mundial de todas las fuerzas políticas comprometidas con la democracia y la justicia social. Consideramos que otra forma de mundialización es posible. Compartimos los principios de la Internacional Socialista y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), de las cuales somos miembros de pleno derecho.
Estado
9. Nos pronunciamos por un Estado Social de Derecho, basado en un orden constitucional eficaz y moderno, defensor de las libertades, que garantice la seguridad y la certeza legal en los derechos y patrimonio de las personas y que erradique la corrupción y la impunidad, promoviendo el acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita, en todos los ámbitos de la sociedad.
10. Nos pronunciamos por un Estado laico para el siglo XXI, que sostenga la imparcialidad de las instituciones y garantice la salvaguarda del ámbito particular de los individuos frente a cualquier intromisión de corporación, credo o dogma y reconozca a plenitud el ejercicio de su libre albedrío.
11. Estamos a favor de un Estado que propicie la democracia integral, y que por tanto, asegure la participación ciudadana en la toma de decisiones de la vida pública, para avanzar permanentemente en el pleno cumplimiento de los derechos sociales.
12. Tenemos la convicción de que es necesario un Estado que respete la división de poderes y que propicie la colaboración entre los mismos, así como la participación responsable y comprometida de todas las fuerzas políticas en la construcción de mayorías estables que garanticen la gobernabilidad democrática.
13. Queremos un Estado que garantice el pacto federal a través del fortalecimiento de las entidades federativas y el municipio libre. Que resuelva las desigualdades regionales del país, para acceder a un desarrollo equitativo, justo y compartido.
14. Demandamos un Estado fuerte y eficaz, que sin menoscabo de la libertad económica, aliente la economía social de mercado, que garantice el fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los apoyos indispensables al desarrollo agropecuario y asegure la cohesión social. Que resuelva la soberanía y la seguridad alimentarias de los mexicanos. Que incentive y promueva un empleo digno con salario remunerador y el respeto irrestricto a los derechos laborales y de organización de los trabajadores.
15. Exigimos un Estado comprometido con el combate a la pobreza, que ofende la dignidad humana, debilita el tejido social y frena el desarrollo del país. Queremos un Estado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° constitucional, refrende a la educación pública de calidad con suficiente cobertura en todos sus niveles, como el medio más importante para contrarrestar la desigualdad social. Resaltamos también la trascendencia de la capacitación y la investigación en ciencia y tecnología.
16. Demandamos un Estado que promueva la intervención de la autoridad pública para mejorar los equilibrios sociales y regionales. Un Estado que permanentemente impulse reformas sociales en favor de los que menos tienen.
17. Nos pronunciamos por un Estado que reconozca el mandato de las mayorías pero al mismo tiempo sea incluyente y respetuoso de las minorías.
18. Defendemos la propiedad originaria de la Nación sobre las tierras, aguas y espacio aéreo, comprendidos dentro de los límites del territorio nacional, tanto continental como marítimo. La preservación de las cuencas hidrológicas del país, la sostenibilidad del medio ambiente y la protección de los recursos naturales y el desarrollo de fuentes alternas de energía renovable.
19. Ratificamos el dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre los hidrocarburos y los demás recursos naturales del subsuelo.
20. Exigimos un Estado que ejerza a plenitud la soberanía, como principio rector fundamental en las relaciones de México con el mundo y como la capacidad de nuestra Nación para influir en la toma de decisiones del entorno global, para hacer prevalecer y proteger los intereses de los mexicanos.
21. Exigimos que la actuación del Estado, erradique cualquier forma de discriminación, se someta al imperio de la Ley y al respeto irrestricto de los derechos humanos. Reclamamos la eficacia jurídica en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Sociedad
22. Estamos comprometidos con la construcción de una ciudadanía integral: política, económica y social, como base del desarrollo de la sociedad en la democracia.
23. Queremos una ciudadanía sustentada en la equidad económica. Nos pronunciamos por una sociedad con justicia social, como un sistema de vida generador de igualdad de oportunidades, para que todos los mexicanos accedan al bienestar pleno y al ejercicio de sus capacidades en favor de un desarrollo sostenible y compartido.
24. Estamos a favor de una ciudadanía fundada en valores de tolerancia y fraternidad que se reconozca en su riqueza pluriétnica y pluricultural, y que exija la aplicación de reglas y políticas públicas que impidan que las diferencias de raza, género, preferencia sexual, edad, cultura, religión, condición de discapacidad, origen o condición económica, política y social, se traduzcan en desigualdad, injusticia o motivo de discriminación. Que reconozca y apoye el esfuerzo, la experiencia y las virtudes de nuestros adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables, con acciones afirmativas. Nos pronunciamos por una sociedad que respete, proteja y defienda los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
25. Nos pronunciamos por una sociedad en donde la equidad de género sea una realidad que contribuya al establecimiento de una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y las mujeres.
26. Queremos una sociedad que encuentre en la juventud el propósito de sus más grandes esfuerzos. Para nuestro partido la juventud es una condición de renovación generacional, por ello asumimos el compromiso de ampliar oportunidades para su desarrollo en todos los órdenes de la vida nacional.
27. Requerimos una ciudadanía sustentada en la libertad, la justicia y el derecho a decidir el rumbo de la Nación a través de una efectiva democracia representativa; de la participación social en la toma de decisiones, del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa popular, de la transparencia, de la rendición de cuentas y del acceso a la información pública.
28. Reconocemos la libertad de conciencia de los individuos, la libertad de asociación y la libertad de expresión como valores fundamentales de la convivencia social.
Entorno mundial
29. Asumimos un renovado nacionalismo que concibe a nuestra soberanía como el fundamento estratégico para influir en el proceso de globalización y para orientar la política exterior de México.
30. El PRI reivindica la tradición de una política internacional de principios y postula reiteradamente su compromiso de apoyar la paz, de abogar por la solución pacífica de las controversias y de exigir que se mantenga un diálogo soberano y digno con todas las naciones del mundo.
31. Los priístas nos pronunciamos por reforzar el papel de los organismos multilaterales, para evitar la preeminencia de las políticas unilaterales, que basadas en la fuerza y no en el derecho, dañan los principios de paz y cooperación que deben prevalecer en la comunidad internacional. México debe asumir una participación comprometida en la discusión de las políticas internacionales.
32. Nos pronunciamos por la activa defensa de los derechos humanos y laborales de los migrantes y en la superación de los modelos de desarrollo Norte–Sur que, en su desigualdad, estimulan los procesos migratorios.
33. El proceso de mundialización al que aspiramos ha de estar fundado en un nuevo diálogo político de irrestricto respeto a la cultura de cada nación, nuevos criterios frente a la migración y una nueva voluntad global para transformar el conocimiento y las tecnologías en patrimonio común de todos los pueblos y de todos los hombres, lo mismo que el compromiso conjunto para cuidar la integridad del entorno ecológico que sustenta la vida en el planeta.

I. EL PRI: GRAN TRANSFORMADOR DE MÉXICO
1. El texto y el espíritu de nuestra Constitución Política definen los objetivos de nuestro Partido, en los que se establece que la soberanía política reside en el pueblo y que la soberanía territorial y sus recursos naturales pertenecen originariamente a la Nación. De nuestro pasado de gestas históricas hemos sacado las lecciones que explican nuestro proyecto de Nación. En estos fundamentos se sustenta la ideología de nuestro Partido establecida en la Declaración de Principios y de ahí parte el Programa de Acción.
2. Sin perder la profundidad histórica de nuestros principios, entendemos que las condiciones de la vida de México y el mundo han cambiado. Lo que no debemos ni podemos perder es el impulso y la decisión por encabezar las grandes causas nacionales, sobre todo, el de la justicia social pendiente.
3. El Programa de Acción del PRI debe expresar los fundamentos de la nueva sociedad a la que aspiramos, en los términos de nuestra Declaración de Principios. De ahí entendemos las grandes urgencias nacionales como son el fortalecimiento al federalismo, el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el combate a la corrupción y la impunidad; la competitividad generadora de empleos y riqueza, las reivindicaciones laborales, las de los grupos vulnerables; los derechos de las mujeres y los jóvenes; los de los pueblos campesinos e indígenas y de los migrantes nacionales y en el exterior; entre otros.
4. Característica fundamental del PRI ha sido procurar la solución de los grandes problemas nacionales a través de la formación de instituciones y de la consolidación de políticas públicas con profundo contenido social y clara vocación democrática. Así lo planteamos ahora en este Programa de Acción, sólo que en el entendimiento de las nuevas condiciones regionales, nacionales e internacionales.
5. Después de la alternancia en el poder del año 2000, el PRI como Partido en la oposición en el Ejecutivo Federal, ha comprometido su participación para ser una opción real de gobierno. Desde esta posición, ha participado como la fuerza política que más contribuye en la definición y construcción del México que todos anhelamos. Hemos desempeñado un papel decisivo en reformas que, difícil como ha sido, coadyuvarán a hacer viable el futuro del país.
6. Nuestro Partido ha venido sosteniendo la necesidad de hacer corresponder la gran transformación registrada por el sistema político en el tránsito para consolidar un régimen democrático, con un sistema plural y competitivo de partidos, respecto de las necesidades que se presentan ahora en materia de gobernabilidad; es decir: expresar la transformación que ha ocurrido en el sistema político con la adecuación necesaria del régimen político.
7. Es así que el Partido promueve consistentemente la reforma del Estado y del régimen político; con esa perspectiva se han logrado avances parciales; sin embargo, se requieren nuevas reformas en las que el Partido se compromete a través de su Programa de Acción, afirmándolo como un verdadero instrumento o guía fundamental de ejercicio de la política para los priístas.
8. En temas cruciales para el país como el de la crisis alimentaria, el energético y el laboral, la reforma hacendaria, la de competitividad, los procesos electorales, la educación, la salud, la laicidad del Estado y la libertad de culto, el federalismo, la seguridad pública, la protección del medio ambiente y los efectos del cambio climático, entre otros, estamos empeñados en un proceso de defensa de principios, siempre con propuestas constructivas, que permitan a nuestro país contemplar un futuro más promisorio en estos temas vitales para la vida de las siguientes generaciones de mexicanos.
9. Nos afirmamos en nuestra Declaración de Principios, fundamento ideológico del Partido, frente a lo que se percibe del actual gobierno: confusión en el rumbo; improvisación en la toma de decisiones; ineficacia en la operación de los programas y en el ejercicio presupuestal; prejuicios gubernamentales en su relación con los actores sociales y productivos; desinformación y debilidad en nuestras negociaciones con los países poderosos y pérdida de liderazgo en nuestras relaciones internacionales.
10. No pretendemos utopías, presentamos un Programa de Acción apegado a la ideología de nuestro partido, que asume las grandes luchas de nuestra sociedad, ajustado a nuestra realidad interna para transformarla y mantenerla atenta a la realidad externa.
11. En un contexto de crisis de las otras fuerzas políticas con alta representación, el PRI responde con una sólida cohesión interna que privilegia la vocación del diálogo, la tolerancia y la construcción de acuerdos.
12. Frente a la confrontación que postulan unos como parte de una posición rígida y dentro de un extremismo que busca erosionar a las instituciones, y ante la actitud de los otros que oscila entre el rescate del conservadurismo del siglo antepasado, la ruptura de nuestro laicismo como principio de convivencia pacífica entre creencias e ideas distintas, la vulneración de la rectoría del Estado y la reducción del proyecto social a políticas asistenciales y clientelares, el PRI responde con definiciones sólidas a favor de la democracia, la pluralidad, la justicia social, el Estado laico y la política de los acuerdos que se sustenta en principios, pero que asume posiciones abiertas y con clara disposición al debate.
13. La posición del PRI es a favor de la política, del Estado democrático como expresión más alta de la civilización para ordenar nuestra convivencia en un marco de diversidad, libertades y respeto; por eso mismo a favor de la sociedad, de sus iniciativas y de su capacidad de transformación. El PRI defiende ideas e instituciones, por eso asume el diálogo como el mejor instrumento de la vida pública.
14. El PRI constituye una fuerza política e histórica, cuya identidad la conforma la lucha perseverante y siempre inacabada a favor de la democracia y de la justicia social.
15. Sí queremos reconquistar el poder de la República, desde la oposición que por ahora somos, tenemos que emprender una defensa constructiva que actualice los principios y las instituciones que creamos en su momento.
16. Nuestro Programa de Acción contiene el conjunto de propuestas de nuestros militantes y dirigentes de su vasta estructura territorial, a través de nuestros sectores Agrario, Obrero y Popular; de las organizaciones nacionales de Mujeres y Jóvenes y del Movimiento Territorial; de sus organismos especializados, la Fundación Colosio, el ICADEP y la Unidad Revolucionaria, de Gobernadores, Legisladores Federales y Estatales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.
17. Esta es una visión de futuro, pero también es el cimiento fundamental para construir la Plataforma Electoral del Partido 2009-2012, la cual será una guía esencial para las campañas de nuestros candidatos a puestos de representación popular, tanto en el Congreso de la Unión, como a los gobiernos de las entidades federativas, a los Congresos de los estados, a las presidencias municipales y a sus respectivos cabildos, que correspondan el próximo año.
18. El PRI fue el gran impulsor del México del Siglo XX; ahora, estamos comprometidos con la construcción del Partido que el País requiere para que siga siendo la fuerza que genere la paz social necesaria para hacer frente a los desafíos del Siglo XXI.
II. POR UN NUEVO ORDEN POLÍTICO: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, SEGURIDAD Y JUSTICIA
19. El PRI ha desempeñado un papel fundamental en la transformación política de nuestro país, ampliando los canales de participación de la sociedad, tanto en el ámbito electoral, como en la defensa de los derechos humanos y el impulso de una mayor intervención de distintos actores sociales en el desarrollo nacional.
20. Este es el activo más valioso que hemos logrado construir a lo largo de nuestras luchas históricas; es nuestro sistema político abierto a la participación de todos, flexible y perfectible, pero responsable de conducir el desarrollo con libertad, justicia para la sociedad e independencia y soberanía para la Nación.
Reforma del Estado: un nuevo sistema para una realidad distinta
21. Nuestro régimen político muestra signos de agotamiento ante una sociedad que ha emergido de un pluralismo vigoroso, que exige límites al ejercicio unilateral del poder, así como un mayor peso y eficacia de la representación nacional en la formación de las decisiones públicas.
22. Estamos convencidos de que es el tiempo del diálogo, de acuerdos y consensos para construir un nuevo balance entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que dote a nuestro régimen político de nuevas capacidades para integrar adecuadamente la representación y articule decisiones políticas que sirvan a los mexicanos; por ello el PRI se compromete a:
23. Construir canales de negociación y acuerdos avanzaremos en atender las mejores causas de los mexicanos; entonces tendremos la posibilidad de hacer realidad un cambio democrático, con rumbo y con visión política, acorde a los anhelos y aspiraciones de la gente en el México del Siglo XXI.
24. Adecuar el régimen del Estado y del gobierno a las circunstancias de un presente y futuro democrático y plural, con equilibrios y contrapesos efectivos entre los poderes de la Unión, para generar legitimidad, eficacia y gobernabilidad en la conducción de los asuntos públicos.
25. Concebir a la reforma del Estado como el resultado de un proceso plural para rediseñar la organización y funcionalidad del Estado, con una amplia participación ciudadana y de los actores políticos sustantivos, de naturaleza propositivo y deliberativo, y con el alcance de los acuerdos que resulten del diálogo, el contraste de ideas y el máximo consenso posible a establecer por los actores políticos participantes.
Federalismo: redistribución de responsabilidades y recursos
26. Consideramos impostergable el fortalecimiento del federalismo, que reasigne las competencias para redistribuir el poder en el ámbito territorial, que funja como instrumento eficaz de organización gubernamental, equilibrio e identidad nacional. El sistema federal mexicano deberá ser cooperativo, gradual, diferenciado y participativo, por lo que estamos llamados a actualizar nuestro marco jurídico, institucional y competencial. Es necesario romper la inercia histórica de que a pesar de tener un sistema federalista ha imperado un modelo político excesivamente centralizado.
27. Reformarlo es fortalecerlo para un buen gobierno, pero también para una mejor sociedad, ante este hecho, el PRI se compromete a:
28. Construir un eficaz federalismo hacendario para impulsar el desarrollo estatal, regional y municipal, y reforzaremos las bases del Estado federal a través de la revisión de competencias y la redistribución de responsabilidades y facultades de recaudación de recursos entre Federación, entidades federativas y municipios. El PRI creará una base de datos de buenas prácticas de gestión pública de sus gobiernos, para difundir e intercambiar las experiencias innovadoras y creativas, así como la evaluación del trabajo, lo cual servirá de base para el desarrollo de programas viables según las circunstancias regionales.
29. Impulsar que se reconozca la capacidad de los estados, el Distrito Federal y los municipios para tomar decisiones por sí mismos, sin que ello signifique el debilitamiento del pacto federal. Apoyamos una visión integral que devuelva a las entidades las facultades y potestades en materia de combate a la pobreza y la distribución equitativa de recursos para la educación, los servicios de salud y el cuidado y preservación de nuestras aguas, ríos, lagos y medio ambiente, impulsando el marco jurídico apropiado para alcanzar estos propósitos, tomando en consideración su producción, aportación y explotación de recursos naturales para el desarrollo del país.
30. Construir propuestas que permitan incrementar la participación de las entidades federativas y del Congreso en la planeación del desarrollo nacional a través de mayor incidencia en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y su aprobación por el Congreso o de alguna de sus Cámaras.
31. Respecto del Distrito Federal, es importante reconocer la confluencia de tres vertientes fundamentales sobre las cuales se ha planteado el debate que pretende definir su rumbo: la que reconoce el profundo significado que tiene el Distrito Federal para la República; por otra parte, la que desde hace aproximadamente tres décadas plantea su homologación con las entidades federativas y, finalmente, aquella que plantea soluciones urgentes a los problemas derivados de la conurbación.
32. El reto del PRI es hacer converger dichas vertientes. En razón de lo anterior, nos comprometemos a impulsar las reformas necesarias que garanticen y preserven la naturaleza del Distrito Federal como sede de los Poderes, reafirmando la necesidad de asegurar su adecuado funcionamiento en armonía con las características que lo distinguen.
Reforma electoral: democracia, transparencia y equidad
33. Una de las materias que mejor refleja la vocación del PRI por llevar a las instituciones tanto en su proceso de creación como de adecuación y las mejores respuestas para resolver los problemas del país, es la electoral.
34. Las reformas electorales significaron expresar la determinación de la sociedad y la voluntad del PRI para caminar hacia la consolidación de un regímen democrático con un sistema de partidos plural, competitivo y con alternancia.
35. Sin embargo, los comicios del 2006 significaron una aguda crisis de nuestras instituciones y de la legislación electoral. El desempeño cuestionado del órgano electoral, la actuación irresponsable del Poder Ejecutivo, la intervención contraria a la moral política de actores ajenos a la contienda, la cercanía en los resultados obtenidos por los dos principales partidos en la elección presidencial y el desempeño del órgano electoral, así como las impugnaciones interpuestas ante el Tribunal Electoral, pusieron de manifiesto la urgente necesidad de adecuar el marco normativo en la materia.
36. Tal situación ya había sido identificada por el PRI, pues en su Programa de Acción de la XIX Asamblea Nacional señaló la necesidad que el acceso de los partidos políticos a los medios electrónicos para propaganda fuese gratuito; de igual forma mencionó la necesidad de regular las precampañas, sus costos, su financiamiento, el tiempo de su duración y la restricción de la publicidad gubernamental en periodos electorales, entre otros aspectos.
37. De acuerdo con tal acervo y definiciones, no fue casual que el PRI jugara una posición destacada en la reforma electoral de noviembre de 2007, ya que ésta se encaminó básicamente por los senderos que ya había marcado nuestro Partido.
38. Al haberse concretado las reformas a la Constitución Política y a una parte de las leyes reglamentarias en materia electoral, el Partido se compromete a:
39. Impulsar las modificaciones a otros ordenamientos todavía pendientes de ser discutidos y aprobados, que permitan complementar el conjunto de estas disposiciones jurídicas, como destacadamente es el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión para que se puedan hacer efectivas las sanciones que el IFE determine por el incumplimiento de las nuevas disposiciones electorales; de igual forma son de mencionar la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre las más relevantes.
40. Vigilar para que la reforma electoral aprobada se aplique en todo su alcance y profundidad.
41. Normar, a través de las modificaciones respectivas a la legislación electoral, que en la postulación de candidatos a puestos de elección popular se evite registrar a aspirantes que en los 12 meses previos al propio registro, tengan reconocimiento público de militancia en un partido diferente al que lo postula.
Equilibrio de poderes: respeto mutuo y corresponsabilidad
42. El sistema presidencialista mexicano como lo conocimos durante varias décadas, se encuentra agotado, y el día de hoy muestra dificultades para cumplir sus funciones, enfrentando cotidianamente el dilema de cómo generar condiciones de cooperación con el Congreso, lo que genera dificultades adicionales al desarrollo del país. Por ello, el PRI se compromete a:
43. Plantear un nuevo equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, a efecto de propiciar sanas prácticas de relación política, control constitucional, transparencia y rendición de cuentas, y la interacción entre los poderes, sin que ninguno de ellos decaiga en las responsabilidades constitucionales que le son atribuidas.
44. Actualizar y ajustar el marco de atribuciones de la Presidencia para que ésta pueda funcionar en una realidad política determinada por una gran pluralidad en el Congreso.
45. El PRI respeta las leyes y el Estado de Derecho, pero se requiere una relación más estrecha con el Poder Judicial para que nuestros legisladores puedan crear leyes más justas en beneficio de la sociedad y vigilar en todo momento la aplicación de la justicia con honestidad y transparencia.
Fortalecimiento del Poder Legislativo y del control político
46. Una de las responsabilidades principales de los parlamentos en el mundo consiste en ejercer a plenitud la función de control administrativo, económico y político del gobierno. De hecho, los parlamentos fueron consolidándose a través de la función de aprobar y fiscalizar tanto los recursos y las finanzas de las monarquías, como en su tarea de asesorar y proponer leyes para el gobierno. Al respecto el PRI propone:
47. Promover una reforma al Poder Legislativo, fortaleciendo, intensificando e introduciendo criterios de transparencia a su capacidad de decisión. Se revisará la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para el establecimiento de un sistema de comisiones fuerte y diseñando incentivos para la formación de coaliciones legislativas perdurables que trasciendan la coyuntura electoral y antepongan los intereses de la Nación a los particulares, sin que ello signifique claudicación o renuncia a los principios partidistas.
48. Impulsar una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de extender la duración de los periodos ordinarios de sesiones; regular lo concerniente a la probable existencia de conflictos de interés de sus integrantes, revisar el número de legisladores en cada una de las Cámaras, así como la aprobación del Código de Ética de los Legisladores, entre otros aspectos, con el propósito de fortalecer el Poder Legislativo. De la misma manera nos comprometemos a promover que los congresos locales avancen en concordancia con dicha propuesta.
49. Introducir nuevas reformas a efecto de actualizar el marco normativo que permita dotar al Congreso de los instrumentos de control más adecuados sobre el gobierno y la administración pública.
50. Promover, ampliar y mejorar, desde el Congreso, esquemas de rendición de cuentas a través del fortalecimiento de la Auditoria Superior de la Federación, con el fin de garantizar mayores alcances en la vigilancia del uso que se le da a los recursos públicos.
51. Reformar el Artículo 79 de la Constitución a efecto de fortalecer y actualizar al órgano superior de fiscalización, ya que en los últimos años han sido objeto de controversia constitucional algunas de sus actuaciones, por lo que surge la necesidad de dotarlo de mayor flexibilidad e insertarlo en la ruta que siguen otros países. Se propone que la Auditoria Superior de la Federación pueda realizar, como órgano técnico especializado dependiente de la Cámara de Diputados, auditorías preventivas y de desempeño, que permitan efectuar revisiones al gobierno sobre el ejercicio del presupuesto.
Participación de la sociedad
52. La democracia participativa debe asegurar la incorporación de los ciudadanos a las decisiones de gobierno. Sin una democracia participativa y un gobierno responsable y abierto, el Estado mexicano ve debilitada su capacidad para responder con efectividad a la sociedad y por ende, no tendrá la solidez ni la integración suficiente de todos sus elementos para cohesionar a la sociedad y la política plural.
53. La democracia participativa consiste en facilitar a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos, asegurando su influencia en las decisiones gubernamentales y en el Poder Legislativo. El PRI reconoce que la sociedad tiene nuevas formas de expresión y organización a las que debe corresponder con apertura, identidad y auténtico compromiso social. En este sentido, en el PRI nos comprometemos a:
54. Promover las reformas constitucionales que permitan la participación ciudadana en los asuntos públicos a través de los mecanismos del referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana y plebiscito.
55. Promover la participación ciudadana a través de un pacto con la sociedad civil organizada, las agrupaciones políticas locales y nacionales, comités vecinales, consejos de participación ciudadana y representantes de colonias, barrios y unidades habitacionales.
56. Consolidar, desde nuestras responsabilidades de gobierno y legislativas, una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y del acceso a la información. Seremos promotores de un Gobierno sin corrupción, sujeto a la rendición de cuentas, el control popular de la administración pública a través del fortalecimiento de las funciones del Poder Legislativo en esa materia y de la contraloría social, y buscaremos eliminar toda discrecionalidad en la reserva de información por las autoridades frente a la sociedad.
57. Exigir que la gestión pública de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado se oriente a resultados tangibles, y nos manifestamos por el manejo sin opacidad de los recursos públicos.
58. Pugnar por la creación de contralorías ciudadanas que le den seguimiento permanente al desempeño de los funcionarios y servidores públicos.
Seguridad pública: Tarea ineludible e inaplazable del Estado
59. La seguridad pública es un tema de primer orden para nuestra sociedad, por tanto, el Estado tiene la función fundamental de garantizar la seguridad de los integrantes de la misma, la de las familias y su patrimonio.
60. La seguridad pública debe ser una política de Estado, pero también una política popular, sustentada en un gran consenso nacional. Por ello, el PRI se compromete a:
61. Señalar que los problemas de seguridad no se resolverán con planteamientos inmediatistas o golpes espectaculares. Se requiere de una visión de largo plazo que trascienda los cambios de gobierno; una concepción integral acorde con la Constitución, la modernización y la continuidad de las acciones, basadas en esfuerzos institucionales y ciudadanos.
62. La recuperación de la seguridad pública implica mejorar las normas, órganos y mecanismos que den cauce a la coordinación de todas las instancias competentes en la materia, a fin de consolidar estrategias nacionales con la participación de los tres órdenes de gobierno y, en su caso, en colaboración con organismos internacionales con apego a la Constitución.
Procuración e impartición de justicia: una reforma integral
63. Nuestro país está viviendo una realidad diferente; el incremento de la violencia e inseguridad ha alcanzado índices alarmantes, por lo que requerimos soluciones también diferentes hasta las ahora emprendidas, con objeto de garantizarle a los ciudadanos seguridad, así como una impartición de justicia pronta y expedita. Por ello, el PRI se compromete a:
64. Involucrar a los sectores sociales en el proceso de procuración e impartición de justicia, en especial en la orientación y aplicación de las políticas, así como en reforzar los consejos ciudadanos y la defensoría de oficio. Particular importancia deberá darse al garantizar servidores bilingües en la defensa en los procesos penales que involucren a integrantes de los pueblos y comunidades indígenas.
65. Impulsar la autonomía del Ministerio Público con el fin de dotarlo de ámbitos de competencia más favorables en la consecución de sus objetivos, sin que ello signifique el debilitamiento del Estado.
66. Velar por la gradual y correcta instrumentación de los juicios orales, lo cual implica que la profesionalización de los funcionarios públicos sea de forma estricta y apegada a los principios de selección y capacitación, el apego irrestricto a la legalidad para erradicar viejas prácticas que fomenten la arbitrariedad, corrupción e impunidad, así como establecer las bases para el Sistema Acusatorio previsto en la Ley Fundamental, derivado de la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal.
67. Revisar diferentes ordenamientos en lo relativo a la regulación del cambio de régimen laboral para policías, agentes del Ministerio Público y peritos.
68. Impulsar medidas legislativas a partir del siguiente ejercicio presupuestal, con la finalidad de que la Cámara de Diputados destine los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal, con una visión multianual, pues si bien se señalan ocho años como máximo para la implantación del sistema acusatorio, hay disposiciones específicas que obligan a un plazo diferente para su aplicación.
69. Impulsar reformas a la Constitución para fortalecer el juicio de amparo como medio de defensa y control constitucional; consolidarlo como instrumento de protección de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales; así como eliminar tecnicismos y formalismos excesivos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección.
70. Diseñar nuevos mecanismos de control constitucional, a fin de modernizar la justicia constitucional en México y garantizar su eficacia. En consecuencia, resulta prioritario hacer una redistribución de competencias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales y juzgados federales, con el objeto de que el máximo tribunal deje de conocer cuestiones de legalidad y se concentre en el control de la constitucionalidad, para así consolidarlo como tribunal constitucional.
71. En suma, estamos decididos a llevar a cabo las acciones pertinentes, a efecto de perfeccionar el marco legal e institucional que establezca un sistema de justicia eficiente, moderno, ágil y transparente, que responda a las necesidades actuales de la sociedad en su conjunto, otorgándole certeza y seguridad jurídica plenas.
III. POR UN NUEVO ORDEN SOCIAL: COMPROMISO CON LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES
Igualdad social
72. El mayor reto que tenemos los mexicanos como Nación es abatir la pobreza y la desigualdad que obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos sociales establecidos en la Constitución, e impide a millones de personas acceder a los beneficios del desarrollo.
73. En el PRI ratificamos nuestro indeclinable compromiso en la defensa de las conquistas sociales. No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia, retroceder en los derechos constitucionales en materia de educación, salud, trabajo, campo, equidad de género y justicia para los indígenas, pero tampoco podemos quedarnos conformes con lo que hemos logrado y mantenernos inmóviles.
74. Debemos de continuar luchando para que los beneficios de la seguridad social incluyan a toda la población, con el fin de que México sea un país más sano, y que nuestros adultos mayores tengan pensiones justas, un retiro digno y que cada familia mexicana cuente con un mínimo de seguridad social.
75. Tenemos la convicción de que para avanzar en la disminución efectiva de las desigualdades sólo podremos lograrlo con un desarrollo económico distributivo más acelerado y perdurable, que genere empleos formales mejor remunerados para que los trabajadores y sus familias puedan mejorar sus condiciones de vida; por ello, en el PRI nuestro compromiso está en:
76. Impulsar un nuevo orden social que incida en las causas reales de la desigualdad; que establezca una relación virtuosa entre la política económica y la política social; que cambie el sentido de las políticas públicas que son ahora simples mecanismos compensatorios que profundizan las diferencias entre las personas y las regiones; y que transforme los programas sociales para que ofrezcan verdaderas oportunidades de movilidad social y desarrollo.
77. Impulsar la inclusión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los derechos sociales de tercera generación, inherentes a los derechos humanos, e igualdad y disfrute de los mismos para todos los estratos sociales, sin exclusión por cuestiones de género, raza, credo o preferencias sexuales; de los derechos de la vida libre de violencia contra las mujeres; de la protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, su integridad sexual, moral y psicológica, y de los derechos de la gente a un medio ambiente digno, seguro y confiable; de los derechos y causas de los migrantes, así como de la solución a la problemática de los exmigrantes.
78. Revisar la operación de los programas sociales federales, para avanzar en su transparencia, descentralización y acceso universal.
79. Diseñar un nuevo programa de combate a la pobreza que, con una visión integral, estimule el desarrollo personal y colectivo de los beneficiados; propicie una participación social amplia en la que las comunidades sean parte activa de su propio desarrollo; y facilite su acceso a los procesos sociales y a las instituciones gubernamentales, respetando su dignidad y alentando las potencialidades productivas.
Participación comunitaria
80. Impulsar, en los tres órdenes de gobierno la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y control de la política social. Las comunidades tienen el derecho legal y político de decidir su propio destino.
81. Exigir que el gobierno federal cumpla con la Ley General de Desarrollo Social para abrir espacios a una participación social amplia, y que los otros órdenes de gobierno, en especial, los de origen priísta asuman el compromiso de escuchar y trabajar junto con las comunidades y organizaciones sociales, como la mejor vía de transformar su realidad económica y social.
Educación para la igualdad
82. La educación es el factor que determina la capacidad de desarrollo de cualquier sociedad. Por este hecho de vital importancia, su responsabilidad debe recaer en el Estado, en cuanto organización superior de toda sociedad.
83. En este sentido, la política educativa se basa en el mandato del Artículo Tercero constitucional, que es una decisión política fundamental construida por el acuerdo histórico entre los actores del proceso educativo, los alumnos, maestros y padres de familia, el gobierno, las autoridades educativas, los grandes sectores sociales y las comunidades.
84. Entendemos a la educación como un instrumento eficaz de justicia social, de abatimiento de diferencias, y medio para hacer un país más competitivo en lo internacional y justo en lo interno. Por tal motivo, el PRI defenderá sin concesiones los principios constitucionales vigentes en materia de educación, y para alcanzar una educación de calidad el PRI se compromete a:
85. Preservar lo establecido en el Artículo Tercero constitucional, para que la educación siga siendo pública, laica, democrática y gratuita, como medio para terminar con las desigualdades sociales. El eje rector de la educación básica, media superior y superior debe ser la construcción de una nueva ciudadanía, respetuosa de las leyes, los valores cívicos y universales, con conciencia crítica y autocrítica de Nación, de su responsabilidad individual y solidaridad con las causas sociales.
86. Implementar una política de Estado que impulse decididamente la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, como puntales de la modernización, la soberanía y el desarrollo nacional.
87. Promover la incorporación de materias transversales como educación ambiental, educación para la paz, equidad de género, educación sexual, defensa del derecho a la diferencia y en contra de la discriminación de cualquier naturaleza, el racismo y la exclusión a causa de la discapacidad.
88. Proponer que en los planes de estudio se recupere una educación cívica y ética, sustentada en valores y actitudes que promuevan la paz, la libertad, el conocimiento, la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las personas y a la patria. Así como el aumento de horas efectivas de estudio en los planes de la Secretaría de Educación Pública en lo que respecta al nivel de educación básica.
89. Considerar que los planes educativos deben hacer mayor énfasis en la educación física y el deporte desde el nivel preescolar, lo cual permitirá fomentar la interrelación entre la actividad física y la salud, evitando la obesidad infantil.
90. Ampliar la obligatoriedad de la educación hasta la educación media superior.
91. Atender la demanda de educación media superior, tecnológica, superior y postgrado con criterios tanto de satisfacción de los requerimientos de espacios como de calidad, para hacer frente al problema de cobertura, competitividad y pertinencia con los sectores económicos y productivos.
92. Impulsar un renovado sistema educativo rural. Es decir, promover una reforma a fondo de los contenidos y la estructura del sistema educativo del medio rural, para dar a los jóvenes campesinos los instrumentos que necesitan para su desarrollo.
93. Promover la constitución de un fondo destinado a mejorar la infraestructura educativa en el medio rural.
94. Fortalecer los programas de alfabetización y educación básica de adultos para atender el rezago educativo.
95. Promover una sociedad sin desiguales; es decir, que la educación que reciban los estudiantes deba tener la misma calidad tanto en el medio rural como en el urbano.
96. Luchar porque las escuelas públicas no estén sujetas al escenario de incertidumbre financiera, característico de los últimos años, para evitar la distracción en la elaboración e instrumentación de planes de superación institucional de mediano y largo plazos.
97. Pugnar no sólo para que los maestros de México obtengan retribuciones justas y accedan a una mejor calidad de vida, en particular en el medio rural, sino también para su profesionalización y permanente actualización académica y tecnológica, acordes con las necesidades educativas del país, así como para la creación de talleres de formación para el docente que mejoren las condiciones académicas de los profesores.
98. Ampliar la capacidad técnica y de recursos para promover programas dirigidos a la población con algún tipo de discapacidad, en un marco de respeto, incorporación e integración.
99. Diseñar e implementar un nuevo sistema nacional de becas en todos los niveles educativos, creando fondos para que los niños y jóvenes, de la ciudad y del campo, de menores recursos permanezcan en las escuelas, y estimular a quienes hagan un mayor esfuerzo para acceder a una educación de calidad.
100. Destinar el 8 por ciento del PIB al gasto educativo y el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto en educación superior, así como el 1 por ciento del PIB en ciencia y tecnología.
101. Continuar con el proceso de descentralización educativa, para que responda a las necesidades de desarrollo de cada entidad federativa, que permita formar a los profesionistas y técnicos que se requieren hoy para detonar economías competitivas, exportadoras y productivas en cada región.
102. Reforzar al Sistema Nacional de Investigadores y promover que quienes han tenido la oportunidad de acceder a estudios de alto nivel puedan incorporar sus conocimientos y talentos al desarrollo nacional, para que el país sea capaz de producir y utilizar ciencia y tecnología propias, al tiempo de romper la enorme dependencia que tenemos en esta materia con los países más desarrollados.
103. Exigir la permanencia y mejoramiento constante de los libros de texto gratuitos, con apego estricto a los principios que señala el Artículo Tercero constitucional, que fomenten el conocimiento, la libertad, el respeto y la solidaridad entre los mexicanos.
104. Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de desayunos escolares, insistiendo que éstos sean nutritivos y balanceados.
105. Reforzar y ampliar la cobertura de las escuelas de educación especial, educación técnica y programas de capacitación, enfatizando mayores acciones en el medio rural.
106. Evaluar y plantear nuevas formas de colaboración entre la Federación y las entidades federativas, para hacer frente a los retos de una educación nacional de calidad, y revisar a fondo los alcances e implicaciones del proceso de descentralización educativa. Para apoyar la vigilancia y el cumplimiento de los programas de trabajo en el sector educativo, exigiremos se elaboren indicadores de gestión y metas de calidad, de los cuales las autoridades administrativas deberán informar periódicamente a los congresos estatales y federal.
Cultura
107. México es un país con una profunda tradición, un vasto patrimonio cultural y una milenaria y compleja historia que nos dan identidad. Nuestras características culturales constituyen una de las fortalezas más sólidas en el orden mundial y nos colocan en el plano de la cultura universal como uno de los bastiones histórico-culturales más ricos del orbe.
108. En el Partido Revolucionario Institucional consideramos a la cultura como un derecho humano universal inherente a la dignidad de las personas y de los pueblos.
109. Para preservar e impulsar al patrimonio cultural de México, el Partido Revolucionario Institucional se propone:
110. Impulsar que el fomento cultural adquiera el rango de política de Estado en el contexto del fortalecimiento plural y equitativo de nuestro federalismo, que involucre concurrentemente a los tres órdenes de gobierno, con el presupuesto conveniente, y que convoque a la sociedad en su conjunto.
111. Instrumentar una política partidista que fiel a los principios de la izquierda social demócrata, promueva el derecho a la cultura con sentido democrático, incluyente y equitativo, y con pleno reconocimiento –sin discriminación alguna e incluyente de la cultura de la migración- a la muy rica y amplia diversidad que en la era de la mundialización se expresa en el país.
112. Evaluar y promover las políticas públicas y el marco legislativo en la materia, tanto para el ámbito de la creación, la promoción y difusión, como para el de la educación en sus aspectos específicos.
Salud para vivir con calidad
113. La salud es un derecho plasmado en el Artículo Cuarto de la Constitución, que establece “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Es decir, que es un derecho universal. En este sentido, en el PRI nuestro compromiso va encaminado a:
114. Revisar el mecanismo del seguro popular, porque si bien contempla algunas ventajas en su concepción, no es suficiente para atender los problemas de salud pública de los grupos de menores recursos, independientemente de que su operación ha significado un incremento en la demanda del servicio, sin el correspondiente crecimiento de sus recursos humanos, materiales y financieros necesarios.
115. Fortalecer y modernizar las instituciones de seguridad social, como el IMSS, el ISSSTE y los servicios públicos de salud, que permitan conformar un sistema de salud integral. Así como mejorar los servicios que prestan y garantizar el abasto suficiente de medicamentos, el desarrollo de la infraestructura necesaria y el equipamiento hospitalario y de consulta con alta tecnología.
116. Alcanzar el acceso universal a los servicios de salud y superar los contrastes regionales que persisten en cobertura y calidad, pues es responsabilidad fundamental del Estado garantizar la universalidad en el ejercicio de este derecho, así como la equidad en la aplicación de políticas públicas.
117. Promover una mayor asignación de inversión pública federal, estatal y municipal en materia de salud.
118. Impulsar una reforma al sistema de salud, con objeto de hacer posible una reorganización que responda a las nuevas realidades económicas, sociales, demográficas y epidemiológicas de México.
119. Lograr, en conjunto, con nuestros legisladores federales, leyes que garanticen el abasto de medicamentos al sector salud a precios justos.
120. Incorporar al cuadro básico de vacunación la del cáncer cérvico-uterino, y establecer mejores programas para combatir, entre otros padecimientos, la diabetes, el cáncer y el VIH Sida.
121. Alentar el desarrollo de los programas de educación para la salud por su relevancia para el buen éxito de la salud pública y la prevención de las enfermedades.
122. Promover el acceso a los servicios de especialidad y de alta tecnología médicas existentes en México, a favor de los grupos más vulnerables que existen en nuestra sociedad, aplicando criterios de regionalización de la red de hospitales públicos.
123. Revisar la descentralización y operación del sistema nacional de salud, para que los Estados y Municipios asuman su responsabilidad con los ciudadanos y sean ellos quienes promuevan desde sus competencias, la modernización de los servicios de salud.
124. Diseñar un programa de prevención y rehabilitación de adicciones con la participación de los tres niveles de gobierno y de la misma sociedad.
Deporte y recreación
125. El Partido debe fomentar y promover el deporte en todas sus etapas, desde la edad temprana hasta la edad adulta, a fin de buscar la integración familiar, la salud y la convivencia pacífica entre los mexicanos.
126. El deporte es un factor de integración, salud y valores en nuestra sociedad, el impulso y fomento del mismo evita vicios, adicciones y delincuencia. Por ello el PRI se compromete a:
127. Promover leyes que tengan como finalidad el impulso de valores deportivos y la recuperación de talentos que sirvan como base para la difusión de los mismos.
128. Propiciar la capacitación, formación y actualización de los directivos de la asociaciones civiles vinculadas al deporte, a través de cursos y diplomados que desarrollen la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos del campo de la administración hacia la organización deportiva.
129. Propiciar las condiciones de participación para el desarrollo de la formación de educadores deportivos y entrenadores especializados en cada disciplina, por medio del planteamiento curricular de contenidos, habilidades y destrezas para la docencia deportiva.
Desarrollo regional y urbano con equilibrio
130. El impulso al desarrollo regional requiere planes, programas y acciones concertadas, coherentes y complementarias, sustentadas en un marco jurídico renovado y de inversión multianual, que fortalezca el desarrollo regional y nacional, con equidad, atendiendo el bienestar de las familias; al crecimiento económico con empleo e ingreso remunerativo; en convivencia con un medio ambiente sustentable y con atención a disparidades regionales.
131. El desarrollo regional se debe sustentar en el impulso a programas de infraestructura, capacitación, innovación y difusión tecnológica, desarrollo de actividades productivas y consolidación de mecanismos de organización social, con el propósito de ser competitivos en lo global e impulsar el desarrollo local, que tienda a un desarrollo regional más equilibrado, con una visión interestatal y nacional de mediano y largo plazos. Nuestro compromiso es:
132. Desarrollar nuevos instrumentos para la gestión urbana, el ordenamiento de nuestras ciudades y el derecho a la ciudad, que mejoren las condiciones de habitabilidad; que generen oportunidades de tierra y vivienda para todos los grupos de ingreso; pongan en valor nuestro patrimonio; consoliden y mejoren la vivienda, la infraestructura, el equipamiento, los espacios abiertos y los servicios como mecanismos de compensación social; nos prevengan de desastres naturales; preserven el medio ambiente; y sean un marco eficaz de vida y bienestar.
133. Revisar y fortalecer nuestro marco jurídico en el ámbito nacional y, restablecer en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, una comisión a cargo del desarrollo urbano, para fortalecer la concurrencia y coordinación; establecer leyes reglamentarias; así como fomentar la coordinación y congruencia en las leyes locales; y fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento urbano; al dotar a los municipios de instrumentos que permitan atender a la problemática urbana con capacidad y transparencia.
134. Implementar nuevos instrumentos jurídicos, financieros y administrativos en las áreas metropolitanas, que reconozcan el fenómeno y establezcan una nueva ley reglamentaria; que defina instrumentos de coordinación, planeación, inversión, financiamiento, gestión, fomento y participación social; que responda a principios de obligatoriedad y permanencia de las instituciones.
Vivienda digna: espacio para la familia
135. El derecho a una vivienda digna es una garantía constitucional. Por tal motivo, deben establecerse sistemas que apoyen la producción social y atiendan a toda la población, en particular a la de escasos recursos en los ámbitos rural y urbano, con programas de vivienda nueva y mejoramiento de viviendas existentes, que mejoren las condiciones de habitabilidad y den cumplimiento a este derecho, reconociendo su prioridad. En este sentido, en el PRI estamos a favor de:
136. Vincular los programas habitacionales con el desarrollo urbano; que oriente el crecimiento ordenado y sustentable que haga ciudad, aliente la convivencia y acerque el empleo y los servicios; evitando el modelo de crecimiento especulativo, disperso, costoso y desarticulado.
137. Promover el uso de tecnologías que impulsen la mano de obra intensiva y fomenten el empleo, así como la utilización de insumos locales, con diseños que respondan a la cultura, costumbres y tradiciones al respetar el entorno natural y cultural.
138. Pugnar para que los gobiernos federal y estatal promuevan acciones de vivienda nueva, mejoramiento, vivienda rural y reservas territoriales accesibles para todos los mexicanos, en particular para los grupos más desprotegidos, con sistemas de financiamiento justos. Las reservas territoriales pueden constituirse mediante el desarrollo de asociaciones con ejidos, para el aprovechamiento de tierras rurales conurbadas.
Justicia para los campesinos, pescadores y productores sociales
139. En el PRI entendemos el desarrollo del campo con base en el empleo, la implementación de proyectos productivos y con el mejoramiento de la calidad de vida de los productores; con acceso a educación y servicios de salud; con viviendas dignas; y con el respeto a sus derechos laborales.
140. La mayor desigualdad entre los mexicanos se concentra en las zonas rurales, en particular las áridas y serranas, y en algunos grupos de productores de economía precaria. Por tal motivo, a través de nuestras organizaciones campesinas exigiremos en materia de bienestar social equidad entre el campo y la ciudad, y lucharemos para que la política social tenga una orientación que favorezca su desarrollo. Asimismo, pugnaremos por:
141. Impulsar la ganadería del sector social con un enfoque integral de cadenas productivas, asegurando la participación de los productores rurales.
142. Promover el fortalecimiento de las empresas sociales ejidales y de minifundistas para que se compacten áreas temporaleras, y éstas puedan adoptar agricultura y ganadería por contrato, instalen invernaderos y contribuyan a la construcción de obras de infraestructura básica para el bienestar social.
143. Impulsar la justicia y modernización administrativa de las instituciones agrarias, con la agilización y facilitación de sus trámites.
144. Recuperar la cultura de la producción y de la economía familiar campesina.
145. Impulsar políticas públicas en el caso de los pescadores y otros productores sociales relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y extractivas, así como de los habitantes de las zonas áridas y serranas del país, para que sus proyectos, de impacto económico y social, en el ámbito regional encuentren una respuesta efectiva.
146. Pugnar porque el Estado apoye con todo vigor la producción nacional agropecuaria.
147. Desarrollar una auténtica Política de Estado que promueva el desarrollo del sector pesquero, que promueva la industria pesquera como estrategia de aprovechamiento y presencia nacional en mares y territorios en ultramar.
148. Impulsar políticas públicas relacionadas con el manejo adecuado y racional de la explotación de los recursos pesqueros, el uso de equipos y prácticas de pesca que sólo capturen las especies objetivo, evitándose efectos ecológicos negativos y el perjuicio de otras especies relacionadas con la cadena de alimentos, asegurando que los beneficios lleguen en forma justa a los diferentes grupos sociales, y que los intermediarios no perjudiquen a los pescadores.
149. Alentar reformas legales que conduzcan a expandir las actividades pesqueras, de acuacultura y de maricultura.
150. Poner a disposición de los pescadores los logros sobre la investigación científica y tecnológica que sobre cultivos y artes de pesca se hayan alcanzado.
151. Apoyar presupuestalmente a las escuelas técnicas pesqueras e instituciones de educación superior sobre este ramo.
152. Exigir la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de jornaleros agrícolas e impulsar el acceso de los trabajadores del campo y de sus familias a la seguridad social y a los programas sociales, así como un trato digno en sus centros laborales.
Soberanía alimentaria
153. La soberanía agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, y es requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. Ante esta situación, el PRI se compromete a:
154. Apoyar con todo vigor a los productores agropecuarios de nuestra nación para garantizar la soberanía alimentaria. El PRI defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas.
155. Establecer una política económica y social coordinada, que permita fortalecer la seguridad alimentaria en el país y que impulse la producción agropecuaria nacional, a la vez que disminuya la dependencia alimentaria actual de algunos granos básicos como el arroz, trigo, sorgo, cebada, maíz y frijol, entre otros.
156. Apoyar políticas de Estado en materia de soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional.
157. Elevar a rango constitucional el derecho de toda la población a la seguridad alimentaria, y que ésta sea reconocida como un tema de seguridad nacional.
158. Replantear el Acuerdo Nacional para el Campo en el marco de la soberanía alimentaria.
159. Impulsar la modernización del marco jurídico para dar seguridad y certeza jurídica a los productores de alimentos, mediante la creación de un Sistema de Planeación del Sector Agroalimentario, que involucre a todos los niveles de gobierno y que promueva la integración de las cadenas productivas de alimentos.
160. Exigir el reconocimiento del carácter multifuncional del sector agroalimentario con un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo.
Desarrollo de pueblos y comunidades indígenas
161. La Nación está comprometida con los pueblos y comunidades indígenas para lograr su derecho pleno a la libre determinación y autonomía, desde su forma de organización política y social, hasta su participación en la explotación de sus recursos naturales y en los programas de desarrollo que ponen en práctica en sus comunidades los tres órdenes de gobierno.
162. Por tanto, el PRI considera que se deben profundizar las acciones para que puedan ejercer a plenitud sus derechos y para que los gobiernos cumplan con el mandato de apoyar su desarrollo, y así recuperen su capacidad de decisión y se construya una nueva relación social; por lo que proponemos:
163. Que en todas las entidades con población indígena se promueva el ejercicio de su libre autodeterminación, autonomía y derecho al desarrollo.
164. Impulsar en el país un programa especial de desarrollo multisectorial que comprometa los recursos necesarios para que los indicadores que miden la calidad de vida de los indígenas, en promedio, alcancen el mismo nivel en todos los Estados, en salud, educación, alimentación, ingresos y facilidades para la vida comunitaria; es decir, construir políticas públicas que garanticen el verdadero acceso a los satisfactores básicos.
165. Impulsar la educación bilingüe intercultural en los niveles preescolar, primaria y secundaria.
166. Incrementar el presupuesto para apoyar proyectos productivos en las comunidades indígenas, incluirlos en la ruta de la competitividad hasta lograr su consolidación.
167. Exigir que se cumplan las leyes vigentes del Estado mexicano en materia de derechos, preservar sus tradiciones y cultura indígenas.
168. Promover una mayor representación política de los pueblos y comunidades indígenas tanto en los órganos de dirección nacional, estatal y municipal del partido, así como en las candidaturas a cargos de elección popular de mayoría relativa y representación proporcional que presente el PRI en las contiendas federales, estatales y municipales.
169. Pugnar por la defensa, promoción y plena vigencia de los derechos humanos de los indígenas.
170. Crear la Comisión de Asuntos Indígenas en los municipios con población indígena.
171. Impulsar por la organización de la sociedad rural indígena para el cabal aprovechamiento de sus tierras, recursos forestales, turísticos, ganaderos, agrícolas, mineros, pesqueros, etc., así como para lograr la producción de éstas, el fomento, la generación de empleo, el acopio, la comercialización y la transformación mediante un esquema de explotación racional y sustentable de sus recursos naturales, salvaguardando su riqueza alimentaria, brindando asistencia técnica.
172. Erradicar las prácticas discriminatorias, la pobreza y el analfabetismo de los pueblos indígenas para su inclusión en el pleno desarrollo del país.
Equidad e igualdad de género. Los compromisos ineludibles con las mujeres
173. La democracia, la justicia social y el desarrollo, sólo se conciben con la plena participación de las mujeres en las diferentes esferas de lo económico, político y social.
174. Reconocemos que las mujeres en el siglo XXI continúan luchando por la libertad y la paridad entre los géneros, lo que significa el goce y ejercicio pleno de sus derechos; asumimos que no basta con el reconocimiento legal de los mismos, sino que es necesario, que éstos se traduzcan en calidad de vida y ejercicio cotidiano.
175. El PRI se compromete a impulsar, reforzar y defender acciones eficaces con perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, a fin de permitir a las mujeres su plena incorporación a la vida económica, política, social y cultural del país, así como el disfrute de los beneficios que esto conlleve, desde la óptica de la justicia, la igualdad y la paridad de las oportunidades.
176. En el PRI asumimos que la perspectiva de género implica encauzar hacia la acción institucional, la visión explicativa, alternativa y analítica que se tiene de lo que acontece en el orden de los géneros con el objetivo de construir la igualdad de oportunidades y de promover el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios de todo proceso de desarrollo.
177. Reconocemos que los derechos de las mujeres están por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición, o creencia por lo que nos comprometemos a:
178. Promover una adecuada sensibilización y concientización en torno a las relaciones personales de respeto e igualdad entre el conjunto de la población, en la idea de eliminar cualquier forma de discriminación y violencia hacia las mujeres.
179. Incidir en la educación, toda vez que después de la familia, la escuela es el principal agente socializador, por lo que nos comprometemos a impulsar una educación no sexista ni estereotipada.
180. Pugnar por la atención integral de la salud de las mujeres, particularmente en la salud reproductiva, incluyendo la salud laboral, lo cual involucra el ejercicio libre y responsable de la maternidad y el derecho a la información y a la educación sexual.
181. Fomentar la igualdad en el empleo, lo cual implica una legislación no sexista; apoyar la formación y capacitación profesional y fomentar el empleo de manera equitativa. Es claro que para llegar a la independencia económica y a la plena incorporación al mundo laboral, es necesario impulsar acciones afirmativas en el espacio productivo.
182. Impulsar seguridad social para las mujeres, el acceso a la vivienda para madres solteras, colectivos marginados, adultas en plenitud, y mujeres en situación de violencia. Poniendo especial énfasis en la protección social de los sectores más pobres, las desempleadas, las jefas de hogar, las jornaleras, las madre adolescentes, las indígenas y las campesinas.
183. Promover la ampliación y fortalecimiento del espacio sociocultural, la formación, la cultura, el deporte y la preservación del medio ambiente, lo cual implica la participación equitativa en el proceso de elaboración y transformación del conocimiento, y una posición analítica de la educación, la publicidad y los medios de comunicación.
184. Impulsar las modificaciones y adecuaciones en el marco normativo federal y estatal que contengan acciones afirmativas que garanticen la justicia, equidad e igualdad y el acceso pleno de las mujeres en los ámbito político, social, y económico.
185. Garantizar la participación política de las mujeres, estableciendo al interior del Partido acciones afirmativas, así como mantener la paridad de género en congruencia con nuestros valores y principios ideológicos; el apoyo a candidaturas de mujeres; impulsar una agenda sensible al género; instrumentar campañas contra la discriminación; y promover la agenda de los derechos de las mujeres en plataformas electorales de nuestro Partido.
186. Impulsar permanentemente programas de capacitación y desarrollo de y para las mujeres, destinando el recurso económico suficiente para tal efecto.
187. Abanderar permanentemente las causas más sentidas de las mujeres mexicanas, así como el derecho a la alimentación y al trabajo.
188. Vigilar en el ámbito nacional el cumplimiento estricto de los acuerdos y convenciones internacionales signados por nuestro País en materia de género.
189. Reforzar las políticas que promuevan la equidad y, sobre todo, que requieren acciones comprometidas para incorporar plenamente a las mujeres en la vida económica, política y social del país, y lograr así una auténtica igualdad y justicia entre géneros, poniendo énfasis en los estados y regiones donde la discriminación sigue incidiendo en la falta de oportunidades para este grupo prominente de la sociedad mexicana.
190. Luchar para que las mujeres que enfrentan mayores desventajas por su alto grado de vulnerabilidad puedan mejorar sustancialmente su calidad de vida.
191. Pugnar por el establecimiento de estrategias de compensación a las diferencias de género. En particular, legislar para otorgar apoyo económico y en especie para asegurar una adecuada nutrición y atención médica, tanto para la madre como para el producto en los casos de embarazo, y promover la instauración de un programa de salud universal a cargo del Estado para garantizar la atención y prevención de riesgos para la salud en situación de embarazo, así como en las primeras causas de muerte de las mujeres, tales como el cáncer de mama y el cérvico-uterino.
192. Defender el derecho que tienen las mujeres para decidir el número de hijos que deseen tener.
193. Impulsar políticas de prevención y atención del embarazo de adolescentes, así como para quienes padecen algún tipo de discapacidad.
194. Pugnar para que a la mujer adolescente se le permita continuar estudiando dentro de los planteles educativos cuando se encuentre en estado de gestación.
195. Proponer en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de los Estados una partida especial que permita la creación en cada uno de los distritos del país, de agencias del Ministerio Público especializadas en delitos y violencia en contra de la familia y de la mujer.
196. Fomentar una cultura de prevención de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual en las mujeres, evitando así el índice de contagio y mortalidad.
197. Pugnar porque se cumplan las disposiciones previstas en la Ley Federal del Trabajo en materia de no discriminación hacia las mujeres y erradicación del acoso sexual en los centros de trabajo, dando seguimiento puntual para que la Secretaría del Trabajo realice inspecciones en los centros laborales en esta materia, además de realizar campañas de difusión sobre los derechos de las mujeres.
Oportunidades para los jóvenes
198. El PRI reconoce en los jóvenes a la fuerza social y política que hereda lo mejor de nuestras causas y que con ese acervo y su propia aportación e imaginación diseñarán el presente y el futuro. Por eso el PRI ve en ellos al rostro de la nación del siglo XXI.
199. Todas nuestras acciones estarán encaminadas a crear las condiciones políticas, económicas y sociales que favorezcan su integración al desarrollo nacional sin menoscabo por su condición de género, etnia, religión, adscripción política, condición social, discapacidad u opción sexual; o condición migratoria.
200. A lo largo y a lo ancho de México, los jóvenes, como segmento social, se caracterizan por su amplia diversidad y por su pluralidad de pensamiento. Esta riqueza heterogénea es la que el PRI se propone respaldar e impulsar:
201. Para la juventud: políticas cuya acción gire en torno a los jóvenes, los tome como el punto central de referencia, fomenten la cercanía a los mismos, den respuestas reales a sus necesidades sentidas, pongan en contacto a sus diferentes realidades, sean integradoras de su diversidad, les proporcionen no sólo servicios o actividades, sino capacidades y habilidades para construir sus propios itinerarios vitales.
202. Desde la juventud: políticas definidas, implementadas y evaluadas desde una participación real y efectiva de la propia juventud, con metodologías participativas que permitan una constante adaptación de las acciones a su realidad, que promuevan la autogestión de los servicios por parte de los y las jóvenes a través de sus propias asociaciones, que fomenten la creatividad para resolver sus problemáticas y que les dote de poder.
203. Con la juventud: políticas que cuenten con apoyo y medios desde las instituciones, asumiendo un papel corresponsable junto con los jóvenes, que pongan los instrumentos necesarios al servicio de las necesidades sentidas de éstos, que contribuyan a generar confianza intergeneracional, permitiendo incorporar la visión de todos a la construcción social. Con ello nos comprometemos a lograr:
204. Ampliar la cobertura educativa de las instituciones públicas, el fortalecimiento del sistema nacional de becas, en especial, las de inscripción, estudios, movilidad estudiantil, deporte y creatividad cultural, así como la implementación de programas de apoyo a los jóvenes que por ser jefes de familia truncaron sus estudios.
205. La generación de empleos es la responsabilidad más urgente que tiene México y es la oportunidad que los jóvenes requieren para cimentar su participación en el desarrollo. El PRI apoyará que en toda política pública de fomento productivo se apoyen los proyectos productivos y de investigación dirigidos por jóvenes, distribuidos equitativamente entre los estados, se favorezca la integración de empresas y cooperativas juveniles, y se promueva el patrocinio de proyectos de investigación lidereados por jóvenes.
206. Promover consejerías para el acompañamiento y canalización de jóvenes que soliciten ayuda en cualquier tipo de adicción, embarazo temprano, violencia familiar o en sus relaciones de pareja.
207. Fomentar la creación de espacios para reunión y esparcimiento de jóvenes. Exigirá de las autoridades pertinentes las debidas reglamentaciones e inspecciones en los centros de reunión, para el cabal cumplimiento, en materia de sanidad, de higiene y legalidad de alimentos y bebidas y de seguridad.
208. Impulsar que en las ciudades existan redes de transporte público nocturno y para los fines de semana. Se trata de cuidar a la juventud y contribuir a su propia responsabilidad.
209. Desarrollar, para la militancia juvenil, una amplia e incluyente política de formación de cuadros y fomentará la participación de los jóvenes en los espacios de la toma de decisiones del Partido y en los órganos de representación popular de los ámbitos legislativo y municipal.
210. El PRI tendrá mecanismos alternos de comunicación política, que hagan de ésta la herramienta fundamental de interacción en el debate cultural, político y social.
Infancia y adolescencia
211. Para el PRI el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes es un interés de Estado. Por ello:
212. El PRI se pronuncia por hacer valer todos los derechos humanos que contribuyen al libre desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes; por trabajar para proteger su integridad y prevenir los fenómenos que atentan en contra de ella; por combatir las carencias que obstaculizan su acceso a una alimentación nutritiva, a la buena salud, a la educación de calidad, al sano esparcimiento y en suma a la igualdad de oportunidades.
213. El PRI impulsará la legislación adecuada para fortalecer los sistemas de justicia para adolescentes. Combatirá el trabajo infantil y garantizará el derecho de los menores a la recreación y a la educación.
214. El PRI se pronuncia en contra de criminalizar la conducta de la población infantil y adolescente. Impulsará la legislación adecuada y las políticas públicas para combatir con toda decisión y energía los crímenes que atenten en contra de la integridad de la infancia y la adolescencia, además de exigir que se respeten sus derechos establecidos en las leyes e instrumentos internacionales. Y porque se generalice en el país el sistema de procuración e impartición de justicia apropiado a estos sectores de la población.
Derechos de los adultos mayores
215. El PRI reconoce en la población adulta la experiencia de este país. Por eso se propone que sean sujetos de la atención prioritaria en las acciones que promueva el Partido. En este sentido, el compromiso del PRI es:
216. Promover un programa nacional a favor de la tercera edad que conjunte los esfuerzos del gobierno y de la sociedad para responder a sus necesidades de salud, educación, capacitación, empleo, vivienda, transporte, recreación y acceso a la cultura y al deporte.
217. Promover una cultura de respeto a nuestros adultos mayores que garantice sus derechos humanos y ciudadanos, y fomente en las nuevas generaciones una cultura de prevención y planeación que los prepare para la vejez.
218. Luchar por mejorar el sistema de pensiones y jubilaciones, y que en las instituciones públicas de salud y seguridad social sean atendidos con respeto y calidez, otorgándoles la mayor prioridad.
219. Implementar estímulos fiscales a las empresas que contraten a adultos mayores.
220. Promover la creación de centros para la atención a los adultos mayores, con financiamiento público.
221. Promover espacios de participación dentro de las instancias del Partido y políticas públicas que permitan aprovechar todas sus capacidades.
Justicia para las personas con discapacidad
222. Las personas con discapacidad en México representan un amplio sector de la población, que junto con sus familias enfrentan severas condiciones de marginación, discriminación y pobreza. Persiste en sus demandas la exigencia para que las leyes se cumplan y se respeten sus derechos. Por ello el PRI se compromete a:
223. Promover que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconozca los derechos de las personas con discapacidad y con ello garantizar una política de Estado que les otorgue mayores condiciones de igualdad, equidad, inclusión y oportunidad a una vida digna.
224. Exigir el cumplimiento cabal de la Ley General de Personas con Discapacidad, la definición del Programa Nacional de Atención a la Discapacidad y la ampliación del presupuesto federal y estatal en esta materia.
225. Exigir que México cumpla con el compromiso de ratificar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la armonización de la legislación mexicana.
226. Adecuar el marco jurídico, tanto en el ámbito municipal, estatal y federal, que contemple las adecuaciones legislativas que permitan la incorporación de este sector a los aspectos sociales y laborales.
227. Impulsar la creación del Instituto Nacional de Personas con Discapacidad, de programas especiales de empleo y capacitación y programas de apoyo a proyectos productivos, necesidades educativas y de salud.
228. Proponer la reforma integral de las políticas públicas que garanticen su derecho a la salud, rehabilitación, seguridad social, educación, trabajo, vivienda, accesibilidad, comunicaciones, transporte, deporte, arte, cultura y desarrollo social.
229. Apoyar a los organismos sociales de discapacidad y su derecho de participación en toda iniciativa legislativa o gubernamental.
230. Garantizar sus derechos políticos, respetando y abriendo espacios de representación en las estructuras del partido, así como impulsar que personas con discapacidad sean representantes de su sector en los cabildos, Congresos de los estados y el Congreso de la Unión.
Preservación del medio ambiente
231. Constataremos la aplicación de criterios ambientales en la administración pública y las entidades de gobierno, a través de la intervención en el diseño de políticas, herramientas e instrumentos ambientales que garanticen el desarrollo sustentable, así como la identificación de los campos y proyectos que requieren la atención intersecretarial para el mantenimiento, el aseguramiento y la prevención de los recursos y su entorno.
232. Impulsaremos que los proyectos de inversión y desarrollo sean armoniosos con el medio ambiente y las comunidades, en especial para que se establezca y respeten los ordenamientos ecológico territoriales y el aprovechamiento de los recursos sea bajo criterios de sustentabilidad.
233. Los priístas estamos comprometidos en el proyecto de largo plazo del campo y el manejo racional y sustentable de los recursos naturales, de manera particular del agua, el suelo, la flora y la fauna, operado por los núcleos agrarios y los productores rurales.
234. Impulsar la formación de estímulos fiscales para las empresas, industrias, municipios, particulares y productores que efectúen proyectos o inversiones que contribuyan al restablecimiento del patrimonio natural y sus variantes.
235. Alentaremos y propiciaremos ampliar los mecanismos de garantía para que la preservación de los bosques, se estimulen y recompensen, mediante la ampliación de oferta de Bonos de Carbono.
236. Pugnaremos por la ampliación y consolidación de las áreas naturales protegidas como medida para conservar el patrimonio y la diversidad de los recursos y el germoplasma.
Aprovechamiento del patrimonio natural medio ambiente y recursos
237. En el PRI consideramos que, el desarrollo, debe cumplir con tres condiciones: ser sustentable ecológicamente, viable económicamente y que asegure el bienestar y la justicia social de los mexicanos.
238. Nos pronunciamos a favor de políticas públicas que, en coordinación y participación con la sociedad, impulsen y resguarden siempre el patrimonio natural y cultural de la nación.
239. El PRI asume el compromiso de impulsar leyes federales y estatales, políticas públicas y programas de gobierno que orienten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales considerando las recomendaciones y declaraciones de los organismos multilaterales con apego a nuestro marco jurídico; como es el caso de la reglamentación para el reciclaje de desechos como una medida, entre otras, para fortalecer la cultura ecológica.
240. Promoveremos acciones que hagan compatibles la actividad económica con el aprovechamiento sustentable y la preservación de los recursos naturales, agua, bosques, suelos, mares y elementos del patrimonio natural.
241. Impulsaremos a nivel federal, estatal y municipal un nuevo orden en la distribución y uso del agua, manejo de cuencas hídricas, prevención de la contaminación, su reuso y el tratamiento de aguas residuales.
Calentamiento global y cambio climático
242. Impulsaremos medidas para contrarrestar las actividades humanas que influyen en el calentamiento global.
243. Apoyaremos el fortalecimiento de una nueva conciencia y actitud frente al entorno ambiental, apoyando los contenidos de los programas de estudios de educación básica y media superior, para que incorporen criterios ecológicos como medida para contrarrestar el impacto en el calentamiento global y cambio climático.
244. Impulsaremos más apoyos e inversiones destinados a la investigación y el desarrollo tecnológico, vinculados a la generación de conocimientos y de información sobre los factores que influyen en el calentamiento global y las medidas para contrarrestarlo.
245. Apoyaremos la creación de los Atlas de Riesgo en todo el país y el equipamiento de las regiones costeras para proteger a las poblaciones en las áreas más vulnerables ante los meteoros naturales; asimismo promoveremos un fondo de seguro para riesgos de carácter ecológico y los producidos por el cambio climático.
246. Impulsar los proyectos de recuperación, ampliación y mantenimiento de las áreas verdes para aumentar las superficies forestales.
247. Crearemos mecanismos de estimulación que frenen los avances de la deforestación, para mantener, recuperar y consolidar las áreas naturales. Asimismo, impulsaremos el desarrollo rural sustentable a través de más apoyos e incentivos fiscales; apoyaremos la creación de empresas orientadas a la silvicultura y el aprovechamiento industrial de la madera.
IV. POR UN NUEVO ORDEN ECONÓMICO: DESARROLLO PARA UNA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA Y JUSTA DE LA RIQUEZA, LA COMPETITIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS
248. Los priístas creemos que el crecimiento económico está directamente vinculado con la promoción de un desarrollo social justo y equitativo, fruto de una clara articulación de la política económica con la política social para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población.
249. Los equilibrios macroeconómicos son necesarios para impulsar un crecimiento económico dinámico y sostenido en el largo plazo, pero no son suficientes para lograrlo sin sacrificar los objetivos sociales prioritarios, como son atender los rezagos que tiene la población más desprotegida y la generación de empleo. Lograrlo significa contar con políticas que apoyen al mercado interno, aprovechen nuestras ventajas competitivas en el mundo globalizado y, sobre todo, programas sociales claramente definidos y apoyados presupuestalmente.
250. Un diagnóstico claro y objetivo de la economía mexicana que permita identificar las barreras que impiden su crecimiento favorecerá la instrumentación de una agenda integral para el desarrollo económico y la creación de una política económica que contenga políticas específicas para los diferentes sectores.
251. La transformación y el crecimiento requieren cambios en la estructura económica actual. Por tal motivo el PRI se pronuncia por:
252. Frenar el grave deterioro en los niveles de vida de la población, ocasionado por la aplicación de políticas económicas contrarias a las que aconseja la vía de desenvolvimiento histórico que hemos determinado los mexicanos,
253. Promover la reforma democrática de la economía que auspicie el desarrollo acelerado de las fuerzas productivas, respete y enfatice en la vocación de los recursos naturales, promueva el desenvolvimiento de la industria y los servicios, incorpore los avances científicos y técnicos al aparato productivo, abra cauce a una economía cada vez más sustentada en la educación, el conocimiento y la información, asegure mayor integración nacional a la planta productiva y no excluya a ninguna de las formas de propiedad y organización social.
254. En este marco, el PRI se compromete a orientar la acción de nuestros legisladores federales y estatales y de nuestras autoridades locales a la consecución de los siguientes objetivos:
Promover una economía sólida y mejor posicionada dentro de un proceso de globalización más equitativo
255. El mundo de fines del siglo XX y principios del XXI ha sido escenario de una nueva y compleja arquitectura de relaciones económicas internacionales, definida por la formación de redes comerciales y la vinculación de procesos productivos a lo largo del planeta, definida bajo el concepto de “globalización”.
256. Ésta ha servido de marco para definir el modelo económico dominante, que ha profundizado las asimetrías entre países ricos y países pobres, generando la percepción cada vez más generalizada de que las ventajas que representa entrañan también severos riesgos.
257. Un ejemplo contundente de los desequilibrios generados por el modelo global actual es la crisis alimentaria que aqueja al mundo, particularmente a los países de menor ingreso. Los desequilibrios causados por las políticas proteccionistas de los países industrializados, las presiones para la apertura de los mercados agrícolas de manera indiscriminada y la abrupta e irracional alza de los precios del petróleo que presiona por mayor producción de bioenergéticos, han causado que las condiciones de los países más pobres estén al límite y que enfrenten hambrunas y la consecuente inestabilidad social y política.
258. Por otra parte, en todo el mundo amenaza una vez más el fantasma de la inflación generalizada con un bajo crecimiento, resultado de los mismos desequilibrios causados por el modelo imperante. En este escenario, los países más industrializados continúan negando la posibilidad de nuevos acuerdos globales a fin de mantener sus privilegios.
259. En paralelo, el desarrollo de la nueva economía basada en el conocimiento y en la información está generando una brecha, aún mayor, entre las naciones desarrolladas y no desarrolladas, donde estas últimas han quedado prácticamente excluidas de los beneficios de la formación de redes globales de comercio.
260. En este contexto, para nuestro caso y hasta ahora, la realidad muestra que la excesiva apuesta a la liberalización comercial en el escenario global como eje central y columna vertebral del modelo económico, ha fallado en crear las oportunidades para un desarrollo económico digno y justo para la mayoría de nuestros ciudadanos.
261. Es evidente que el modelo de desarrollo económico basado sólo en las exportaciones no ha sido capaz de generar un crecimiento económico sostenido, de largo alcance y de beneficios sociales generalizados, ni de reducir de manera persistente los niveles de pobreza extrema y la injusta distribución de la riqueza en nuestra sociedad.
262. En el PRI nos pronunciamos por aprovechar todas las oportunidades que puede representar la globalización, pero creemos fundamental retomar las políticas públicas que, con igual énfasis, apoyen la formación del mercado interno y a los sectores productivos del País.
263. En tal sentido, consideramos fundamental la revisión de las políticas relacionadas con el comercio exterior, particularmente la política arancelaria, para que tengan objetivos claros de fomento a la competitividad, el apoyo y defensa legal de los sectores productivos nacionales contra conductas comerciales irregulares y triangulaciones comerciales indebidas y la apertura de mercados siempre y cuando se dé con criterios de prioridad a los productores mexicanos.
264. Asimismo, para lograr la definición de un nuevo orden económico e impulsar el crecimiento de nuestra economía, es indispensable que se cuente con una política económica socialmente bien definida, que permita articular las políticas públicas a favor de los diferentes sectores y actividades económicas y que promueva la competitividad.
265. La prioridad de una política económica debe ser recuperar los derechos sociales afectados por las iniquidades de la globalización, haciendo que la riqueza generada por nuestra actividad económica, nacional e internacional, se distribuya equitativamente; el crecimiento del PIB y la diversificación equilibrada de la economía mexicana.
266. También implica una redefinición de nuestros sectores estratégicos y una valoración de las áreas de oportunidad que tiene el país de acuerdo a sus condiciones geográficas; recursos naturales, recursos humanos, infraestructura y estructura productiva, incluyendo la posibilidad de integración y articulación de la industria exportadora.
267. La atención de estos objetivos pasa por reconocer la necesidad de un nuevo rumbo económico, que derive de una evaluación honesta y crítica, tanto de las ventajas como de las desventajas del actual modelo económico y de su
necesaria adaptación a las nuevas condiciones y retos que enfrenta la Nación en el siglo XXI.
La revaloración del papel del Estado en la economía
268. Debemos reconocer y aceptar que nos encontramos en una coyuntura que requiere tomar medidas para reorientar el papel del Estado en el funcionamiento de nuestro modelo de desarrollo.
269. Queremos un Estado con capacidad de regulación, arbitraje y mediación del proceso económico entre los factores de la producción, en beneficio de la mayoría de la población, con capacidad de promover y defender los intereses de nuestros sectores económicos ante los efectos de la competencia económica desleal en el escenario nacional e internacional. En síntesis, un Estado que actúe como el mecanismo de orientación del mercado.
270. En el PRI buscamos hacer frente a los rezagos actuales y a la problemática que se vislumbra hacia el futuro. En ese marco, planteamos como objetivo central que el Estado asuma su responsabilidad constitucional de actuar como rector de la actividad económica; esto es, como impulsor del crecimiento económico que se exprese en un mayor bienestar social del pueblo de México.
271. Entendemos que la capacidad del Estado para responder a las necesidades sociales y orientar el desarrollo pasa necesariamente por contar con los recursos necesarios para hacerlo. En este sentido, los priístas consideramos indispensable contar con una política hacendaria que cumpla verdaderamente con los principios de equidad, proporcionalidad y progresividad que se señalan constitucionalmente, además de que el gasto esté orientado prioritariamente a la atención de las demandas sociales y de generación de infraestructura, en un marco federalista claro y transparente.
272. Los priístas hemos apoyado los procesos que se han iniciado para fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, consideramos que existen todavía fuertes distorsiones en la captación de ingresos y en la orientación de los egresos, que obstaculizan el buen desarrollo del país.
273. Por ello, buscaremos con nuestros legisladores federales, generar propuestas que permitan que la política hacendaria contribuya a la justicia social y a la distribución equitativa de la riqueza nacional, que a su vez fomente la competitividad de nuestra economía y promueva su adecuada inserción en los flujos financieros y económicos mundiales. Enfatizamos que un objetivo primordial de la política hacendaria es revertir el déficit social, promover el crecimiento económico y la generación de empleo.
274. El PRI reconoce la necesidad de continuar perfeccionando la reforma hacendaria en la parte fiscal, para que promueva realmente el crecimiento y el desarrollo y que aumente los recursos públicos con una clara orientación hacia el gasto social y en infraestructura, pero rechaza que esto se logre a costa de mayores gravámenes para los sectores más desprotegidos de la población.
275. Creemos que el gobierno federal se debe comprometer a disminuir sustancialmente el gasto corriente, reducir las percepciones y las prestaciones de los servidores públicos de alto nivel y reorientar el presupuesto a la inversión y a la recuperación de las instituciones públicas, en especial las relacionadas con los programas de atención social y la banca de desarrollo.
276. Buscaremos activamente fortalecer la capacidad de decisión de la Cámara de Diputados en la distribución y ejercicio de los recursos públicos. Promoveremos que se sancione la simulación y el subejercicio del gasto público, bajo cualquier modalidad, y propondremos nuevos métodos de evaluación y rendición de cuentas de la acción pública para combatir la corrupción y favorecer la transparencia.
277. Pugnaremos por una equitativa y transparente distribución de los recursos extraordinarios procedentes de los altos precios del petróleo, canalizándolos prioritariamente a la inversión productiva y al desarrollo de infraestructura.
278. Consideramos fundamental hacer eficiente y transparente el sistema de recaudación fiscal, todavía complejo e injusto en su orientación, puesto que enfatiza a los causantes cautivos. Es indispensable simplificar realmente los trámites tributarios y combatir de manera efectiva la evasión y elusión de pago de impuestos de los grupos de más altos ingresos, así como el contrabando y la corrupción del sistema aduanero en su conjunto.
279. Para el PRI es causa prioritaria promover la seguridad jurídica del contribuyente; la regularización fiscal de quienes operan en la informalidad; la eliminación de impuestos que afecten la capacidad competitiva de nuestras empresas; una lucha frontal contra el contrabando; y generar condiciones estables para los pequeños contribuyentes.
280. Vamos a retomar con nuevas propuestas un federalismo hacendario renovado, que apoye y propicie un mayor equilibrio en la distribución de atribuciones fiscales y recursos entre los tres órdenes de gobierno; un federalismo que logre superar, de una vez por todas, la dependencia de los gobiernos estatales y municipales de las participaciones federales, y que haga posible revertir las inequidades que subsisten en la distribución de estos recursos entre los Estados y los Municipios.
281. La orientación social y regional del gasto federal debe también ser reconsiderada. Los sesgos inerciales afectan seriamente la posibilidad de lograr un desarrollo más equilibrado en el territorio nacional. Las regiones más necesitadas reciben recursos de una manera desordenada por la ausencia de estrategias de promoción del desarrollo regional consensuadas con los propios actores de esas regiones.
282. Por ello, en el PRI iniciaremos un conjunto de acciones que fortalezcan a los gobiernos locales, su capacidad de planeación y de integración programática, para que logremos orientar el desarrollo regional del país.
283. Promoveremos que se defina una política de financiamiento a estados y municipios, acordada con todos los gobiernos locales, para que se maximice el potencial de recursos con que esos gobiernos puedan atender las demandas sociales.
284. Por otra parte, el patrimonio de los gobiernos debe ser considerado, también, en la política hacendaria integral que promoveremos. Muchos bienes inmuebles del gobierno federal y de los gobiernos locales no están regularizados, no pagan impuesto predial, con el consecuente impacto en las finanzas municipales, y no son utilizados para poder conseguir recursos adicionales. Por estos motivos promoveremos también una política de patrimonio público.
285. Asimismo, no existe una política de financiamiento que permita a las micro, pequeñas y medianas empresas potenciar su crecimiento y generar empleos. Más aún, la banca de desarrollo ha disminuido el crédito otorgado en términos reales.
286. La apertura financiera, que se tradujo finalmente en la participación masiva del capital externo en las instituciones bancarias, no ha significado que la actividad económica goce de mejores servicios, ni de condiciones financieras competitivas a las que subsisten en los países de donde dicho capital proviene. En cambio, las amplias utilidades que la actividad financiera ha brindado a los nuevos dueños, ha coadyuvado a subsanar las pérdidas de las filiales de dichos grupos financieros en otros países.
287. Los priístas consideramos que el sistema bancario comercial no debe ser ajeno a los propósitos de impulso a la actividad productiva, ni a la transparencia por la que se pugna en todas las actividades económicas y sociales.
288. Promoveremos el análisis detallado en el Congreso de la Unión de las reglas de operación y las cuotas que cobran las instituciones financieras, pues las utilidades de las instituciones son mayores por esos conceptos que por los sustantivos de la banca, como son los créditos.
289. Creemos que la banca comercial debe reportar públicamente en las mismas condiciones que lo hacen todas las empresas que cotizan en Bolsa, y promover la participación de consejeros independientes mexicanos en sus Consejos de Administración.
290. Una parte fundamental de los instrumentos del Estado para apoyar a los particulares y a los gobiernos locales es la banca de desarrollo. En este plano, no existe una política clara que permita orientar los recursos con que cuentan esas instituciones. Más aún, parece ser como que el propósito es debilitarlas para extinguirlas.
291. En el PRI consideramos de la mayor importancia el que la banca de desarrollo se fortalezca, actúe de manera complementaria a la banca comercial y a las demás instituciones de intermediación financiera y que tenga objetivos claros, definidos, en función de las prioridades nacionales en materia de generación de empleo, ampliación de infraestructura y desarrollo regional.
292. Por estas razones, promoveremos una reforma de fondo en el marco jurídico que tiene la banca de desarrollo.
293. El PRI rechaza la fusión o liquidación del Banco Nacional de Comercio Exterior y de Nacional Financiera, por ser instituciones indispensables para la adecuada articulación de políticas públicas para la promoción del desarrollo empresarial y el comercio exterior.
294. Por otra parte, dada la complejidad de los instrumentos y servicios financieros actuales y de las decisiones en materia financiera que se requieren en la vida diaria, los individuos necesitan una educación financiera sólida.
295. En el PRI pugnaremos por garantizar la transparencia financiera, y consideramos de gran relevancia promover la educación financiera, la cual es un factor de gran importancia para garantizar la participación informada de los individuos en el sector. Adicionalmente pugnaremos por garantizar la transparencia financiera en materia de cobros y comisiones por el uso de los servicios financieros, y buscaremos además fomentar una competencia financiera más equitativa entre los participantes del sector, a efecto de promover más y mejores servicios para el público usuario.
296. Dentro de la política hacendaria es indispensable darle total prioridad al campo mexicano. La Política de Estado que promoveremos y que se describe más adelante, debe ser objetivo primordial en el uso de los recursos públicos que apoyen sustancial y eficazmente a los agricultores, los campesinos, a los pescadores, a los mineros, a los silvicultores y a los demás trabajadores de menos ingresos del campo mexicano, ante los riesgos que enfrentan por la apertura de mercados y la falta de acuerdos internacionales equitativos en el sector, pero, sobre todo, para lograr la seguridad alimentaria a los mexicanos.
297. Otro componente fundamental de nuestro trabajo será vigilar el buen funcionamiento del sistema de pensiones y de seguridad social tanto del ISSSTE como del IMSS, y revisar el de aquellas entidades que requieran su actualización. Mucho se ha logrado en los últimos años, sin embargo, falta mucho por hacer para garantizar que todos los mexicanos cuenten con una pensión digna cuando cumplan su ciclo laboral. Este propósito nos llevará a plantear acciones concretas para perfeccionar los sistemas actuales, crear nuevas instancias de seguridad social efectivas, eficientes y transparentes, con una visión de largo plazo y sustentadas en nuestra realidad social y demográfica.
298. Apoyaremos las propuestas e iniciativas de reforma al sistema de pensiones que no afecte el régimen actual de retiro de los trabajadores en activo, y pugnaremos por una depuración y reordenación del sistema en su conjunto para asegurar la transparencia en el manejo de los recursos.
299. La energía es un factor de creciente importancia para el desarrollo de todos los países del mundo. En nuestro país, en particular el petróleo, ha sido palanca fundamental del desarrollo nacional. Por eso, el PRI se pronuncia por mantener la rectoría del Estado en la materia y por el principio de una industria petrolera nacional integrada de conformidad con lo establecido en los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por garantizar que el patrimonio y explotación de nuestros recursos energéticos sea en beneficio de todos los mexicanos.
300. El objetivo de garantizar la seguridad energética del país y ofrecer productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos para todos los mexicanos, esto implica que es necesario mantener la propiedad, la dirección, el control y el usufructo del Estado en Pemex, CFE y LyFC y transformarlas en empresas paraestatales modernas, para lo cual es indispensable fortalecerlas, innovarlas y actualizar sus marcos legales para que prosiga su aporte al desarrollo del país.
301. La reforma que defendemos especificará claramente las responsabilidades de quienes definen la estrategia energética, de reguladores y operadores, para que tomen en cuenta el potencial del país y sus posibilidades reales.
302. De manera complementaria, rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera.
303. Impulsar una reforma integral y a fondo con el propósito de que México cuente con seguridad energética de largo plazo y pueda ejercer plenamente su soberanía; que optimice los beneficios de las diversas actividades del sector a favor del país; que los recursos energéticos se utilicen como palanca del desarrollo; que favorezca una auténtica política de Estado y que permita impulsar y utilizar fuentes alternas de energía.
304. Nuestras propuestas permitirán la recuperación financiera de PEMEX, a través de establecer un régimen fiscal para que le asegure contar con recursos propios y suficientes para cumplir sus objetivos, de manera eficaz y eficiente, modernizando y ampliando las plantas petroquímicas básicas y de refinación, fortaleciendo y ampliando las redes de ductos y tanques de almacenamiento, redimensionando el desarrollo científico y tecnológico y propiciando su integración, y con un sistema de control y rendición de cuentas efectivo que permitan un manejo transparente de sus recursos, sistemas de operación y financiamiento; en paralelo, establecer límites razonables a la contratación de deuda de Pemex.
305. Los organismos públicos estratégicos del sector energético deben tener autonomía de gestión, órganos de gobierno y dirección profesionales.
306. Demandaremos armonizar las políticas de las industrias petrolera y eléctrica para determinar el tipo y localización de nuevas refinerías, los insumos para la generación de energía, buscando reducir los de gas para dedicarlos a la producción de fertilizantes —fundamentales para la seguridad alimentaria del país— y otros petroquímicos.
307. De manera especial, promovemos cambios que favorezcan el desarrollo y la utilización de fuentes alternas de energía, para aprovechar mejor nuestros recursos naturales y acorde con las mejores opciones productivas para México, con mecanismos de coinversión y con la garantía del respeto al medio ambiente y el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos sociales que le es consustancial.
308. De igual manera, la política energética relacionada con la producción y distribución de la energía eléctrica requiere de un replanteamiento mayor. En los diferentes segmentos de la cadena productiva de la electricidad se encuentran contradicciones con nuestro entorno natural y con nuestras ventajas competitivas. Cada forma de producción debe ser evaluada así, considerando también las mejores prácticas que nos señala la tecnología disponible.
309. El Partido promoverá la reducción de las tarifas eléctricas y para ello es necesario disminuir los costos de producción. No podemos seguir siendo dependientes de formas de generación ineficientes o que demandan de insumos y recursos que podríamos utilizar de manera más adecuada a nuestras condiciones. El trabajo en esta materia es paralelo al de la reforma en materia petrolera y tiene la misma urgencia.
310. El PRI ratifica su invariable apoyo y apego a los principios fundamentales del artículo 123 constitucional y las conquistas sociales de los trabajadores, y se pronuncia en contra de una reforma a su ley reglamentaria que vulnere los derechos que históricamente ha conquistado la clase trabajadora.
311. El PRI reivindica la recuperación del salario, la dignificación del trabajador y postula la contratación colectiva que deje de lado la informalidad de la contratación temporal que impide al trabajador la obtención de derechos a cambio del trabajo realizado, y en los servicios públicos reconoce el derecho de los trabajadores a la definitividad en sus plazas de base contra el empleo eventual.
312. Así, rechazamos que, bajo la excusa de la promoción de la productividad, se busque afectar los derechos laborales y se pongan en riesgo las conquistas de los trabajadores, que sólo tras décadas de esfuerzo ha sido posible obtener. De igual manera, que bajo el pretexto de fiscalizar la vida interna de los sindicatos, se pretenda vulnerar su autonomía y formas de organización interna que se han dado los trabajadores mexicanos, como lo establece la Constitución.
313. Reivindicamos la contratación colectiva, el derecho de huelga, la participación de las organizaciones sindicales en las instancias tripartitas y el derecho de libre asociación sindical como mecanismos de lucha que deben preservar su vigencia.
Por una política de Estado para el desarrollo rural
314. El campo mexicano es un sector estratégico que debe de ser apoyado y fortalecido con políticas específicas de promoción y desarrollo enmarcadas en una Política Nacional de Estado, que apoyen el aumento de la productividad con nuevas tecnologías, capitalización, financiamiento accesible, infraestructura y capacitación.
315. Por tal motivo, nuestras acciones y compromiso con este importante sector estarán encaminadas a:
316. Impulsar una reforma profunda del campo mexicano, que tenga como metas el desarrollo, combatir la pobreza y la desigualdad, transformar el minifundio.
317. Impulsar una política de Estado para el campo que contemple: soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional; armonización del marco legal e institucional, con capacitación y organización, infraestructura, fomento productivo, financiamiento, desarrollo sustentable, así como la producción nacional de fertilizantes que permita subsidios y precios accesibles a los campesinos.
318. Diseñar un conjunto de políticas orientadas a la producción, que consoliden y vigoricen la propiedad social en el campo, modernicen integralmente el ejido y la comunidad como formas asociativas y productivas
319. Modificar la Ley Federal del Trabajo, en su Título Sexto, para adicionar los derechos de los jornaleros campesinos y trabajadores migratorios, defendiendo las obligaciones generales de las autoridades federales y locales en aspectos como el libre tránsito, el respeto a las garantías individuales, y la prestación de auxilio a dichos trabajadores.
320. Exigir el cabal cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo que, desde su firma entre el Gobierno Federal y las organizaciones campesinas, muestra muy pobres avances.
321. Establecer mecanismos de protección y salvaguarda del sector agropecuario nacional más afectado por la apertura de los mercados de granos básicos, cuyos efectos negativos impactan a toda la sociedad, y fomentar la implementación de mecanismos para aumentar la producción del campo, particularmente de granos básicos.
322. Desarrollar nuevos esquemas de apoyo a la producción y comercialización que sustituyan a la extinta Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
323. Reimplantar esquemas de apoyo y protección a la producción, venta y distribución de granos básicos, en la misma medida y proporción que hagan nuestros principales socios y competidores comerciales hasta en tanto no exista un acuerdo internacional equitativo y plenamente aceptado, en materia de subsidios agrícolas.
324. Alentar la constitución de consejos reguladores para la integración de las cadenas productivas, la administración de los recursos alimentarios, y evitar la especulación particularmente en los siguientes productos: maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, granos forrajeros, pastas oleaginosas, leche y cárnicos.
325. Transformar la Banca de Desarrollo para que se dedique a incorporar exclusivamente el financiamiento a todos los productores de bajos ingresos, y que contribuya de manera fundamental en la inversión productiva y en la creación de intermediarios financieros.
326. Demandar que la Banca de Desarrollo considere como garantía del financiamiento la viabilidad y rentabilidad económica de los proyectos.
327. Exigir la certificación de los productos orgánicos, la celebración de contratos regionales para el uso racional y sustentable de los recursos naturales y el pago de bienes ambientales, así como el acceso a bonos carbono.
328. Promover las reformas necesarias al marco jurídico en materia de tenencia de la tierra, cadenas sistema producto alimentarias, aprovechamiento o explotación de los recursos naturales, así como generación de infraestructura que fortalezca y apoye el desarrollo social y urbano.
329. Modificar la Constitución Política para darle cabida al concepto de presupuestos multianuales, y aprobar una iniciativa de Ley de Seguridad Alimentaria e Inversión Rural y Agropecuaria basada en un horizonte de planeación y presupuestación de largo plazo, previsto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En este instrumento legal se recogerán y ampliarán los conceptos de crecimiento anual necesario para alcanzar, en un plazo máximo de diez años, el monto correspondiente a la aportación del PIB agroalimentario a la riqueza nacional.
330. Adicionar a la Fracción XXI del Artículo 27 Constitucional el derecho de las comunidades y poblados rurales a ser protegidos y restituidos sus bienes de producción, en caso de desastres naturales.
331. Integrar los programas relacionados con el desarrollo rural, incluyendo los sistemas de organización, investigación, transferencia tecnológica, capacitación y asistencia tecnológica que ordena la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
332. Ejecutar un programa integral de ordenamiento de la propiedad rural.
333. Consolidar el programa de incorporación del suelo social al desarrollo urbano y exigir se expedite el financiamiento para la formulación, evaluación e instrumentación de inmobiliarias del Sector Social.
334. Apoyar la modernización de la flota pesquera y de la infraestructura portuaria. Ampliar y fomentar las líneas de crédito que ofrece FOPESCA para el financiamiento de las actividades de la pesca, acuacultura y maricultura. Fomentar la industrialización de los productos del mar. Aprovechar los acuerdos comerciales de nuestro país para penetrar a los diferentes mercados de consumo pesquero.
335. Adoptar las medidas preventivas para evitar la polución de las aguas de litorales, lagos, lagunas y ríos que afectan la actividad pesquera.
336. Impulsar la investigación científica y tecnológica sobre cultivos y artes de pesca.
Por una política de Estado para el sector industrial
337. En la actualidad, la estrategia económica basada particularmente en la exportación de manufacturas y en el establecimiento de maquilas enfrenta situaciones críticas por la presencia de nuevos competidores disputando esos nichos y por deficiencias estructurales que es indispensable superar. Par tal motivo, el Partido buscará:
338. Adoptar medidas que permitan abatir costos de producción e incrementar la calidad de los productos mexicanos y el valor agregado en los procesos productivos.
339. Promover la articulación de las pequeñas y medianas empresas con el sector maquilador, a fin de que éstas puedan abastecer los insumos que demandan.
Por una política de promoción turística efectiva
340. La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales que nos otorgan identidad.
341. Impulsar y diseñar, bajo la rectoría del Estado y con el concurso del sector privado y del sector social, un Programa Integral de Turismo de mediano plazo, que precise los recursos y el fondeo para su realización.
342. Promover que los Congresos de los estados legislen sobre turismo en sus variadas modalidades.
343. Promover inversiones para aumentar y fortalecer la conexión a través de carreteras, aeropuertos y puertos marítimos.
El impulso a la competitividad
344. Hoy en día las tendencias internacionales nos indican que la calidad de las instituciones y las mejoras en la competitividad son parte fundamental para promover el crecimiento económico sostenido. Es así que entre los desafíos está el de llevar a cabo cambios estructurales que flexibilicen la estructura productiva de la economía y modifiquen la estructura de incentivos.
345. El Partido es consciente de que este nuevo enfoque ha provocado el surgimiento de una agenda ambiciosa de reformas, por lo que reconoce que simples cambios de política (reformas a las leyes) pueden ser ineficientes si no se tiene claro qué instituciones y cómo quieren modificarse.
346. Por lo tanto, el PRI luchará porque la promoción de la competitividad, como uno de los ejes del desarrollo económico nacional, se centre primero en la realización de un diagnóstico que permita identificar cuáles son las barreras al crecimiento económico en el país, a fin de identificar cuáles de éstas son susceptibles de modificar y qué políticas se implementarán para obtener los mejores resultados posibles.
347. Asimismo, se abocará a promover el impulso, fortalecimiento y consolidación de políticas concretas, específicas y viables que busquen fomentar la competitividad en el largo plazo y que ésta se traduzca en una mejora del bienestar de la sociedad, tales como:
348. Asegurar la comunicación entre individuos y regiones mediante la modernización del sistema de telecomunicaciones, sistemas digitales y telefónicos, a fin de asegurar el acceso de todo mexicano a las ventajas de estos sistemas como medios de integración a la era de la información y el conocimiento.
349. Ampliar, modernizar y mejorar la infraestructura urbana, pavimentación, alumbrado público, drenaje sanitario, sistemas de tratamiento y destino final de desechos, con el objeto de que el entorno social y familiar en las zonas urbanas eleve su nivel de calidad y garantice un desarrollo sano y seguro para todos sus habitantes.
350. Promover el otorgamiento de financiamiento en condiciones preferenciales a industrias pequeñas y medianas e industrias consideradas de soporte relacionadas con las cadenas productivas vinculadas a la inversión extranjera directa, pero sobre todo para fortalecer el mercado interno.
351. Definir políticas públicas para la ciencia e innovación tecnológica es un compromiso del PRI, por lo cual el Partido integrará las opiniones de los científicos y las instituciones públicas y privadas de ciencia y tecnología para establecer una agenda de reformas legales que den sustento y permitan el desarrollo de la ciencia y la tecnología, promoviendo además un soporte presupuestal y fondos suficientes que aseguren su continuidad en el largo plazo.
352. Pugnar porque el Ejecutivo otorgue la atención debida al sector de Ciencia y Tecnología, para lo cual es necesario revisar las leyes de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a efecto de poder establecer políticas adecuadas que permitan fortalecer la supervisión de su operación y garantizar su obligada articulación y coordinación con el sector educativo y el sector productivo.
353. Promover que la lucha contra el crimen y la delincuencia organizada se profundice por parte del gobierno federal, no sólo porque afecta directamente a las actividades económicas, como los asaltos a empresas y transportes de mercancías, secuestro, piratería y contrabando, sino también por ser una de las demandas más sentidas de nuestra sociedad.
354. Avanzar en las acciones de mejora regulatoria y simplificación administrativa para hacer más eficiente la regulación vigente y eliminar la
discrecionalidad innecesaria de la autoridad y el exceso de trámites que inciden negativamente en la actividad empresarial, inhiben la inversión y afectan la competitividad de las empresas.
355. En este sentido, en el Partido estamos a favor de que los trámites para la apertura de empresas en cada una de las entidades se evalúen por parte de cada una de las legislaturas locales, con el objeto de permitir la instalación de estos negocios, de acuerdo a la vocación productiva de cada una de las regiones, y se fomente así su desarrollo.
Costo de la vida y defensa de la economía familiar
356. Para los mexicanos el costo de la vida es cada vez más alto. El costo de los servicios básicos se ha encarecido de una forma alarmante. Por ello, el PRI propone y se compromete a:
357. Poner un alto a las altas tarifas de los servicios públicos que, además de mermar los ingresos de los más pobres, afecta tanto a la economía familiar como a la planta productiva.
358. Asumir una posición firme para evitar que la aplicación de una política económica rígida siga siendo factor fundamental que impide el mejoramiento de la calidad de vida de la gente.
359. Luchar para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de asegurar el abasto de los productos básicos y de ponerlos al alcance de la gente con mayores desventajas económicas y sociales.
360. Denunciar con firmeza las prácticas monopólicas y especulativas que afectan a la economía familiar e insistir en su demanda para que todos los mexicanos tengan acceso a un sistema financiero eficiente, competitivo, en el que deben limitarse los cobros excesivos por los servicios que ofrecen.
361. Rechazar enfáticamente la desaparición o privatización de los organismos públicos DICONSA y LICONSA, empresas fundamentales para apoyar a la población de bajos recursos en la comercialización y distribución de alimentos, y cuya extinción constituiría un agravio intolerable a los objetivos sociales del Estado mexicano.
362. Habremos de promover la creación de un marco jurídico especializado para establecer la Ley para el Desarrollo Económico y propiciar la creación del Consejo Económico y Social para la Competitividad y el Empleo, que permita la coordinación de todos los actores relevantes en el ámbito económico, gubernamental y laboral del país, en beneficio de la competitividad y el empleo permanente, digno y bien remunerado.
363. Todas las políticas enunciadas tienen como propósito retomar el crecimiento económico y el empleo como los grandes objetivos y no como resultantes en automático del crecimiento. La generación de empleos debe ser el centro de las políticas públicas; la creación de empleos y la protección de los empleos existentes, como base de una convocatoria nacional a todos los sectores productivos para renovar la confianza en el país por parte del conglomerado social y recuperar el crecimiento económico.
364. Nuestro objetivo es poder articular las políticas del Estado de tal suerte que confluyan para fomentar las actividades productivas prioritarias, con la combinación tecnológica que mejor permita la creación de empleo; promover proyectos estratégicos que fomenten el aprovechamiento de nuestro potencial; impulsar la concurrencia del sector social y privado; y adoptar las políticas públicas, las medidas legislativas, las políticas de inversión, financiamiento y fiscales que hagan posible, en un lapso determinado, incidir de manera sustantiva en la generación de empleos y con ello en el bienestar de todos los mexicanos de hoy y del futuro.
V. POR UN ORDEN INTERNACIONAL JUSTO: SOBERANÍA Y PROSPERIDAD EN LA GLOBALIZACIÓN
365. La política exterior de México se ha distinguido por regirse por principios básicos, consagrados constitucionalmente, los cuales dan sentido a nuestras decisiones internacionales; impulsan la vocación pacifista de México y nos han permitido como Nación ejercer un liderazgo indiscutible en temas sustantivos del ámbito mundial.
366. Estamos conscientes de que en la era de la globalización la política exterior es estratégica para preservar nuestra soberanía y promover nuestro desarrollo. La interdependencia y la integración regional, los retos nuevos y tradicionales a la seguridad, la violencia generada por el crimen organizado en sus múltiples vertientes y el activismo de diversos actores distintos al Estado, son factores que demandan políticas, posicionamientos y acciones sólidas por parte de nuestro Partido.
Prestigio y liderazgo
367. El PRI velará porque en materia de política internacional su desempeño sea un ejemplo de consistencia ideológica y contribución a las mejores causas políticas y sociales de la humanidad. Lo anterior será motivo de orgullo, así como un recurso de identidad y vinculación con otros actores y organizaciones afines. Por lo tanto, nuestras acciones estarán encaminadas a promover y difundir entre nuestros militantes y en la sociedad en general, la discusión y análisis de los temas internacionales, conscientes de que el acontecer mundial tiene cada vez mayor influencia en las situaciones nacionales y en las coyunturas políticas, económicas y sociales de todas las naciones. Para ello nos proponemos:
368. Incentivar una participación más activa del PRI en las organizaciones mundiales de partidos, como la Internacional Socialista y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), así como entablar un diálogo permanente con los líderes gubernamentales, estatales, empresariales y de opinión de otros países, a fin de generar consensos que contribuyan a edificar un orden internacional justo.
369. Intercambiar puntos de vista y compartir experiencias con los parlamentarios de otros países sobre temas de la agenda bilateral y multilateral, por medio de nuestra participación en una activa diplomacia parlamentaria, con objeto de lograr una mayor cooperación internacional a través de una significativa renovación y ampliación de los canales de comunicación y de una mejor comprensión de los intereses y percepciones de las contrapartes en el extranjero.
Interés nacional y principios
370. El PRI considera que la simultánea defensa del interés nacional y de los principios establecidos en la Fracción X del Artículo 89 de nuestra Carta Magna no ha sido, ni es, una tarea excluyente sino complementaria, por lo tanto nos comprometemos a:
371. Promover el restablecimiento de una política exterior de Estado, basada en dichos principios y desarrollada a partir del consenso de los diversos actores políticos de México, buscando fortalecer la soberanía de nuestro país y el desarrollo de relaciones diplomáticas fructíferas y duraderas con nuestros aliados estratégicos, en un marco de comunicación fluida y de respeto mutuo, mediante una estrategia diplomática integral y de largo plazo.
Nuestras relaciones estratégicas
372. México es el lugar de convergencia del norte y el sur del Continente americano, y colinda con el mar Caribe y los océanos Pacífico y Atlántico. El objetivo central de la política exterior de México debe ser la diversificación, la cual debe procurarse a partir del aprovechamiento de nuestra ubicación geográfica privilegiada. En este sentido nuestras acciones estarán encaminadas a:
Compartiendo un futuro común en América del Norte
373. La relación entre México y Estados Unidos se caracteriza por su complejidad y dinamismo. Las acciones unilaterales de nuestro vecino, particularmente en el ámbito de la seguridad, frenan la cooperación y promueven actitudes negativas que entorpecen la relación entre ambos países. Por ello, el PRI fomentará las siguientes acciones tendientes a:
374. Establecer, con todos los niveles de gobierno, así como con el ámbito del Poder Legislativo del vecino país, una relación basada en el diálogo, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, la reciprocidad, el beneficio mutuo y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos y diferencias en el tratamiento de los problemas de la migración, el comercio, el medio ambiente y la seguridad.
375. Luchar porque los países de América del Norte profundicen sus vínculos, tomando siempre en cuenta sus diferencias de desarrollo, en un contexto de interdependencia económica, sin desconocer la expansión de la Unión Europea y al dinamismo de los grandes países asiáticos.
376. Exigir a nuestros socios comerciales un trato equitativo y justo a nuestras empresas nacionales exportadoras, para estar en condiciones de enfrentar los retos que representan la emergencia de nuevas potencias económicas y la integración de bloques regionales.
377. Promover la creación de un fondo, con aportaciones de los tres países participantes, destinado a fortalecer a los productores rurales afectados por el TLCAN.
378. Impulsar la incorporación del concepto de migración de la fuerza de trabajo en el marco del TLCAN, como sustento de acuerdos laborales justos y respetuosos de los derechos humanos.
379. Revisar el Tratado de Límites y Aguas de 1944, a fin de que responda tanto a las nuevas condiciones climatológicas como a las necesidades de los habitantes que demandan este indispensable y escaso recurso natural en ambos lados de la frontera.
Construcción de puentes de cooperación en la frontera norte
380. La frontera norte es el punto de encuentro entre dos naciones que por razones históricas, muy complejas, comparten algo más que una línea divisoria. Éste no es sólo un espacio físico que se extiende a lo largo de más de 3,000 kilómetros, tampoco es sólo un punto de cruce. La frontera es una región donde se articulan comunidades de localidades vecinas, donde viven, comercian y trabajan millones de personas, contribuyendo al bienestar y crecimiento de ambos países. Ante esta realidad, el PRI propone:
381. Velar para que la frontera se convierta en un espacio de prosperidad y de desarrollo sustentable, fomentando la inversión en proyectos productivos y de conservación del medio ambiente, procurando el fortalecimiento y la eficiencia del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF).
382. Garantizar que los mexicanos sean tratados en el área fronteriza con dignidad y respeto, independientemente de su condición migratoria. Al respecto, el PRI dará puntual seguimiento a las legislaciones y políticas que pongan en práctica los estados fronterizos estadounidenses en la materia, con objeto de prevenir que afecten los derechos fundamentales de nuestros connacionales.
La protección de nuestros connacionales
383. El intenso fenómeno migratorio que prevalece entre México y Estados Unidos requiere de un claro marco de cooperación bilateral, bajo el principio de la responsabilidad compartida. Por ello el PRI, en todo momento y en cualquier circunstancia, impulsará que ese espíritu de colaboración prevalezca, buscando frenar discriminación, racismo, intolerancia y violencia, los cuales son síntomas graves de descomposición que pueden afectar profunda y permanentemente la relación bilateral.
384. Ante el problema migratorio el PRI encaminará sus acciones a:
385. Alentar una visión integral del fenómeno, que permita desarrollar programas tanto para la atención de nuestros emigrantes, como para los inmigrantes de otros países que se internan en nuestro territorio. Sólo así podremos asumir una congruente y auténtica política migratoria cuya prioridad sea el irrestricto respeto al ser humano.
386. Pugnar por la negociación de un acuerdo migratorio con Estados Unidos que permita el acceso ordenado de mexicanos al mercado laboral norteamericano e impulse la regularización migratoria de compatriotas indocumentados, que ya están integrados a él.
387. Promover en todos los foros multilaterales y parlamentarios que la migración internacional contemporánea no sea tratada como un asunto aislado o una cuestión criminal, buscando que se produzcan acuerdos regionales y globales para convertirla en un factor positivo para las sociedades y economías de los países emisores y receptores de migrantes.
388. Manifestar un rotundo rechazo a la política de odio en la frontera, a los muros, a la movilización intensiva de la Guardia Nacional estadounidense, a la violación de los derechos humanos y al trato criminal dado a nuestros paisanos, como resultados del endurecimiento de las políticas migratorias. El PRI considera inaceptable que mientras las barreras a la libre circulación de capitales y de bienes están siendo crecientemente eliminadas, en países receptores de inmigrantes se establezcan obstáculos crecientes a la inmigración y se privilegien medidas punitivas que ignoran sus derechos humanos.
389. Vigilar que las autoridades estadounidenses apliquen de manera irrestricta sus leyes y políticas migratorias, con apego a principios del Derecho internacional y respeto a los derechos humanos.
390. Consolidar los trabajos de vinculación del PRI con las comunidades de mexicanos en Estados Unidos, que fomenten su participación social y política en ambos países, su bienestar económico y el de sus familias, así como el acceso a expresiones artísticas mexicanas que motiven su orgullo sobre su herencia cultural y raíces históricas.
391. Promover el establecimiento de mecanismos de transferencia financiera que disminuyan considerablemente los costos para el envío de remesas, además de vigilar y evitar cualquier acción o medida legislativa de otro país que grave o restrinja estos recursos invaluables para la subsistencia y bienestar de millones de mexicanos.
392. Promover diversas modalidades y fórmulas innovadoras para que las remesas de migrantes se capitalicen y sean de utilidad para programas de protección social y desarrollo en sus comunidades.
393. Impulsar la creación de la Oficina Nacional del Retorno que diseñe una política activa de apoyo a aquellos ciudadanos que deseen regresar al país, funcionando como una ventanilla única que facilite al migrante las condiciones para su repatriación, proveyendo información y asesoría que le permitan realizar sin contratiempos los trámites necesarios para su retorno. Los Consulados deben ser responsables de desempeñar un activo papel en esta tarea.
394. Promover un Plan de Promoción al Empleo e Incorporación Laboral de los Migrantes que facilite su reinserción en el mercado mexicano de trabajo.
Soluciones conjuntas en la frontera sur
395. El grado de desarrollo de México nos obliga a plantear una activa diplomacia regional, acorde con los principios de cooperación internacional que nos son fundamentales. Nuestro país debe proyectar sus intereses allende la frontera sur, a fin de promover la prosperidad de la región mesoamericana en su conjunto, colaborando en el desarrollo sustentable de la región, con miras a mitigar la migración, el hambre y la violencia. Por ello, el PRI se pronuncia por:
396. Maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de la interdependencia, participando de manera activa en la promoción de acuerdos para una conducción congruente y eficaz de la relación trilateral México-Guatemala-Belice, que promueva la inversión y el comercio en la zona, bajo el principio de que su prosperidad equivale a nuestra seguridad.
397. Alentar a los gobiernos de Belice y Guatemala para que juntos enriquezcamos los esfuerzos del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF), mismo que ha establecido las bases para el desarrollo de iniciativas trinacionales de cooperación.
398. En el ámbito económico, y en el marco del respeto a la legislación de ambos países, nos interesa alentar la inversión privada en condiciones competitivas, buscando fórmulas que propicien la presencia mexicana tanto en el mercado guatemalteco, como en el de Belice.
399. Extender la colaboración al resto de los países centroamericanos, mediante la exigencia al gobierno para que consolide programas como el Proyecto Mesoamérica, que sustituya integralmente al fallido Plan Puebla Panamá, o la Ruta Maya para el desarrollo turístico regional.
Consolidando la amistad con América Latina
400. México es la décima cuarta economía del mundo y uno de los primeros exportadores de Latinoamérica. Como tal, cuenta con los recursos económicos y diplomáticos para ejercer un papel activo en los procesos de concertación política, cooperación e integración, que vayan más allá de la retórica del hermanamiento y se constituyan en iniciativas viables para el desarrollo. Ante este hecho, el PRI propone:
401. Fortalecer y profundizar la democratización de los foros de expresión de los países de América Latina y el Caribe, en particular el Grupo de Río.
402. Impulsar el desarrollo de una diplomacia efectiva y de mecanismos de asociación económica y comercial.
403. Promover una eficaz coordinación regional para la atención a temas de interés compartido, particularmente los que se refieren a seguridad nacional, integración económica, protección de inmigrantes al arribar a nuestras fronteras, y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
404. Alentar la interlocución política y económica con los países del MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones y la Comunidad Sudamericana de Naciones.
405. Impulsar una estrategia de cooperación en materias técnica, educativa y cultural con Centroamérica y el Caribe.
406. Promover una estrategia de asociación con nuestros vecinos de Centroamérica y con aquellos que conforman nuestra tercera frontera en el Caribe, particularmente la República de Cuba, con respeto a las características de su desarrollo y estricto apego a los principios de libre determinación y no intervención en los asuntos internos de otras naciones.
Profundizando nuestra relación con Europa
407. Dado su peso político y económico en la comunidad internacional, Europa ha sido un objetivo central en los esfuerzos de nuestro país por diversificar sus relaciones diplomáticas. La reciente declaración de la Unión Europea considerando a México como un socio estratégico debe ser plenamente aprovechada. Por lo tanto, el PRI encaminará sus acciones a:
408. Buscar que México profundice sus lazos con los países de la Unión Europea, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación.
409. Desarrollar más espacios de diálogo político, fomento a la inversión y el comercio e intercambio cultural con la Unión Europea, integrando un frente común para llevar a cabo acciones estratégicas multilaterales; especialmente reconocernos como integrantes de la Comunidad Iberoamericana y estrechar los lazos con España y Portugal.
Integrándonos al dinamismo de Asia-Pacífico
410. Asia-Pacífico es una de las regiones más dinámicas del mundo, tanto por su extraordinario crecimiento económico, como por la diversidad de sus relaciones políticas y culturales que la posicionan para desempeñar un papel central en el mundo del siglo XXI. Ante esto el PRI se compromete a:
411. Promover la percepción de Asia-Pacífico como una región que representa una enorme ventana de oportunidad para establecer asociaciones de alcance bilateral y regional de largo plazo, aprovechando nuestra ubicación geográfica como una ventaja competitiva.
412. Impulsar la participación activa en los mecanismos regionales de cooperación, tales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), así como otros vinculados a éste que convocan a legisladores, empresarios, académicos y líderes de opinión, a fin de aprovechar los esquemas de concertación política y aprender de las mejores experiencias en el fomento a la competitividad y a la atracción de inversiones productivas.
Hacia un multilateralismo funcional
413. El contexto político, económico y social internacional ha cambiado radicalmente desde la creación de Naciones Unidas hace más de 60 años. Ante esta realidad el PRI realizará las siguientes acciones:
414. Actuar de manera intensa y responsable en el seno de la Organización, haciendo valer los principios de respeto mutuo, protección de los derechos humanos y cooperación internacional para el desarrollo.
415. Impulsar una mayor presencia de las agencias del sistema de Naciones Unidas en las regiones más rezagadas del mundo, enfatizando el papel relevante que México ha desempeñado, y debe desempeñar, en este ámbito.
416. Luchar contra todas las manifestaciones del armamentismo, promoviendo desde el desarme nuclear hasta la reglamentación de la producción y venta de todo tipo de armas convencionales de todo tipo, pasando por la prohibición de la fabricación y uso de minas antipersonal y de las llamadas municiones en racimo.
417. Buscar que las propuestas de reforma presentadas por México gocen de un enfoque integral que garantice el equilibrio entre las agendas de desarrollo y de seguridad, y se promueva simultáneamente la protección de los derechos humanos y el estricto apego al Derecho internacional.
418. Apoyar los trabajos del nuevo Consejo de Derechos Humanos, fomentando su carácter universal, objetivo, no selectivo, de cooperación y diálogo.
419. Promover el ejercicio de la diplomacia preventiva, el impulso a los acuerdos en materia de desarme, el fortalecimiento de la lucha internacional contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y las diversas formas del crimen transnacional organizado, así como las iniciativas multilaterales para mitigar los efectos negativos del cambio climático y la contención y prevención de los desastres naturales y las pandemias.
420. Contribuir al análisis de los profundos cambios que están ocurriendo en la escena económica mundial y que impactan de manera decisiva aspectos fundamentales para la vida de todas las sociedades, tales como la disponibilidad de energía, la producción de alimentos, la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.
421. Promover que los procesos de liberación comercial y los esfuerzos para la reforma del sistema multilateral de comercio contribuyan a la trasformación de la globalización en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo, tal como se expresa en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas.
422. En resumen, el PRI se propone impulsar todas aquellas acciones que retomen la senda del prestigio que durante décadas fue sinónimo de la política exterior mexicana.
VI. COMPROMISO CON LA CAPACITACIÓN POLÍTICA Y FORMACIÓN IDEOLÓGICA
423. El Partido se compromete a implementar las acciones necesarias a efecto de cumplir con lo establecido en el Artículo 26 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, en particular, a lo establecido en sus incisos c) y d), que a la letra disponen: c) formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política y d) preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.
424. El PRI propone implementar una estrategia de capacitación y formación política que contemple, entre otras, las siguientes líneas de acción:
425. Promover, en la estructura del PRI y sus organizaciones, un Sistema Nacional de Capacitación y Formación Política que norme y coordine la oferta de los programas de capacitación, actualización y formación política, proponga e impulse las acciones de educación a distancia y cultura cívica, así como organice y opere modernos servicios de apoyo tales como la creación de bibliotecas equipadas con infraestructura para fortalecer las aptitudes, habilidades y competencias que sus militantes, cuadros, dirigentes, candidatos, representantes populares y servidores públicos necesitan para ejercer con lealtad, integridad y eficiencia las tareas partidistas y, en su caso, apoyar que a través de la capacitación, las responsabilidades públicas se cumplan eficazmente y en congruencia con los principios y valores de nuestro Partido para dar resultados positivos ante los ciudadanos. Este sistema será coordinado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP).
426. El Sistema Nacional atenderá a los cuadros de la dirigencia de base e intermedia, de la estructura partidista, de los Sectores y Organizaciones afines al PRI, así como a candidatos, presidentes municipales, legisladores y a nuestra representación en gobiernos estatales y municipales donde seamos oposición.
427. Los modelos pedagógicos de atención serán variados: cursos y talleres inductivos para simpatizantes, formales e intensivos, dirigidos a la estructura partidista para fortalecer nuestra identidad, unidad, visión y misión de cambio para el siglo XXI;
428. una escuela de cuadros que ofrecerá cursos básicos y especializados para la formación de nuevos líderes que sepan debatir, negociar y aprendan a usar herramientas para competir, los que abrevarán de nuestros cuadros más reconocidos y con experiencia política probada, así como de académicos y especialistas de alto nivel;
429. diplomados con reconocimiento universitario para promover la formación de investigadores, creadores e innovadores de la cultura política democrática que impulsamos, en el campo de la comunicación política y de la administración pública;
430. formación especializada y actualización permanente a los administradores públicos, federales, estatales y municipales y a las autoridades de todos los niveles emanadas de nuestro partido; estos cursos serán sobre temas específicos vinculados con sus funciones de gobierno y sobre gobernabilidad;
431. una estrategia de educación a distancia que ofrecerá temas coyunturales de interés y temas estructurales para actualizar información y profundizar en los grandes asuntos de la Agenda Nacional e Internacional.
432. Esto implica que el ICADEP fortalecerá su articulación con la estructura partidista y las áreas de capacitación de Sectores y Organizaciones, invitándolos a formar parte del Sistema Nacional de Capacitación, y buscando ampliar acciones de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas, nacionales e internacionales para tener una oferta actualizada de alto nivel. Al igual que estrechará su relación con la comunidad intelectual y académica del país para convertirse en un vínculo del PRI con esa comunidad.
433. Para atender la cobertura nacional se formará un grupo de instructores que serán seleccionados y preparados para ofrecer los contenidos y la visión que nos permita asegurar la unificación de un mensaje mínimo y el manejo de los materiales pedagógicos correspondientes diseñados especialmente para cada estrategia de capacitación.
434. Se implementará el Registro Nacional de Capacitadores y Ponentes, a fin de mantener una base de datos actualizada que propicie el contacto permanente para acciones de información y convocatoria y de promoción e inserción a las responsabilidades partidistas.
435. Asimismo, se establecerá el Registro Nacional de Egresados, desde el ICAP hasta la fecha, para tener actualizado un banco de cuadros partidistas ya formados, y apoyarlos en su posterior evolución política.
436. Para el desarrollo de las tareas pedagógicas, el ICADEP se actualizará con tecnología de vanguardia para lograr los objetivos de calidad y cobertura propuestos por el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Política.
437. El ICADEP para desarrollar estas tareas consolidará y fortalecerá su estructura interna nacional por lo que promoverá la integración al 100% de las filiales estatales y la creación de filiales en municipios que tengan una alta densidad demográfica y antecedentes de vida a académica y sean centros culturales.
438. El ICADEP continuará coordinándose con la Secretaría de Acción Electoral para mantener una especial atención a la estrategia permanente de capacitación y actualización de las estructuras partidistas para el desempeño de la representación electoral.

ARTÍCULO 1. El presente Código de Ética Partidaria es de observancia general para los militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional.
ARTÍCULO 2. La aplicación del presente Código corresponde a la Comisión de Justicia Partidaria, y a la Defensoría de Derechos de los Militantes, en sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 3. Todo militante priísta debe asumir cabalmente las normas de la más acendrada moralidad pública, y darle el sentido irrenunciable de una cuestión de honor. Trabajando siempre a favor de todos los mexicanos y no solo por nuestros compañeros de Partido
ARTÍCULO 4. El priísta, en el ejercicio de esa moral, debe ser leal, honesto, responsable y solidario sobre todas las cosas, a la República , a las Instituciones Nacionales, al Partido y a las reivindicaciones que éste postula en beneficio del Pueblo y de la Nación.
ARTÍCULO 5. En el orden estrictamente partidista debe mostrar su voluntad permanente de contribuir a la unidad del Partido, a su firme cohesión, a su capacidad orgánica para encabezar las demandas populares, a la aplicación de sus normas internas y a que siempre sea, ante los ojos de la sociedad, una Institución prestigiada y confiable. Dejando de lado todo propósito de beneficio propio que cause ruptura o desprestigio al Partido.
ARTÍCULO 6. El militante priísta debe cuidar auténticamente todos los valores del Partido, igual los de carácter material que los simbólicos. Para ello debe comprometerse, de manera honesta e irrenunciable, con la estricta observancia de los principios, los valores y el proyecto político de nuestra organización. Deberá defender éste, discutirlo internamente, enriquecerlo de buena fe y rechazar cualquier forma que privilegie ventajas personales o de grupo, publicitarias o de cualquier tipo frente a los acuerdos, consensos y líneas políticas de acción del Partido.
ARTÍCULO 7. Los priístas deberán ratificar la prioridad y superioridad de los ideales, principios, valores y programas del Partido sobre cualquier aspiración personal o de grupo. Los problemas internos y aún algunos de índole exterior que impacten el desempeño partidario deben ser primeramente debatidos en el seno del Partido a través y por medio de sus distintas instancias, con apego a la verdad, con pleno sentido de responsabilidad, respeto, sin ningún afán de ventaja publicitaria individual o de grupo. Todo priísta debe sentirse obligado a defender sus convicciones y a mantener la fidelidad con el proyecto y programa del Partido cuando se exprese en su calidad de priísta.
ARTÍCULO 8. Para los efectos de la aplicación del presente Código se entiende por:
Militancia: Adhesión a los principios y valores del Partido, la cual se adquiere con participación comprometida y trabajo.
Lealtad: Cumplimiento de lo exigido por las leyes de la fidelidad, por su pertenencia al Partido Revolucionario Institucional.
Disciplina: Observancia de las normas estatutarias del Partido y aceptación y cumplimiento de los acuerdos tomados por los órganos competentes.
Constancia: Militancia permanente, continuada y debidamente acreditada.
Honestidad: Es actuar con rectitud y probidad, procurando satisfacer los intereses de la República y el Partido.
Veracidad: El militante debe ser cierto y claro en sus manifestaciones al momento de rendir informe sobre sus obligaciones partidarias o como servidor público, con el objeto de contribuir a la credibilidad y transparencia del Partido.
ARTÍCULO 9. Nuestros militantes, pero con mayor razón nuestros candidatos, deben comprometerse a cumplir el Código de Ética Partidaria, materia de este apartado, en estos términos: "¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, así como el Código de Ética Partidaria desempeñando el cargo político que se le ha conferido, con un alto sentido de dedicación al servicio de los intereses del pueblo y sujeto a que la Revolución y el Partido se lo demande o se lo reconozca?". Quienes protestan contestarán: "¡Sí, Protesto!"
ARTÍCULO 10. En las contiendas electorales deben siempre elevar el debate, manejándolo racionalmente, sin argumentos que puedan inducir a engaños ni a confusión, sin basarse en la descalificación del oponente, y en la fase final del proceso defender su victoria con energía y con estricto apego a la legalidad.
ARTÍCULO 11. Se exige a los militantes, cuadros y dirigentes, así como al priísta que alcance un puesto de elección popular, de cualquier nivel, a que desempeñe una función administrativa, por elevada que sea su jerarquía, en términos de Código de Ética Partidaria, la estricta observancia de la ley, la preservación de los bienes de la Nación encomendados a su cuidado, la eficiencia en su función y respeto a los altos intereses de nuestro país. Se exige en todo caso, probidad en sus actos.
ARTÍCULO 12. A tales servidores corresponde, primordialmente, exigir ante la opinión pública de origen priísta, la eficacia y limpieza moral de la Administración Pública. Además, y como una cuestión fundamental, el Partido obliga a que los servidores públicos deben ser de probada convicción liberal, revolucionaria, nacionalista y estrictos observantes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 13. Los militantes deberán ratificar expresamente su lealtad con México, su lealtad con la República , su lealtad con su Partido y con los valores y reivindicaciones del Pueblo de México. Igualmente deben ratificar expresamente su compromiso con la ética política, la honestidad, la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus funciones.
Harán expresa su voluntad de participación política alentada por principios y valores superiores, desechando intereses personales o de grupos ajenos a los intereses de la República y a los principios y valores del Partido.
El Partido Revolucionario Institucional exige de los militantes estricto apego a la ley y el más alto cumplimiento de las responsabilidades partidarias, conforme a la ética, tendrán además de las establecidas, las siguientes: lealtad, responsabilidad y disciplina, desechando intereses personales o de grupo, ajenos a los principios y valores del Partido. En el entendido de que la inclusión de las causas de la sociedad traen como consecuencia la ciudadanización del Partido, siempre y cuando se apeguen a los documentos básicos.

ARTÍCULO 14. Todo militante del Partido Revolucionario Institucional que desempeñe un cargo de elección popular o en los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, en los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, conservará sus derechos ciudadanos, debiéndose conducir en todo tiempo con legalidad, dignidad y transparencia en los términos que imponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Documentos Básicos del Partido y, en su caso, la Plataforma Electoral que diera origen a su cargo, y en general las disposiciones jurídicas que rijan en el ejercicio de su encomienda.
ARTÍCULO 15. Los militantes priístas que por promoción del Partido desempeñen cargos de dirección partidista o elección popular, o que sean servidores de la Administración Pública comprometidos con el PRI, deberán ratificar ante el Consejo Político correspondiente su obligación moral de informar con honestidad sobre los resultados de su gestión ante los electores y/o los propios Consejos.
Asimismo, quienes ocupen cargos de dirigencia partidaria, deberán cumplir escrupulosamente con la normatividad y manejar con probidad los recursos del Partido.
ARTÍCULO 16. El desempeño de la función pública implica la responsabilidad de ejercer un mandato legal y popular con el propósito de realizar debidamente todas aquellas actividades que corresponden al Estado en los ámbitos Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que buscan satisfacer necesidades colectivas para que estas se desarrollen dentro del marco vigente del Estado de Derecho.
Las necesidades colectivas se refieren a las condiciones indispensables para lograr el desarrollo político, económico y social de la población, en términos de igualdad de oportunidades y posibilidades.
ARTÍCULO 17. Todo priísta en el ejercicio de un cargo público, debe cumplir las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las disposiciones particulares de los Estados y Municipios. Especialmente con sus declaraciones patrimoniales, y evitando el conflicto de intereses.
El Partido Revolucionario Institucional observará la vigilancia y la administración del patrimonio que se encuentre en manos de cualquier priísta, para evitar el uso indebido de los recursos.
ARTÍCULO 18. Ningún Dirigente o Servidor Público de origen priísta podrá discriminar a otro, por razones de género, edad, prejuicio social o cualquier otra causa en el ejercicio de las tareas y responsabilidades que tenga encomendadas.
ARTÍCULO 19. Es obligación y responsabilidad de los militantes del Partido custodiar y cuidar la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad, impidiendo el mal uso, la sustracción, la destrucción, el ocultamiento o la inutilización indebida de la misma.
ARTÍCULO 20. Es una obligación de los militantes, cuadros y dirigentes abstenerse de continuar en el ejercicio de sus funciones, después de concluido el periodo para el cual se le designó o de haber cesado en él por alguna otra causa.- Igualmente renunciará a desempeñar otro empleo o comisión oficial que la ley le prohíba.
ARTÍCULO 21. Para ratificar una vez más nuestra posición de no utilizar recursos del Estado en la acción política, los militantes deberán abstenerse de emplear, por cualquier medio, recursos físicos, financieros o humanos provenientes del patrimonio estatal en sus distintos niveles, así como recibir apoyos financieros de personas con patrimonio de dudosa procedencia.
ARTÍCULO 22. Ningún militante del Partido podrá propiciar o autorizar la selección o designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente, por disposición de la Ley o por los Estatutos del Partido, para ocupar un cargo de elección popular o comisión en el servicio administrativo.
ARTÍCULO 23. Los militantes que ocupen un puesto público deberán abstenerse de intervenir, en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, o en los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, con socios o sociedades de las que el propio militante, o las personas antes referidas, formen parte.
ARTÍCULO 24. Los militantes deberán cuidar estrictamente la información reservada a que tengan acceso debido a sus funciones.
ARTÍCULO 25. Es obligación de los militantes con un cargo de elección popular informar semestralmente por lo menos, a los Consejos Políticos correspondientes del desempeño de sus funciones, a fin de demostrar que son acordes con la voluntad de sus votantes y con los postulados políticos y principios del Partido.
ARTÍCULO 26. El incumplimiento de los principios señalados en los artículos anteriores, dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de hacer valer sus derechos partidistas conforme a las normas internas del Partido.
En el caso de miembros que ejerzan cargos de dirección, las violaciones y desviaciones les harán acreedores a la suspensión temporal de sus funciones, hasta la resolución que se dicte en los términos del artículo 27 de este Código.

ARTÍCULO 27. La Comisión de Justicia Partidaria y la Defensoría de los Derechos de los Militantes, deberán conocer de las infracciones que se cometan al presente Código, en términos de sus respectivas competencias.
El Partido tiene obligación de denunciar al militante que contravenga este Código, para que sea sometido al procedimiento estatutario a que haya lugar por la falta cometida.

Artículo 1. El Partido Revolucionario Institucional es un partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad; los superiores intereses de la Nación; los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos.
Artículo 2. El Partido Revolucionario Institucional está constituido y organizado conforme a las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las constituciones políticas de las entidades de la Federación y de sus leyes reglamentarias.
Artículo 3. El Partido Revolucionario Institucional impulsa la participación ciudadana que se expresa en la diversidad social de la nación mexicana con la presencia predominante y activa de las clases mayoritarias, urbanas y rurales, que viven de su trabajo, manual e intelectual, y de los grupos y organizaciones constituidos por jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas cuya acción política y social permanente, fortalece las bases sociales del Estado Mexicano.
El Partido está formado por la alianza social, plural y democrática de las organizaciones sociales que desde su fundación han integrado sus sectores Agrario, Obrero y Popular, y por ciudadanos considerados individualmente o agrupados en organizaciones nacionales y adherentes que sostienen una plataforma de principios y programa de acción que se identifican con los postulados de la Revolución Mexicana.
El Partido promueve la participación política de los mexicanos residentes en el extranjero como integrantes de la Nación y destaca su importancia para la vida política, económica, social y cultural del país.
Artículo 4. El Partido Revolucionario Institucional es un partido político nacional en permanente transformación interna y de frente a la Nación, que mantendrá el compromiso de anticipar y adecuar sus planes, programas y acciones a los cambios vertiginosos del mundo moderno, mediante la integración de propuestas visionarias y estrategias de largo plazo que lo ubiquen como el partido de vanguardia en el siglo XXI.
Artículo 5. El emblema y los colores que caracterizan y diferencian al Partido se describen como sigue:
Un círculo dividido en tres secciones verticales destacadas en color verde, blanco y rojo de izquierda a derecha, respectivamente, enmarcadas en fondo gris la primera y la última y en fondo blanco la segunda. En la sección verde estará impresa en color blanco la letra "P"; en la sección blanca y en color negro la letra "R"; y en la sección roja la letra "I" en color blanco. La letra "R" deberá colocarse en un nivel superior a las otras dos.
El lema del Partido Revolucionario Institucional es "Democracia y Justicia Social".
Los órganos del Partido y sus candidatos en campaña deberán utilizar emblema, colores y lema del Partido; los sectores, organizaciones y militantes que deseen utilizarlo para asuntos y con propósitos específicos podrán hacerlo sin fines de lucro y únicamente con autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional, o de los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, los municipales o delegacionales.
El Comité Ejecutivo Nacional recurrirá, en su caso, a las instancias legales que considere pertinentes, denunciando el uso indebido de los elementos señalados sin la autorización a que se refiere el párrafo anterior.
Únicamente la Asamblea Nacional podrá autorizar cambios al emblema, colores o lema del Partido.
Artículo 6. El Partido Revolucionario Institucional manteniendo siempre su independencia absoluta, celebrará convenios de cooperación e intercambio de índole política con entidades, organizaciones y partidos políticos extranjeros, de carácter progresista, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes reglamentarias electorales y estos Estatutos.
Artículo 7. El Partido podrá constituir frentes, coaliciones y candidaturas comunes con partidos políticos, así como acuerdos de participación con agrupaciones políticas nacionales y otras organizaciones en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las constituciones políticas de los estados de la Federación, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellas emanan. Para conformarlas en las entidades federativas el Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal correspondiente solicitará el Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.
En todo lo anterior el PRI garantizará la equidad de género en cumplimiento pleno a lo ordenado en los artículos 167 y 168 de estos Estatutos.
Artículo 8. Para la formación de coaliciones, acuerdos de participación o cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación corresponda al Consejo Político Nacional, se observará el siguiente procedimiento:
I. Tratándose de elecciones de Presidente de la República, Senador por el principio de mayoría relativa y Diputado Federal por el mismo principio, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional someterá la coalición al conocimiento y, en su caso, aprobación del Consejo Político Nacional, cuidando los tiempos que la ley previene para el registro de coaliciones; y
II. Tratándose de las elecciones de Senador y Diputado Federal por el principio de representación proporcional, el Comité Ejecutivo Nacional presentará la solicitud para formar la coalición ante el Consejo Político Nacional para su conocimiento y aprobación en su caso.
Artículo 9. Para la formación de coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de participación o cualquier alianza con partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación corresponda conforme a los presentes Estatutos a los Consejos Políticos Estatales o del Distrito Federal se observará lo siguiente:
I. Tratándose de elecciones de Gobernador o Jefe de Gobierno, Diputado Local por el principio de mayoría relativa, Ayuntamiento, Diputado a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa y Jefe Delegacional en el Distrito Federal, el Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal que corresponda, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, deberá presentar la solicitud para formar la coalición o postular la candidatura común ante el Consejo Político respectivo, el cual discutirá y, en su caso, aprobará;
II. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal deberán escuchar las opiniones de los consejos políticos municipales o delegacionales cuando la naturaleza de la elección lo requiera;
III. Tratándose de coaliciones para la elección por el principio de representación proporcional, ya sea de Diputado Local o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, según corresponda, previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional presentará la solicitud directamente ante el Consejo Político respectivo, para su conocimiento y, en su caso, aprobación; y
IV. Para todas las coaliciones, alianzas o candidaturas comunes, concertadas para cargos de elección popular en las entidades federativas, cada Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal actuará de acuerdo con los plazos y procedimientos que determine la ley electoral que corresponda.

Artículo 10. El Partido impulsa el perfeccionamiento del sistema político mexicano a través del ejercicio democrático, a fin de que el poder público sea expresión genuina de la voluntad mayoritaria del pueblo mediante el sufragio universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible. Rechaza cualquier acción, práctica o acuerdo que altere, oculte o anule la voluntad ciudadana expresada en el voto.
Artículo 11. El Partido Revolucionario Institucional tiene, además de los prescritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes fines:
I. Competir democráticamente por el poder público;
II. Alcanzar, ejercer y mantener democráticamente el poder para llevar a la práctica sus Documentos Básicos;
III. Vigilar y exigir que los integrantes de los poderes públicos, federales y locales, cumplan sus responsabilidades democráticas y ejerzan el poder y sus funciones dentro de los límites constitucionales y legales en beneficio de los mexicanos;
IV. Atender las causas ciudadanas, las expresiones, opiniones y aspiraciones de la sociedad, a fin de que sus demandas se conviertan en políticas públicas;
V. Establecer programas permanentes de capacitación política, ideológica y electoral de sus militantes y simpatizantes; y
VI. Aquéllos que sean complementarios de los anteriores.

Artículo 12. El Partido Revolucionario Institucional se rige por los principios y normas contenidos en su Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos, y en las resoluciones de la Asamblea Nacional y del Consejo Político Nacional.
Artículo 13. Los principios y normas a que se refiere el artículo anterior serán de observancia obligatoria para todos sus miembros, organizaciones y sectores.
Artículo 14. Es competencia de la Asamblea Nacional, reformar o adicionar los Documentos Básicos por el voto mayoritario de sus delegados.
El Consejo Político Nacional, en caso debidamente justificado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los consejos políticos estatales y del Distrito Federal, podrá reformar o adicionar el Programa de Acción y los presentes Estatutos, con excepción del Título Primero, que forman parte de los Documentos Básicos del Partido; así como el Código de Ética Partidaria.
Cuando por reforma legal o por resolución de las autoridades electorales sea necesario modificar los estatutos del Partido, la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional por mayoría simple podrá hacer las adecuaciones pertinentes sujetándose únicamente a lo ordenado.
Las reformas o adiciones correspondientes deberán ser comunicadas al Consejo Político Nacional.
Artículo 15. Las adiciones y reformas a que se refiere el Artículo anterior se harán del conocimiento de la autoridad electoral en los términos de la ley.
Artículo 16. La Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional emitirá, para el mejor ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones de los miembros del Partido, los siguientes instrumentos normativos:
I. Reglamento del Consejo Político Nacional;
II. Reglamento Interior de las comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria;
III. Reglamento de Estímulos y Reconocimientos;
IV. Reglamento de Sanciones;
V. Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Procesos Internos;
VI. Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos;
VII. Reglamento de Medios de Impugnación;
VIII. Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas;
IX. Reglamento de las Organizaciones Adherentes;
X. Acuerdo General de Financiamiento; y
XI. Los demás que sean necesarios.
La reglamentación del Código de Ética Partidaria es facultad del Consejo Político Nacional.
Artículo 17. El Consejo Político Nacional determinará el procedimiento para la elaboración y aprobación de estos instrumentos normativos y el de sus reformas y adiciones.
Para que las reformas o adiciones de los instrumentos normativos sean validadas, se requerirá de la presencia de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo Político Nacional y el voto de la mayoría absoluta de los asistentes, así como de la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal.
En todos los casos la votación será nominal y en caso de empate el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad.
Artículo 18. Tienen la atribución de presentar propuestas de reformas y adiciones a las normas internas del Partido Revolucionario Institucional, el Presidente y demás miembros del Consejo Político Nacional; los presidentes y demás miembros de los consejos políticos estatales y del Distrito Federal.
Las reformas o adiciones se publicarán en “La República” órgano oficial de difusión del Partido y en su página de Internet.
Artículo 19. A toda iniciativa de reformas o adiciones deberá recaer un acuerdo del Consejo Político Nacional.
Artículo 20. El Consejo Político Nacional, con fundamento en las disposiciones contenidas en los instrumentos normativos, aprobará los planes, programas y plataformas electorales que normarán las actividades del Partido y de sus miembros.
Artículo 21. Los Documentos Básicos y sus reformas o adiciones entrarán en vigor de conformidad con lo dispuesto por la legislación de la materia y se publicarán en el órgano de difusión del Partido.

Artículo 22. El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente y suscriban los Documentos Básicos del Partido. Los integrantes individuales del Partido podrán incorporarse libremente a las organizaciones de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.

Artículo 23. El Partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías, conforme a las actividades y responsabilidades que desarrollen:
I. Miembros, a los ciudadanos, hombres y mujeres, en pleno goce de sus derechos políticos, afiliados al Partido;
II. Militantes, a los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las obligaciones partidarias;
III. Cuadros, a quienes con motivo de su militancia:
a) Hayan desempeñado cargos de dirigencia en el Partido, sus sectores, organizaciones nacionales y adherentes.
b) Hayan sido candidatos del Partido, propietarios o suplentes, a cargos de elección popular.
c) Sean o hayan sido comisionados del Partido o representantes de sus candidatos ante los órganos electorales y casillas federales, estatales, municipales y distritales. d) Hayan egresado de las instituciones de capacitación política del Partido, o de los centros especializados de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes, y desempeñado comisiones partidistas.
e) Desempeñen o hayan desempeñado un cargo de responsabilidad política, dentro de los diferentes órganos de dirección del Partido o en sus organizaciones en los diversos niveles de su estructura.
f)Participen de manera formal y regular durante las campañas electorales de los candidatos postulados por el Partido.
g) Quienes hayan participado en asambleas y convenciones del Partido.
h) Los directivos de las fundaciones y de los organismos especializados y sus antecedentes; y
IV. Dirigentes, a los integrantes:
a) De los órganos de dirección deliberativos, previstos en las fracciones I, II, VI y VII del artículo 64;
b) De los órganos de dirección ejecutivos, previstos en las fracciones III y X del artículo 64;
c) De los órganos de defensoría y jurisdiccionales, previstos en las fracciones IV, V, VIII y IX del artículo 64; y
d) De los órganos de representación territorial previstos en la fracción XI del artículo 64 y el párrafo segundo del artículo 53.
El Partido registrará ante las autoridades competentes a los integrantes de los órganos de dirección ejecutivos.
El Partido asegurará la igualdad de derechos y obligaciones entre sus miembros, con las excepciones y limitaciones que impongan las leyes en cuanto al ejercicio de derechos políticos y las salvedades que establecen los presentes Estatutos.
Las relaciones de los afiliados entre sí, se regirán por los principios de igualdad y equidad de derechos y obligaciones que les correspondan.
Artículo 24. Independientemente de las categorías a que hace referencia el Artículo anterior, el Partido reconoce como simpatizantes a los ciudadanos no afiliados que se interesan y participan en sus programas y actividades.
Los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:
I. Solicitar su afiliación como miembros del Partido;
II. Participar de los beneficios sociales, culturales y recreativos derivados de los programas del Partido; y
III. Ejercer su derecho a voto, por candidatos o dirigentes del Partido, cuando las convocatorias respectivas así lo consideren.

Artículo 25. La estructura sectorial del Partido se integra por las organizaciones que forman sus sectores Agrario, Obrero y Popular.
Las organizaciones de los sectores conservan su autonomía, dirección y disciplina interna en cuanto a la realización de sus fines propios. La acción política de los afiliados, que a su vez lo sean del Partido, se realizará dentro de la estructura y organización partidista y con sujeción a estos Estatutos.
Artículo 26. Los sectores Agrario, Obrero y Popular son la base de la integración social del Partido; expresan las características de clase de sus organizaciones y mantienen la plena identidad de intereses y propósitos de sus militantes individuales; y actúan para vigorizar la solidaridad social de sus militantes y para luchar por sus intereses económicos y sociales, cumplir con mayor eficiencia sus tareas políticas y elevar su preparación ideológica, a fin de fortalecer su conciencia sobre la responsabilidad histórica que les corresponde en las transformaciones que requiere la sociedad.
Los sectores del Partido deberán profundizar y ampliar la acción partidista en los centros que constituyen la unidad básica, económica y social de sus organizaciones y coordinará esa acción con las que el Partido realiza por medio de sus órganos.
Artículo 27. Los sectores y organizaciones podrán establecer alianzas y adoptar estrategias conjuntas, siempre que no contravengan ninguna disposición de los presentes Estatutos.
Artículo 28. El Sector Agrario está constituido por las organizaciones campesinas, que históricamente han estado adheridas al Partido, así como las que se incorporen en el futuro. En este sentido, mantendrá una política de activismo permanente, privilegiando las causas más sentidas de la sociedad.
Artículo 29. El Sector Obrero está constituido por las organizaciones de trabajadores, que históricamente han estado adheridas al Partido, así como las que se incorporen en el futuro. En este sentido, mantendrá una política de activismo permanente, privilegiando las causas más sentidas de la sociedad.
Artículo 30. El Sector Popular está constituido por las organizaciones de ciudadanos con intereses populares compartidos, que históricamente han estado adheridas al Partido, así como las que se incorporen en el futuro. En este sentido, mantendrá una política de activismo permanente, privilegiando las causas más sentidas de la sociedad.

Artículo 31. Podrán ser integrantes del Partido las organizaciones que en cumplimiento a las normas que las rigen, se adhieran y protesten cumplir los Documentos Básicos, tanto las integradas por individuos como las conformadas a su vez por otras organizaciones y cumplan con los siguientes requisitos:
I. Contar con un mínimo de 3,000 asociados en todo el país que se asuman militantes o simpatizantes del Partido y con órgano directivo de carácter nacional, además de tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas, salvo los casos de excepción que para tal efecto prevea el Reglamento; y
II. Disponer de documentos básicos que sean congruentes con los del Partido Revolucionario Institucional, así como una denominación distinta a cualquier otra organización o Partido.
La solicitud de registro se presentará a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, debiendo presentar la relación de sus integrantes que estén afiliados al Partido en los términos del artículo 54, así como los documentos que norman su integración, actividades y objetivos, a fin de constatar que están en concordancia con los lineamientos y normas establecidas en los documentos y normas básicas del Partido.
Las organizaciones adherentes perderán su registro por haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtenerlo.
Artículo 32. Las organizaciones adherentes podrán agruparse en los sectores del Partido, de acuerdo con el carácter preponderante de sus intereses ciudadanos y de clase.
Artículo 33. El Partido apoyará a las organizaciones adherentes a través de cualquiera de las siguientes acciones:
I. Contribuir a la realización de objetivos comunes;
II. Apoyar sus luchas reivindicatorias cuando así lo soliciten; y
III. Coordinar su participación en acciones de apoyo a los gobiernos emanados del Partido.
El Partido coordinará la participación de las organizaciones adherentes en las acciones que sirvan de apoyo a los gobiernos emanados del mismo y promoverá a través de procedimientos democráticos a sus militantes a cargos de dirigencia, de elección popular y de la administración pública, valorando su convicción ideológica, militancia y trabajo partidista.
Artículo 34. Las organizaciones tienen los siguientes derechos:
I. Representar a la estructura sectorial en asambleas, consejos políticos y convenciones, en proporción al número de militantes individuales afiliados al Partido;
II. Postular candidatos a cargos de dirigencia y representación popular en los procesos internos del Partido, y a través de las organizaciones que a su vez los agrupen, en los términos de estos Estatutos; y
III. Participar en la elección de dirigentes y candidatos.
Artículo 35. Todas las organizaciones del Partido tienen las siguientes obligaciones:
I. Enriquecer el Registro Partidario;
II. Proponer militantes del Partido para que actúen como representantes y como activistas en los procesos electorales constitucionales;
III. Promover permanentemente la afiliación individual y voluntaria de sus militantes al partido y llevar el registro puntual y actualizado de los mismos por seccional;
IV. Capacitar permanentemente a sus militantes con el apoyo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C. y, en su caso, de la Fundación Colosio A.C.
V. Acatar y difundir a plenitud los principios que el Partido sustenta en sus Documentos Básicos y los instrumentos normativos señalados en el artículo 16 de los presentes estatutos; y
VI. Cubrir sus aportaciones económicas al Partido.

Artículo 36. Al interior del Partido, las mujeres se integrarán en un solo organismo de carácter nacional, incluyente, denominado Organismo Nacional de Mujeres Priístas mismo que se normará por sus documentos básicos, y que integra a las mujeres de los Sectores, las Organizaciones y los grupos ciudadanos, así como a las mujeres que se afilien libre, voluntaria e individualmente.
El Organismo Nacional de Mujeres Priístas establecerá en sus documentos básicos su vinculación con el Partido. Sus normas internas no podrán contravenir los principios del Partido Revolucionario Institucional. Sin menoscabo de su autonomía, los mecanismos y modalidades de renovación de sus dirigencias, deberán ser revisados por el Partido.
Las dirigentes del Organismo Nacional de Mujeres Priístas que resulten electas democráticamente a nivel nacional, estatal, municipal y delegacional, formarán parte de los comités respectivos y tendrán representación equivalente a la de los Sectores dentro de la estructura partidista.
Artículo 37. Los cargos de dirigencia de los comités Nacional, Estatales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales, no incluirán una proporción mayor al 50% de militantes de un mismo sexo.
Artículo 38. Las listas nacionales y regionales de candidatos a cargos de elección popular que por el principio de representación proporcional presente el Partido para su registro en las elecciones federales, en ningún caso incluirán una proporción mayor del 50% de militantes de un mismo sexo. Igual fórmula se aplicará para las listas estatales de candidatos a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en el caso de procesos electorales estatales, en los términos de la ley reglamentaria aplicable.
Artículo 39. El principio al que alude el artículo anterior deberá observarse en cada segmento de diez candidatos y se garantizará que la colocación sea de uno a uno.
Artículo 40. En la integración de las planillas para Ayuntamientos que el Partido registre para elecciones municipales no se incluirá una proporción mayor del 50% de militantes de un mismo sexo, tanto para propietarios como para suplentes, a excepción de aquellos municipios que se rigen por usos y costumbres y en los que sea consultada la militancia. Este principio deberá observarse en una frecuencia mínima de colocación para cualquier sexo de uno de cada tres lugares.
Artículo 41. El principio aludido en los Artículos precedentes se observará en las propuestas que, en su caso, presenten los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.
Artículo 42. En los procesos electorales federales y estatales que se rigen por el principio de mayoría relativa, el Partido impulsará, en términos de equidad, que no se postule una proporción mayor del 50% de candidatos propietarios de un mismo sexo, salvo el caso en que sea consultada la militancia.
En los candidatos suplentes, el Partido garantizará la paridad de género.

Artículo 43. El Frente Juvenil Revolucionario es la organización de carácter nacional por medio de la cual los jóvenes se incorporan a la acción política del Partido y cuya acción y desarrollo se rige por sus documentos fundamentales, los cuales establecerán su vinculación con el mismo; sus normas internas no podrán contravenir los principios del Partido Revolucionario Institucional. Se integra por las estructuras del Frente Juvenil Revolucionario en las entidades federativas; las organizaciones juveniles sectoriales: Federación de Organizaciones Obreras Juveniles, Vanguardia Juvenil Agrarista, Juventud Popular Revolucionaria, Juventud Territorial, las organizaciones nacionales adherentes al Frente Juvenil Revolucionario, y las que se integren en el futuro; así como los jóvenes que se afilien libre, voluntaria e individualmente.
En las entidades federativas, en el ámbito municipal y delegacional, el Frente Juvenil Revolucionario se constituirá en los términos del presente artículo.
Artículo 44. El Frente Juvenil Revolucionario tiene los siguientes fines:
I. Vincularse con sentido crítico y propositivo a la lucha del pueblo mexicano por un desarrollo consolidado en la Justicia y Democracia Social;
II. Impulsar las políticas públicas que atiendan las demandas de los jóvenes mexicanos;
III. Acceder a cargos de dirigencia y de elección popular;
IV. Fomentar las tareas de activismo político y electoral del Partido;
V. Apoyar las campañas político electorales del Partido Revolucionario Institucional;
VI. Promover la incorporación de un mayor número de jóvenes al Partido y sus tareas políticas;
VII. Impulsar la participación de los jóvenes en el trabajo partidario y;
VIII. Promover el servicio social de los jóvenes que brinde apoyo a la población.
Artículo 45. El Partido conforme al principio de proporcionalidad incluirá a jóvenes en los cargos de dirigencia y candidaturas a cargos de elección popular.
En la estructura territorial, tanto en los ámbitos nacional, estatal, municipal, y delegacional se incluirá al menos una tercera parte a jóvenes en cargos de dirigencia.
En los procesos electorales federales, estatales y del Distrito Federal, municipales y delegacionales que se rigen por el principio de mayoría relativa, el Partido impulsará a jóvenes como candidatos propietarios, en una proporción no menor al 30%; asimismo, el Partido garantizará incluir a jóvenes de candidatos suplentes en una proporción no menor al 30%.
En las listas nacional, por circunscripción plurinominal, estatales y del Distrito Federal de candidatos a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional que el Partido registre en las elecciones federal, estatales y del Distrito Federal, se deberá incluir a jóvenes como candidatos propietarios y suplentes en una proporción no menor del 30%.
En la integración de planillas para Ayuntamientos que correspondan a los procesos electorales municipales y que el Partido registre, se deberá incluir a jóvenes como candidatos propietarios y suplentes en una proporción no menor del 30%.
Artículo 46. El Partido se compromete con los jóvenes para:
I. Alentar sus expresiones sociales, políticas y culturales;
II. Propiciar su vinculación con la población mediante el servicio social.
III. Formar políticos jóvenes e impulsar su educación.
IV. Canalizar a los jóvenes que se incorporen a la estructura del Partido para su capacitación política e ideológica al Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., y a
la Fundación Colosio, A.C.; y
V. Impulsar su desarrollo para que accedan a cargos de dirigencia y de elección popular.
Artículo 47. En el ámbito de los presentes Estatutos, el Frente Juvenil Revolucionario tiene plena autonomía para decidir libre y democráticamente la integración de sus órganos directivos y su funcionamiento interno. Sin menoscabo de su autonomía, los mecanismos y modalidades de renovación de sus dirigencias, deberán ser revisados por el Partido Revolucionario Institucional.
En respeto de esta misma autonomía, para los cargos de dirigencia del Frente Juvenil Revolucionario, en lo referente a la edad, se estará a lo dispuesto en sus documentos fundamentales, en donde se establecerá un límite de hasta 29 años.
Asimismo, en cuanto a jóvenes que accedan a cargos de dirigencia partidista y de elección popular, el límite de edad será de hasta 35 años.

Artículo 48. La Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria , A. C. está conformada por un Consejo, integrado por dirigentes del Partido en todos sus niveles, por los militantes de la Asociación y por los militantes que estime, quienes serán garantes de los principios del Partido y en especial de los principios de la Revolución Mexicana.
El lema de la Asociación es: "Unidad Revolucionaria, Revolución Presente".
Artículo 49. La Asociación tiene las siguientes funciones:
I. Preservar, estudiar y difundir los principios de la Revolución Mexicana;
II. Editar libros y formar la biblioteca respectiva sobre la Revolución Mexicana y proponer la creación de un Centro de Estudios y Difusión de la Revolución Mexicana; y
III. Promover, en coordinación con los sectores, organizaciones nacionales y adherentes, así como con los organismos especializados del Partido, ciclos de conferencias, círculos de estudio, foros y demás eventos culturales, sobre los principios de la Revolución Mexicana.

Artículo 50. El Partido reconoce como instancia de participación al Instituto Político Empresarial, el que se integra por empresarios nacionalistas, comprometidos con los ideales del propio Partido.

Artículo 51. La Estructura Territorial se integra por los comités seccionales en los que se agrupan los miembros del Partido individualmente, en cada una de las secciones en que se dividen los distritos uninominales del país.
El Comité Seccional es la unidad básica partidista, para organizar y llevar a cabo la acción política y la actividad electoral permanente de los priístas.
El Comité Seccional será el centro renovado y activo de la vida política y cultural, de acción electoral y de iniciativas para el desarrollo de la comunidad, así como para la creación y ampliación de círculos de afiliados y de simpatizantes. En él se promoverán, dirigirán y coordinarán las actividades básicas del Partido, así como las acciones solidarias en apoyo de las que lleven a cabo las organizaciones de los sectores.
Cada Sector tendrá presencia en los órganos señalados en el párrafo anterior, según la proporción de militantes que tenga afiliados individualmente en el Registro Partidario.
Artículo 52. Los miembros, militantes, simpatizantes y cuadros del Partido deberán apoyar la acción del Comité Seccional de su respectivo domicilio y propiciar el mayor acercamiento posible con sus integrantes, debiendo informar de sus relaciones y actividades a los comités municipales o delegacionales que correspondan.

Artículo 53. El Movimiento Territorial es una estructura nacional, autónoma y con estatutos propios, que orienta sus actividades a los asentamientos humanos en áreas urbanas y tiene por objeto impulsar y conducir la participación de las comunidades en el mejoramiento de su calidad de vida.
El Movimiento Territorial se organiza a partir de Comités de Base, que se integran con un mínimo de 5 miembros, y simpatizantes; tiene como función primordial el apoyar a los liderazgos naturales y el activismo político del Partido.
Actúa en unidades territoriales identificadas por la existencia de intereses comunes y nuevas causas sociales, que pueden abarcar varias demarcaciones seccionales, y se vincula y coordina con los órganos ejecutivos del Partido a través de su dirigencia en el nivel respectivo.
El Movimiento Territorial deberá coordinar sus acciones con la estructura seccional, municipal, o delegacional, estatal y nacional, a efecto de que cada una de ellas cumpla con la actividad política y social que le corresponde de acuerdo a los presentes Estatutos.

Artículo 54. Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.
Artículo 55. La afiliación al Partido se hará ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante, ante el comité municipal o delegacional, estatal o nacional correspondiente o en los módulos itinerantes o temporales establecidos para tal fin, así como en Internet, quienes notificarán al órgano partidista superior para que se incluya en el Registro Partidario, refiriendo al afiliado al seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.
Una vez afiliado, el Partido otorgará al ciudadano la credencial y documento que acredite su calidad de miembro.
En tratándose de reafiliación de aquéllos que hayan salido del partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, la Comisión de Justicia Partidaria que corresponda deberá hacer la declaratoria respectiva una vez que el interesado acredite haber cumplido con el proceso de capacitación ideológica.
La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.
Artículo 56. Al afiliarse el nuevo miembro, adopta su vínculo activo, ideológico y programático con el Partido, protestando cumplir con los Documentos Básicos.
Una vez afiliado en lo individual, podrá solicitar su adhesión al sector u organización que satisfaga sus intereses y necesidades.
Las actividades de dirección política que presten los militantes al Partido no serán consideradas relaciones laborales.

Artículo 57. Los miembros del Partido Revolucionario Institucional tienen las siguientes garantías:
I. Libertad de expresión oral y escrita al interior del Partido, sin más límites que el respeto a sus integrantes y a la unidad del Partido;
II. Libertad de suscribir corrientes de opinión y de hacer propuestas de adición o reformas al contenido de los Documentos Básicos e instrumentos normativos del Partido;
III. Garantía de audiencia con las instancias correspondientes de dirección del Partido, organización o sector; y
IV. Igualdad partidaria, entendida como igualdad de oportunidades en igualdad de circunstancias, para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones y responsabilidades
que señalan las leyes y los Documentos Básicos, así como los instrumentos normativos que señala el Artículo 16 de estos Estatutos.
V. Incorporarse al Sector, Movimiento Territorial u organización que sea afín a sus intereses y causas sociales.
VI. Estar inscrito en los padrones de militantes y capacitación, nacionales y estatales así como en los registros de enterantes de cuotas.
Artículo 58. Los miembros del Partido Revolucionario Institucional tienen los derechos siguientes:
I. Hacer de la carrera partidista un espacio para su desarrollo político, en base al registro de las tareas partidarias;
II. Acceder a puestos de elección popular, previo cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias;
III. Acceder a puestos de dirigencia del Partido, previo cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias;
IV. Impugnar por los medios legales y estatutarios, los acuerdos, disposiciones y decisiones legales y estatutarias;
V. Votar y participar en procesos internos para elegir dirigentes y postular candidatos, de acuerdo al ámbito que les corresponda y a los procedimientos establecidos en los términos de los presentes Estatutos y de la convocatoria respectiva;
VI. Recibir capacitación política y formación ideológica;
VII. Presentar iniciativas, proyectos, programas y propuestas sobre los fines y actividades del Partido y participar en las deliberaciones de los órganos encargados de resolverlos;
VIII. Interponer ante el órgano competente, como complemento al derecho de audiencia, los recursos contra las sanciones que les sean impuestas;
IX. Solicitar a las Comisiones de Justicia Partidaria investigar las presuntas violaciones a los Documentos Básicos; y
X. Los demás que les confieran estos Estatutos.

Artículo 59. Los militantes del Partido tienen las obligaciones siguientes:
I. Conocer, acatar y promover los Documentos Básicos del Partido;
II. Cubrir sus cuotas puntualmente en los términos que determine el Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas;
III. Apoyar las labores políticas y electorales del Partido en la sección electoral que corresponda a su domicilio;
IV. Fungir como representantes de casilla cuando el Partido lo designe para ese cargo; y
V. Votar y participar en los procesos internos para elección de dirigentes y postulación de candidatos, en los términos y procedimientos establecidos en los presentes Estatutos, el Reglamento y la convocatoria respectivos.

Artículo 60. Los cuadros del Partido tienen, además de las establecidas en el artículo anterior, las obligaciones siguientes:
I. Mantener vínculos activos y permanentes con las estructuras partidarias, a fin de apoyar el desarrollo y cumplimiento de sus tareas y objetivos; aportar su experiencia y conocimientos así como colaborar en las actividades de Partido cuando así se requiera;
II. Asegurar en el cumplimiento de sus funciones la congruencia con el Programa de Acción y las plataformas electorales ofertadas en campaña;
III. Regir sus actos de gobierno de acuerdo con el Programa de Acción y las plataformas electorales sostenidas en campaña;
IV. Ratificar públicamente su militancia y compromiso partidista y mantener en sus acciones de gobierno el beneficio general de la comunidad;
V. Promover la defensa de los intereses del Partido en el desarrollo de los procesos electorales en que participen;
VI. Promover y difundir los Documentos Básicos en sus comunidades, fortaleciendo la unidad de la militancia;
VII. Mantener una conducta de honorabilidad y vocación de servidores públicos y contribuir a dignificar la imagen del Partido; y
VIII. En el caso de los servidores de la administración pública, mandos medios y superiores, y de elección popular, además de las anteriores obligaciones, tendrán las siguientes:
a) Aportar mensualmente el 5 % de sus sueldos y dietas al Partido en la forma siguiente: los presidentes, síndicos, regidores y servidores públicos municipales o el jefe o servidores públicos delegacionales, al Comité Municipal o Delegacional respectivo; los Gobernadores o el Jefe de Gobierno, Diputados locales y servidores públicos estatales y del Gobierno del Distrito Federal, al Comité Directivo Estatal correspondiente o del Distrito Federal; el Presidente de la República , los Senadores, Diputados Federales y servidores públicos federales, al Comité Ejecutivo Nacional.
El incumplimiento de esta obligación en más de 3 ocasiones consecutivas, hará al infractor acreedor en forma directa a lo dispuesto por el artículo 225, fracción III de estos Estatutos.
b) Presentar ante los órganos de dirección del Partido y sus representados, en su caso, informe de sus tareas públicas.
IX.-Los presidentes de Comité, Secretarios de Finanzas, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, serán responsables solidarios de los adeudos y multas que le causen al Partido por la mala administración de los recursos y la falta o defectuosa comprobación de los egresos ante los órganos electorales.

Artículo 61. Los dirigentes del Partido tienen, además, las obligaciones siguientes:
I. Promover y vigilar el estricto cumplimiento de los Documentos Básicos y los instrumentos normativos señalados en el Artículo 16 de estos Estatutos;
II. Atender las solicitudes del Consejo Político respectivo y de la Comisión de Justicia Partidaria respectiva;
III. Dar audiencias y atender las demandas de los militantes que lo soliciten, de acuerdo a las normas y trámites correspondientes;
IV. Defender jurídica y políticamente todos y cada uno de los triunfos electorales del Partido; y
V. Desarrollar un programa de visitas a las comunidades;
VI. Abstenerse de ocupar cargo, empleo o comisión pública alguna en gobiernos emanados de algún otro partido distinto al Revolucionario Institucional, excepto aquellos que sean del personal sindicalizado, servicio civil de carrera y elección popular, así como los de carácter académico.
VII. Las demás derivadas de su cargo y de los Documentos Básicos e instrumentos normativos.
Artículo 62. Los consejos políticos y las Comisiones de Justicia Partidaria velarán por el cumplimiento de las obligaciones partidarias a que se refiere este Capítulo.
Artículo 63. Pierde su militancia quien:
I. Ingrese a otro partido político;
II. Acepte ser postulado como candidato por otro partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en los presentes Estatutos;
III. Deje de formar parte del grupo parlamentario del Partido en el órgano legislativo o edilicio a que pertenezca; y
IV. Apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido político, salvo en el caso de coaliciones o alianzas previstas en los estatutos.
La Comisión de Justicia Partidaria competente hará la declaratoria correspondiente.

Artículo 64. Los órganos de dirección del Partido son:
I. La Asamblea Nacional;
II. El Consejo Político Nacional;
III. El Comité Ejecutivo Nacional;
IV. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria;
V. La Defensoría Nacional de los Derechos de los Militantes;
VI. Las asambleas Estatales, del Distrito Federal, municipales, delegacionales y seccionales;
VII. Los consejos políticos Estatales, municipales y delegacionales;
VIII. Las Comisiones Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria;
IX. Las Defensorías Estatales y del Distrito Federal de los Derechos de los Militantes;
X. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, municipales o delegacionales; y
XI. Los comités seccionales.

Artículo 65. La Asamblea Nacional es el órgano supremo del Partido y se integra con:
I. El Consejo Político Nacional, en pleno;
II. El Comité Ejecutivo Nacional, en pleno;
III. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, en pleno;
IV. Presidentes de comités municipales y delegacionales, cuando menos en un número igual al de presidentes de comités seccionales;
V. Presidentes de comités seccionales, en el número que señale la Convocatoria;
VI. Los legisladores federales del Partido;
VII. Dos diputados locales por cada entidad federativa y dos diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
VIII. Presidentes municipales en el número y proporción que determine la convocatoria respectiva;
IX. Síndicos, donde proceda, y regidores en el caso de municipios gobernados por otros partidos, en el número y proporción que determine la convocatoria respectiva;
X. Los delegados de los Organismos Especializados y organizaciones nacionales del Partido en el número que determine la convocatoria respectiva y distribuidos en proporción al número de militantes afiliados individualmente al Partido, entre:
a) Las organizaciones del Sector Agrario;
b) Las organizaciones del Sector Obrero;
c) Las organizaciones del Sector Popular;
d) El Movimiento Territorial;
e) El Organismo Nacional de Mujeres Priístas;
f) El Frente Juvenil Revolucionario;
g) La Fundación Colosio, A. C.;
h) El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A. C.;
i) Las organizaciones adherentes, con registro nacional;
j) La Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A. C.; y
XI. Los delegados electos democráticamente, a partir de las asambleas municipales o delegacionales, cuyo número deberá constituir al menos un tercio del total de delegados de la Asamblea Nacional.
En la elección de estos delegados deberá garantizarse la paridad de género y la inclusión de una tercera parte de jóvenes. El Partido promoverá la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes.
Artículo 66. Los trabajos de la Asamblea Nacional estarán coordinados por una mesa directiva que tendrá la siguiente integración:
I. Un Presidente, que lo será el del Comité Ejecutivo Nacional;
II. Un Secretario, que lo será el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional; y
III. Los Vicepresidentes, Prosecretarios y Escrutadores que determine la convocatoria y que elija el pleno de la Asamblea.
Artículo 67. La Asamblea Nacional se celebrará en forma ordinaria cada tres años, en los términos del acuerdo que al respecto emita el Consejo Político Nacional y la correspondiente convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional. Por causa de fuerza mayor o pertinencia electoral la Comisión Política Permanente, podrá acordar ampliar el plazo para su celebración a un término no mayor de dieciocho meses.
"Por pertinencia electoral se entiende el hecho de estarse desarrollando un proceso interno de renovación del Comité Ejecutivo Nacional o del Consejo Político Nacional o bien un Proceso Electoral Federal para la renovación de cualquiera de los Poderes de la Unión".
En todos los casos la Asamblea Nacional deberá ser convocada para desarrollarse a partir de asambleas municipales y delegacionales como instancias de deliberación y elección de delegados.
La Asamblea Nacional sesionará en forma extraordinaria cuando lo solicite el Consejo Político Nacional, para desahogar los asuntos que expresamente señale la convocatoria correspondiente.
Artículo 68. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
I. Emitir y reformar los Documentos Básicos del Partido, a los que se refiere el Artículo 14 de estos Estatutos;
II. Conocer de la situación política y electoral que observe el Partido y definir las políticas y líneas de acción a seguir;
III. Elegir, en su caso, al Presidente y al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional;
IV. Analizar la situación nacional, el desempeño de los integrantes de los poderes públicos, así como el cumplimiento de las responsabilidades de los legisladores y servidores públicos, de filiación priísta, conforme a la Declaración de Principios, el Programa de Acción, los Estatutos y el Código de Ética Partidaria;
V. Formular los lineamientos políticos, económicos y sociales para la mejor aplicación de los principios y programas del Partido y el fortalecimiento del desarrollo nacional y revolucionario del país, así como de las luchas hacia las metas de la democracia y la justicia social;
VI. Conocer y aprobar, en su caso, el informe que deberá rendir el Consejo Político Nacional acerca de las actividades realizadas; y
VII. Las demás relacionadas con asuntos de interés general para el Partido que sean sometidas a su consideración, de acuerdo con la convocatoria respectiva, y aquéllas que por decisión mayoritaria acuerde discutir.

Artículo 69. El Consejo Político Nacional es el órgano deliberativo de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinado a la Asamblea Nacional, en el que las fuerzas más significativas del Partido serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política, en los términos de los presentes Estatutos.
El Consejo Político Nacional es un espacio de dirección colegiada que acerca y vincula a dirigentes, cuadros y militantes. Es un instrumento que promueve la unidad de acción del Partido, ajeno a intereses de grupos e individuos.
El Consejo Político Nacional no tendrá facultades ejecutivas.
Artículo 70. El Consejo Político Nacional estará integrado con:
I. El Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional;
II. Los expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional;
III. Los presidentes de los Comités Directivos Estatales y el del Distrito Federal;
IV. Un Presidente de Comité Municipal por cada estado y un Presidente de Comité Delegacional;
V. La tercera parte de los senadores de la República y de los diputados federales, insaculados o electos, para un ejercicio con vigencia de un año y presencia rotativa de los integrantes de ambas Cámaras. Entre los legisladores deberá incluirse a los respectivos coordinadores;
VI. Dos diputados locales por cada entidad federativa, electos por sus pares;
VII. Los gobernadores de filiación priísta;
VIII. Un Presidente Municipal por cada estado y un Jefe Delegacional, que serán en ambos casos electos entre sus pares;
IX. Diez consejeros de la Fundación Colosio, A. C.;
X. Diez consejeros del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A. C.;
XI. Tres representantes de los grupos de militantes con discapacidad y tres representantes de los adultos mayores, los que serán propuestos por las comisiones temáticas correspondientes;
XII. La representación de los sectores y organizaciones, electa democráticamente:
a) 50 consejeros del Sector Agrario.
b) 50 consejeros del Sector Obrero.
c) 50 consejeros del Sector Popular.
d) 50 consejeros del Movimiento Territorial.
e) 50 consejeras del Organismo Nacional de Mujeres Priístas.
f) 50 consejeros del Frente Juvenil Revolucionario.
g) 5 consejeros de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria.
h) 5 consejeros de la Asociación Nacional Revolucionaria “Gral. Leandro Valle”.
i) 3 consejeros por cada organización adherente, con registro nacional; y
XII. 480 consejeros electos democráticamente por voto directo y secreto a razón de 15 consejeros por entidad federativa, de los cuales al menos uno deberá ser Presidente de Comité Seccional.
En la elección de estos consejeros deberá atenderse la paridad de género, así como que al menos una tercera parte de los mismos sean jóvenes.
Artículo 71. El Consejo Político Nacional tendrá una Mesa Directiva, integrada con:
I. Un Presidente, cuyo titular será el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional;
II. Un Secretario, que será el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, quien suplirá al Presidente en sus ausencias;
III. Diez Vicepresidentes que serán:
a) Los coordinadores de Acción Legislativa por los diputados federales, por los senadores y por los legisladores locales, acreditados ante el Comité Ejecutivo Nacional.
b) Los coordinadores de los sectores Agrario, Obrero y Popular, acreditados ante el Comité Ejecutivo Nacional.
c) Los coordinadores del Movimiento Territorial, del Organismo Nacional de Mujeres Priístas y del Frente Juvenil Revolucionario, acreditados ante el Comité Ejecutivo Nacional.
d) El dirigente de la Federación Nacional de Municipios de México; y
IV. El Secretario Técnico del Consejo, quien suplirá al Secretario en sus ausencias.
Artículo 72. El Consejo Político Nacional contará con un Secretario Técnico electo para un periodo de tres años, de entre sus integrantes, con base en las disposiciones que señale su Reglamento, mismo que determinará sus atribuciones.
Artículo 73. Los integrantes del Consejo Político Nacional durarán en funciones tres años. Los gobernadores lo serán hasta el término de su encargo.
Por cada consejero propietario se designará un suplente.
Para el caso de legisladores federales se estará en lo dispuesto en el artículo 70 fracción V.
Artículo 74. Los diputados locales y los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal serán acreditados por el coordinador del grupo parlamentario del que formen parte. La representación de las organizaciones nacionales del Partido deberá ser electa democráticamente de acuerdo a sus propios estatutos. El mismo procedimiento se observará en la integración de los Consejos Políticos Estatales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales.
Artículo 75. El Consejo Político Nacional sesionará en forma pública o privada, según se señale en la convocatoria correspondiente, y en pleno o en comisiones; el pleno sesionará anualmente de manera ordinaria y cuantas veces sea necesario en forma extraordinaria y las comisiones mensualmente, conforme a lo que disponga el Reglamento respectivo.
Artículo 76. Para sesionar en pleno se requerirá la asistencia de la mayoría de sus integrantes, entre los cuales deberá estar su Presidente; sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, aplicándose este mismo precepto para las sesiones en comisiones.
Las ausencias del Presidente por caso fortuito o de fuerza mayor, serán cubiertas por el Secretario; en ausencia de ambos, presidirán la sesión el vicepresidente que corresponda por prelación y el Secretario Técnico.
Artículo 77. El Consejo Político Nacional integrará, con sus consejeros, las siguientes comisiones:
I. Comisión Política Permanente;
II. Comisión de Financiamiento;
III. Comisión de Presupuesto y Fiscalización; y
IV. La Comisión de Fortalecimiento Partidario y Cohesión de la Militancia;
V. La Comisión de Transparencia;
VI. La Comisión Electoral; y
VII. Los Consejos Técnicos y las Comisiones Temáticas y de Dictamen.
Las comisiones, que se establecen en este artículo, serán reguladas en los términos que disponen los presentes Estatutos y el Reglamento del Consejo Político Nacional.
Artículo 78. Las comisiones del Consejo Político Nacional se integrarán de acuerdo con lo siguiente:
I. La Comisión Política Permanente será presidida por el Presidente, el Secretario y el Secretario Técnico del Consejo Político Nacional y se integrará por el 15% de los consejeros que serán elegidos por el pleno de entre sus miembros, formarán parte de ella cuando menos la tercera parte de los presidentes de los comités directivos estatales y del Distrito Federal, procurando respetar las proporciones y las condiciones de la integración del Consejo Político Nacional, propuestos por sus pares. Esta Comisión sesionará trimestralmente en forma ordinaria y extraordinaria cuando así se requiera atendiendo en este último caso, exclusivamente, los asuntos para los que fue convocada. Esta Comisión contará con los siguientes comités: de Política Interior; de Política Económica y de Acción Programática y de Finanzas.
II. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización se integrará por un Presidente, un Secretario y los vocales que determine el Consejo Político Nacional, electos todos ellos por el pleno de entre sus integrantes;
III. La Comisión de Financiamiento se integrará por un Presidente, un Secretario y los vocales que apruebe el Consejo Político Nacional, electos todos ellos por el pleno de entre sus integrantes; y
IV. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen estarán integradas por el número de consejeros que establezca el Reglamento Interno del Consejo y elegirán a un Presidente y a un Secretario que durarán en funciones un año.
Artículo 79. Serán atribuciones de las comisiones del Consejo Político Nacional, las siguientes:
I. La Comisión Política Permanente ejercerá las atribuciones del Pleno del Consejo Político Nacional en los períodos entre una sesión ordinaria y la siguiente, y dará cuenta con la justificación correspondiente al pleno del propio Consejo de los asuntos que haya acordado; sancionará los procedimientos para postulación de candidatos que aprueben los consejos políticos estatales o del Distrito Federal y modificará los estatutos del partido en los términos a que se refiere el párrafo tercero del artículo 14 de estos Estatutos;
II. La Comisión de Financiamiento aprobará y verificará los programas de captación de recursos para las actividades del Partido;
III. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización dictaminará el proyecto de presupuesto anual del Partido para su aprobación por el pleno y supervisará las acciones de vigilancia y fiscalización sobre el origen y aplicación de los recursos financieros del Partido.
a)En la integración del presupuesto anual deberá prever que del financiamiento público que entrega el Instituto Federal Electoral al Partido, por lo menos el 2% deberá destinarse para el desarrollo de las actividades especificas a que se refiere el párrafo 1, fracción IV del inciso a) del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; asimismo, destinará en forma anual 2% del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres y del financiamiento restante, el 50% del mismo se asigne a los Comités Directivos de los estados y del Distrito Federal bajo los criterios siguientes:
1) Prioridad electoral.
2) Composición electoral, número de distritos y padrón.
3) Condiciones de ubicación geográfica, tales como dispersión del electorado y esquema de comunicaciones.
4) Montos de ingreso por concepto de las prerrogativas que le otorga la ley electoral local.
5) Porcentaje de recursos que deberá captar en su programa estatal o del Distrito Federal a través del financiamiento privado en base a las disposiciones legales aplicables.
6) El valor promedio de sus votaciones obtenidas en las elecciones inmediatas anteriores, tanto federales como locales.
7) Deberá considerar las previsiones necesarias para los programas normales operativos y aquellos que se consideren de especial atención.
8) Los programas de investigación, educación, capacitación política, divulgación y tareas editoriales, así como los estudios socio-electorales y de opinión pública.
b) Coordinará las funciones del Contralor General electo por el Consejo Político Nacional, el cual tendrá las siguientes atribuciones:
1) Vigilar que la administración y aplicación de los recursos provenientes del financiamiento público y privado se realicen con eficiencia, eficacia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable, con el fin de satisfacer los objetivos a los cuales fueron destinados y apoyar la función directiva en sus esfuerzos para impulsar el mejoramiento de la gestión.
2) Establecer y operar los sistemas que permitan verificar el origen y destino de los recursos del Partido, apegándose a la normatividad aplicable.
3) Vigilar la debida aplicación de las normas que dicte el Instituto Federal Electoral en materia de financiamiento.
4) Vigilar que la obtención y aplicación de recursos de las precampañas y campañas electorales se apeguen a las disposiciones establecidas y no rebasen los topes quepara cada elección se autoricen.
5) Practicar auditorias y revisiones de acuerdo al programa que autoricen el Consejo Político Nacional y la Comisión de Presupuesto y Fiscalización; emitir las recomendaciones y darles seguimiento, así como dictar las medidas preventivas y correctivas correspondientes.
6) Verificar que los programas de trabajo a cargo de las unidades administrativas del Partido se planeen y cumplan conforme a los lineamientos establecidos y de acuerdo a las metas comprometidas.
7) Verificar y promover que los recursos financieros, humanos y materiales se administren y empleen con economía, eficiencia y eficacia, y de acuerdo al marco normativo vigente.
8) Coadyuvar con las Secretarías de Administración y de Finanzas en la emisión de manuales y procedimientos, normas y guías específicas relacionadas con la materia administrativa.
9) Apoyar y asesorar de acuerdo a sus actividades, a las áreas con responsabilidades administrativas del Partido a fin de establecer sistemas de control interno.
10) Intervenir en procesos de entrega-recepción de las áreas del Partido con responsabilidad administrativa, así como en las licitaciones y concursos que se realicen para adjudicar contratos de obras y servicios.
11) Verificar el cumplimiento de las obligaciones sobre situación patrimonial de los representantes con cargos de elección popular.
12) Rendir los informes correspondientes al Consejo Político Nacional de los resultados de las auditorias y revisiones practicadas; y
IV. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen tendrán las atribuciones que les confiera el Reglamento del Consejo Político Nacional.
Artículo 80. Los consejeros rendirán la protesta estatutaria ante el pleno del Consejo Político Nacional, al tomar posesión de su cargo.
Artículo 81. El Consejo Político Nacional tendrá las atribuciones siguientes:
I. Determinar las acciones del Partido, para mantener vigente el proyecto histórico de la Revolución Mexicana;
II. Dictar resoluciones para el cumplimiento de los objetivos, metas y propósitos de los Documentos Básicos;
III. Vigilar que se cumplan las resoluciones de la Asamblea Nacional y emitir acuerdos y orientaciones generales;
IV. Aprobar planes y programas para la lucha política, para fijar la posición del Partido ante el poder político y para asegurar la unidad interna y normar la organización del trabajo;
V. Aprobar las plataformas electorales que el Partido debe presentar ante el Instituto Federal Electoral, para cada elección federal en que participe;
VI. Definir la posición del Partido y proponer las estrategias y tácticas que debe seguir ante los grandes problemas nacionales;
VII. Conocer y acordar las propuestas para concertar convenios de confederación, frentes, coaliciones u otras formas de alianza con partidos afines;
VIII. Analizar los planteamientos y demandas de las organizaciones y de los sectores y emitir los acuerdos que correspondan;
IX. Vincular el trabajo de las organizaciones sectoriales con los de la estructura territorial en torno a las estrategias de lucha electoral;
X. Acordar, por mayoría de sus integrantes, que se convoque a la Asamblea Nacional y decidir sobre su forma de integración, en los términos estatutarios correspondientes;
XI. Autorizar al Comité Ejecutivo Nacional a emitir la convocatoria para la Asamblea Nacional , en los términos del acuerdo correspondiente;
XII. Seleccionar el procedimiento estatutario a que se refiere el artículo 181, para la postulación de los candidatos a cargos federales de elección popular y autorizar al Comité Ejecutivo Nacional para la expedición de las convocatorias respectivas;
XIII. Revisar que los procesos electivos de sus integrantes se realicen en los términos de los artículos 70, 73, 74 y demás relativos y, en su caso, acordar las remociones que procedan en los términos de los presentes Estatutos;
XIV. Tomar conocimiento de la renuncia del Presidente, del Secretario General, o de ambos, del Comité Ejecutivo Nacional y aprobarla en su caso;
XV. En caso de ausencia absoluta del Presidente, del Secretario General, o de ambos, del Comité Ejecutivo Nacional, elegir a quienes los sustituyan para cumplir el periodo respectivo, según lo señalado en el artículo 164;
XVI. Aprobar su reglamento interno, así como el del Comité Ejecutivo Nacional;
XVII. Aprobar, en el primer trimestre del año, el proyecto presupuestal que someta a su consideración la Comisión de Presupuesto y Fiscalización, así como el respectivo programa anual de trabajo que someta a su consideración el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional;
XVIII. Conocer y aprobar, en su caso, en el primer trimestre del año, el informe anual de actividades del Comité Ejecutivo Nacional, el que incluirá un apartado sobre el origen y aplicación de los recursos financieros del Partido;
XIX. Autorizar la enajenación o el gravamen de los bienes inmuebles del Partido fundamentando en cada caso la conveniencia y justificación de tales medidas;
XX. Convocar, cuando el Consejo así lo determine, a los militantes que sean servidores públicos o legisladores, para que informen de su gestión, en los términos que permita la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas;
XXI. Reformar o adicionar, en caso debidamente justificado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes y con la aprobación de la mayoría de los consejos políticos estatales y del Distrito Federal, el Programa de Acción y los presentes Estatutos, con excepción del Titulo Primero, que forman parte de los Documentos Básicos del Partido; así como el Código de Ética Partidaria.
XXII. Aprobar el Plan Nacional de Capacitación y el Programa Anual de Trabajo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A. C.;
XXIII. Requerir a los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal la formulación de sus estrategias de acción, velando por su congruencia con el Programa de Acción, mediante los lineamientos que deberán expedir con tal propósito y evaluar periódicamente el avance de los mismos;
XXIV. Conocer y aprobar, en su caso, el Programa Anual de Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales, así como velar por el desempeño de las tareas de docencia, investigación y divulgación que estatutariamente le corresponden a la Fundación Colosio, A. C.;
XXV. Nombrar al Contralor General de entre una terna propuesta por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional;
XXVI. Vigilar que el 50% del total del financiamiento público se asigne y distribuya entre los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, de conformidad con lo estipulado en el artículo 79, fracción III, inciso a), de este ordenamiento;
XXVII. Conocer, analizar y, en su caso, formular recomendaciones, sobre los temas prioritarios y acuerdos específicos de la Agenda Legislativa que para cada periodo le presenten con oportunidad los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido en las Cámaras del Congreso de la Unión;
XXVIII. Elegir, a propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, a los integrantes de la Comisión Nacional de Procesos Internos, en los términos previstos en el artículo 157 de los presentes Estatutos;
XXIX. Aprobar, a propuesta del Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, a quienes integren la Comisión Nacional de Justicia Partidaria;
XXX. Elegir a propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional a los integrantes de la Comisión Nacional de Imagen y Comunicación Política;
XXXI. Elegir de entre una terna propuesta por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional al titular de la Defensoría Nacional de los Derechos de los Militantes;
XXXII. Conocer y aprobar el Plan Nacional de Imagen y Comunicación del Partido;
XXXIII. Conocer y aprobar, en su caso, el Programa Editorial Anual, que le someta a su consideración el Comité Nacional Editorial y de Divulgación; y
XXXIV. Las demás que le señalen estos Estatutos.
Son atribuciones exclusivas del Pleno del Consejo Político Nacional, las previstas en las fracciones X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXVIII, XXIX y XXXI, del presente artículo.
Artículo 82. El Presidente del Consejo Político Nacional tendrá las atribuciones siguientes:
I. Presidir las sesiones del Consejo Político Nacional;
II. Convocar a las sesiones, ordinarias y extraordinarias, del Consejo Político Nacional;
III. Turnar los asuntos de su competencia a las comisiones respectivas;
IV. Presidir la Comisión Política Permanente;
V. Rendir ante el pleno informes semestrales; y
VI. Las demás que le señalen estos Estatutos.

Artículo 83. El Comité Ejecutivo Nacional tiene a su cargo la representación y dirección política del Partido en todo el país y desarrollará las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas nacionales que apruebe el Consejo Político Nacional.
Artículo 84. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por;
I. Un Presidente;
II. Un Secretario General;
III. Un Secretario de Organización;
IV. Un Secretario de Acción Electoral;
V. Un Secretario de Gestión Social;
VI. Un Secretario de Finanzas;
VII. Un Secretario de Administración;
VIII. Los Secretarios que señalan el artículo 94 Bis;
IX. Un Secretario de Acción Indígena;
X. Tres coordinadores de Acción Legislativa, uno por los diputados federales, uno por los senadores de la República y uno por los legisladores locales; así como un coordinador por los presidentes municipales; y
XI. Cada Sector, el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contará dentro del Comité Ejecutivo Nacional con un coordinador, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
Artículo 85. El Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Procurar que el Partido mantenga una relación permanente con el pueblo, del que recogerá sus demandas y aspiraciones para traducirlas en iniciativas y acciones políticas de los militantes;
II. Ser el representante nacional del partido con facultades de supervisión y en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas, en los términos de la ley;
III. Fijar los criterios para elaborar estudios políticos, económicos, sociales y culturales;
IV. Proponer reformas a los Documentos Básicos;
V. Velar, intervenir y actuar con los Sectores a fin de que sus militantes puedan lograr lo que demandan para consolidarse en la justicia social;
VI. Velar por el desempeño de los Organismos Especializados, para que realicen las tareas de docencia, investigación, capacitación, divulgación y las demás que estos Estatutos les atribuyen;
VII. Convocar a la Asamblea Nacional, a solicitud del Consejo Político Nacional o de la mayoría de los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal;
VIII. Aprobar en su caso, las convocatorias que sometan a su consideración los órganos competentes para emitirlas en los procesos de elección de dirigentes y postulación de candidatos.
IX. Vigilar el uso adecuado de las prerrogativas que se otorgan al Partido por las autoridades electorales federales y locales.
X. Suspender al o los miembros de la dirigencia de los comités directivos estatales y nombrar un delegado que asumirá temporalmente la dirigencia y convocará en los términos de estos estatutos a la elección de la misma, cuando incurran en las siguientes causales:
a) Realizar conductas u omisiones en forma sistemática contrarias a sus atribuciones y responsabilidades estatutarias o que impliquen el abandono de las mismas;
b) Cuando se le encuentre en flagrancia en la comisión de un delito doloso y grave o medie sentencia judicial en su contra;
c) Disponer, en provecho propio o de terceros, de fondos o bienes del Partido;
d) Por evidencia de traición al Partido;
La garantía de audiencia se llevará a cabo en los términos que establezca el reglamento respectivo.
XI. Convocar a la Asamblea Nacional, a solicitud del Consejo Político Nacional o de la mayoría de los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal;
XII. Expedir las convocatorias para la postulación de candidatos a Presidente de la República, gobernadores, Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, senadores y diputados federales, previa aprobación del Consejo Político Nacional;
XIII. Vigilar que las campañas de los candidatos del Partido se sujeten a los lineamientos determinados por el mismo, en los términos del artículo 199 de este ordenamiento;
XIV. Las demás que le señalen estos Estatutos.
Artículo 86. El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Convocar al Comité Ejecutivo Nacional, presidir sus sesiones y ejecutar sus acuerdos;
II. Analizar y decidir sobre las cuestiones políticas y organizativas relevantes del Partido;
III. Mantener con las coordinaciones legislativas una permanente comunicación, a fin de que sus acciones se ajusten a las normas y principios contenidos en los Documentos Básicos;
IV. Designar a los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional y crear las secretarias, coordinaciones, delegaciones generales y especiales, órganos o departamentos administrativos necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y atender a los grupos de representación social y grupos vulnerables, dando cuenta al Consejo Político Nacional;
V. Expedir y firmar con el Secretario General los nombramientos que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional, así como los de los titulares de los órganos administrativos;
VI. Presentar al Consejo Político Nacional el programa anual de trabajo del Comité Ejecutivo Nacional;
VII. Rendir al Consejo Político Nacional un informe semestral de actividades, que contendrá un apartado sobre el origen y aplicación de los recursos financieros del Partido;
VIII. Designar a los comisionados y representantes del Partido ante los organismos políticos electorales que correspondan y autorizar al Comité del Distrito Federal y a los Comités Estatales, cuando proceda;
IX. Suscribir convenios para formar frentes, coaliciones y candidaturas comunes con otros partidos, con apego a las leyes de la materia, previa aprobación del Consejo Político Nacional;
X. Solicitar el registro de los candidatos del Partido ante los organismos electorales que correspondan, en los plazos previstos por la ley, y autorizar a los Comités Directivos Estatales, al del Distrito Federal y a los comités municipales, para hacerlo cuando proceda;
XI. Proponer a la Comisión de Presupuesto y Fiscalización, para su dictamen correspondiente, el proyecto del presupuesto anual del Partido, así como crear los instrumentos jurídicos y técnicos para consolidar su situación financiera;
XII. Ejercer, en casos de urgencia, las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional y en sesión inmediata darle cuenta del uso que haya hecho de ellas;
XIII. Representar al Partido ante personas físicas y morales, ante toda clase de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las facultades de Apoderado General para pleitos y cobranzas, para actos de administración y actos de dominio, incluyendo las facultades especiales, que conforme a la ley, requieran cláusula especial, con la única limitación de que, para enajenar o gravar inmuebles del Partido, requerirá del acuerdo expreso del Consejo Político Nacional, pudiendo sustituir el mandato, en todo o en parte. Podrá, así mismo otorgar mandatos especiales y revocar los que se hubieren otorgado y determinar las sustituciones teniendo facultades para celebrar convenios y firmar títulos y obligaciones de crédito, en los términos del artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
XIV. Proponer a la Asamblea General de la Fundación Colosio A. C., al Presidente de su Consejo Directivo, en las condiciones y términos que establecen sus propios Estatutos;
XV. Realizar las certificaciones de los documentos privados, archivo, actas, acuerdos, resoluciones, declaraciones y demás actos relacionados con las actividades ordinarias del Partido, fuera de las realizadas en los procesos electorales;
XVI. Ocurrir en representación del Partido para promover la acción de inconstitucionalidad referida en el artículo 105, fracción II, inciso f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se trate de plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución;
XVII. Delegar las atribuciones que estime conveniente a los demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional;
XVIII. Proponer a la Asamblea General del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, al Presidente de su Consejo Directivo, en los términos que establecen sus Estatutos;
XIX. Conocer el informe anual del Contralor General;
XX. Ordenar la publicación de las normas que emitan las autoridades competentes del Partido, en el órgano oficial de difusión; y
XXI. Proveer lo conducente a fin de dar cumplimiento a la normatividad que en materia de transparencia y acceso a la información pública establece la ley;
XXII. Determinar lo necesario para el ejercicio de las atribuciones en materia de radio y televisión considerando a los comités directivos estatales en la producción y creatividad de sus mensajes y en los criterios para la distribución de los tiempos asignados en esta materia;
XXIII. Expedir o autorizar se expidan las convocatorias para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de los presentes Estatutos; y
XXIV. Las demás que le confieran los Estatutos.
Artículo 87. El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional designará, para el despacho de los asuntos a su cargo:
I. Un Coordinador de Prensa;
II. Un Coordinador de Asuntos Internacionales;
III. Un Coordinador de Asuntos Jurídicos;
IV. Un Coordinador del Comité Nacional Editorial y de Divulgación;
V. Un Coordinador de Giras; y
VI. Un Secretario Particular.
Artículo 88. Las atribuciones de las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional tendrán un enfoque esencialmente de dirección política, normatividad, coordinación y vinculación para la operación, seguimiento y evaluación, en los términos de estos Estatutos y el Reglamento respectivo.
Artículo 89. El Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Suplir en sus ausencias temporales al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional;
II. Coadyuvar con el Presidente en la coordinación, programación y evaluación de las actividades de las dependencias del Comité Ejecutivo Nacional;
III. En coordinación con los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, elaborar el Plan Anual de Operación Política que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional someterá al pleno del Consejo Político Nacional;
IV. Dar seguimiento y evaluar periódicamente los avances de los programas de los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal;
V. Coordinar las actividades de los representantes del Comité Ejecutivo Nacional ante los órganos de dirección estatales y del Distrito Federal;
VI. Diseñar estrategias que fortalezcan la vinculación del trabajo de las organizaciones nacionales del Partido con la estructura de dirección política territorial;
VII. Comunicar a quien corresponda los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional y del Presidente;
VIII. Vigilar que se turnen a los respectivos secretarios los asuntos de su competencia y observar su debido cumplimiento;
IX. Suscribir con el Presidente los nombramientos de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional;
X. Elaborar modelos de operación que faciliten el desarrollo de los programas generales y específicos que deban realizar los diversos órganos del Comité Ejecutivo Nacional;
XI. Coadyuvar con el Presidente para la eficaz realización de los programas del Comité Ejecutivo Nacional;
XII. Cumplir y dar cuenta al Presidente de los asuntos que competen a la Secretaría General; y
XIII. Las demás que establezcan estos Estatutos y las que le confiera expresamente el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 90. La Secretaría de Organización, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Formular, con fundamento en los diagnósticos estatales, distritales, municipales y delegacionales programas estratégicos tendientes a fortalecer la presencia política de organización y convocatoria del Partido, en el ámbito geográfico o segmento de la población que se determine, estableciendo la pertinente comunicación con las coordinaciones de los sectores y organizaciones para ampliar su participación en estos programas;
II. Promover, supervisar y coordinar la adecuada integración y funcionamiento de los órganos del Partido en el país;
III. Elaborar con los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal los programas de activismo político que deberán ser incorporados al Programa Anual de Trabajo del Partido;
IV. Desarrollar y coordinar con el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C. programas de información y actualización política dirigidos a los integrantes de los órganos de dirección partidista en todo el país;
V. Formular, en coordinación con la Secretaría de Acción Electoral, el informe detallado del estado de trabajo y la organización partidaria, así como, en su caso, el impacto de programas estratégicos implementados en la circunscripción geográfica próxima a iniciar el proceso electoral constitucional;
VI. Administrar y controlar el Registro Partidario;
VII. Formular y promover los programas nacionales de afiliación individual de militantes;
VIII. Acordar con el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional el registro de las organizaciones adherentes, que cumplan con los requisitos que señale el Reglamento que para el efecto apruebe el Consejo Político Nacional y ordenar, en su caso, su registro;
IX. Impulsar el cumplimiento de las disposiciones establecidas que sean de su competencia;
X. Proporcionar los apoyos que le soliciten las comisiones del Consejo Político Nacional relacionados con sus funciones;
XI. Suplir al Secretario General en sus ausencias temporales; y
XII. Las demás que establezcan estos Estatutos y le confiera, expresamente, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 91. La Secretaría de Acción Electoral, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Elaborar, en coordinación con los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, el proyecto del Plan Nacional de Elecciones, que someterá al pleno del Consejo Político Nacional, a través del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional;
II. Proponer al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional los nombres de los militantes que deberán representar al Partido ante los órganos electorales y de vigilancia de carácter federal y supervisar las propuestas que realicen los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, en los ámbitos de su competencia;
III. Vigilar que los comisionados y representantes que el Comité Ejecutivo Nacional designe directamente o a través de sus órganos competentes, ante los diversos órganos electorales, observen estrictamente las leyes de la materia y cumplan las instrucciones que se les dicten;
IV. Llevar a cabo, en coordinación con el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A. C., programas permanentes de capacitación electoral para los militantes del Partido, fundamentalmente para sus candidatos y representantes ante los órganos electorales respectivos;
V. Participar en la planeación, organización, supervisión y evaluación, en los términos de las leyes respectivas, de campañas de empadronamiento en todo el país;
VI. Proponer proyectos de nuevas leyes electorales o reformas a las vigentes, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas;
VII. Diseñar, promover y suscribir, con los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, instrumentos normativos de coordinación electoral, con el objeto de preparar la estructura partidista, y facilitar la ejecución del Plan Nacional de Elecciones que apruebe el Consejo Político Nacional;
VIII. Elaborar las propuestas para constituir coaliciones, frentes y otro tipo de alianzas con otros partidos y organizaciones políticas, que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional ponga a consideración del pleno del Consejo Político Nacional;
IX. Verificar los requisitos de elegibilidad de los candidatos e integrar sus expedientes personales, desde el registro de las candidaturas hasta la calificación de las elecciones, por parte de los órganos competentes;
X. Llevar a cabo el registro de los candidatos del Partido a cargos de elección popular ante los organismos electorales competentes, en los plazos y términos previstos por la ley;
XI. Asesorar en materia electoral a candidatos, dirigentes y representantes del Partido;
XII. Dar seguimiento y evaluar las estrategias, directrices y acciones de campaña del Partido y sus candidatos a cargos de elección popular;
XIII. Formular y promover, en coordinación con la Secretaría de Organización, programas de movilización partidaria en las elecciones constitucionales;
XIV. Instrumentar una estructura jurídica electoral que deberá apoyar de manera permanente al Partido, a sus candidatos y a sus militantes;
XV. Coadyuvar en los trabajos que realicen las comisiones del Consejo Político Nacional inherentes a la Secretaría;
XVI. Solicitar la publicación de los acuerdos y resoluciones expedidos por los órganos electorales, en el órgano de difusión del Partido; y
XVII. Las demás que le señalan estos Estatutos y las que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 92. La Secretaría de Gestión Social, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Formular programas estratégicos para el cumplimiento del Programa de Acción;
II. Formular e integrar, en atención a las necesidades nacionales y regionales, el Programa Nacional de Gestión Social, para incluirlo en el Programa Anual de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional;
III. Coordinar el desarrollo del Programa Nacional de Gestión Social con los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal y evaluar sus resultados;
IV. Poner en práctica los mecanismos de concertación con los sectores, organizaciones nacionales y adherentes y con la estructura territorial del Partido, para responder a las demandas sociales de sus militantes; para ello, podrá establecer el Sistema Nacional de Promoción, Gestoría y Atención Ciudadana de la Demanda.
V. Gestionar ante las instituciones gubernamentales la debida atención a las demandas de la población e impulsar y consolidar la participación ciudadana en la solución de los problemas colectivos, enfatizando la atención a los grupos de personas con discapacidad, adultos mayores, pensionados, jubilados, grupos indígenas y migrantes; así como las causas de jóvenes y mujeres;
VI. Establecer una estrecha vinculación con las instituciones encargadas de programas sociales y de desarrollo regional y municipal, así como con las organizaciones no gubernamentales tanto de atención social como de derechos humanos;
VII. Constituir mecanismos de apoyo jurídico social permanente;
VIII. Apoyar a los representantes populares del Partido en la gestión, ante las autoridades competentes, de las demandas de las comunidades y de sus representados;
IX. Promover con las instituciones y organizaciones promotoras de acciones y programas encaminados a fortalecer la educación y la salud en los grupos populares, la coordinación necesaria para la participación en ellos de los militantes del Partido;
X. Formular y promover en coordinación con las áreas del Comité Ejecutivo Nacional que correspondan, programas permanentes de carácter cívico, social, cultural y deportivo, que los órganos del Partido realizarán en todo el país a efecto de estrechar la solidaridad entre sus militantes y contribuir a elevar el marco de su convivencia comunitaria y familiar;
XI. Formular las directrices para el servicio social de los militantes del Partido;
XII. Identificar y atraer la participación de la sociedad civil organizada para atender problemas sociales prioritarios y diseñar estrategias y programas de vinculación;
XIII. Diseñar estrategias de información y orientación cívico-política encaminadas al núcleo familiar;
XIV. Diseñar programas que promuevan y fortalezcan la unidad y participación de las familias de nuestros militantes, cuadros y dirigentes y los objetivos políticos y sociales del Partido;
XV. Promover en coordinación con las secretarías del Comité Ejecutivo Nacional correspondientes los programas del Partido en relación con las políticas nacionales encaminadas a tutelar los derechos de los niños, los adultos mayores y los discapacitados;
XVI. Participar en la ejecución de los programas partidarios encaminados al trabajo comunitario, la autoconstrucción de viviendas y la protección a la economía familiar;
XVII. Diseñar programas tendientes a mejorar la calidad de vida de los grupos sociales marginados; y
XVIII. Las demás que le señalan estos Estatutos y las que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 93. La Secretaría de Finanzas, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Administrar, controlar y resguardar los recursos del Partido;
II. Desarrollar acciones conducentes para el financiamiento del Partido;
III. Presentar al Consejo Político Nacional el informe anual de actividades, así como los estados financieros correspondientes;
IV. Desarrollar la normatividad contable, administrativa y financiera, así como asistir y apoyar a los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal para el desarrollo de sus actividades contables, administrativas y financieras;
V. Promover la representación jurídica del Partido para los actos relativos al ámbito de su competencia;
VI. Llevar a cabo la administración de los recursos financieros del Partido;
VII. Elaborar la información contable y financiera y ser responsable de su presentación ante las autoridades competentes;
VIII. Elaborar el proyecto de presupuesto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido y someterlo a consideración de la Presidencia.
IX. Presentar los informes de ingresos y egresos trimestrales, anuales, de precampaña y de campaña, de acuerdo a lo establecido en la legislación electoral federal y los Estatutos del Partido;
X. Establecer las normas, acuerdos y convenios necesarios con los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, para la salvaguarda del patrimonio y su adecuada administración;
XI. Establecer con los Organismos Especializados normas mínimas para los efectos del financiamiento por actividades específicas como entidades de interés público;
XII. Proponer al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional al Auditor General para su designación el cual deberá cumplir con el perfil curricular requerido;
XIII. Atender en los ámbitos de su competencia, la relación con el Instituto Federal Electoral, en concordancia con las áreas del Comité Ejecutivo Nacional que correspondan y coadyuvando con la representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Federal Electoral.
XIV. La Secretaría de Finanzas coadyuvará con la Comisión de Presupuesto y Fiscalización para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 fracción III de los presentes Estatutos;
XV. Las demás que le señalan estos Estatutos, el Reglamento y las que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 93 Bis. La Secretaría de Administración tendrá las atribuciones siguientes:
I. Administrar, controlar y resguardar el patrimonio del partido;
II. Establecer, desarrollar, administrar y controlar el registro patrimonial;
III. Presentar al Consejo Político Nacional el informe anual de actividades correspondientes;
IV. Elaborar la normatividad interna en materia de administración, resguardo y optimización de los recursos materiales del Comité Ejecutivo Nacional;
V. Establecer las normas, acuerdos y convenios necesarios con los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, para salvaguardar los bienes muebles e inmuebles para su adecuado registro e inventario en coordinación con la Secretaría de Finanzas;
VI. Elaborar en coordinación con la Secretaría de Finanzas la normatividad administrativa en materia de adquisiciones;
VII. Llevar a cabo la administración de recursos humanos y materiales del Comité Ejecutivo Nacional;
VIII. Apoyar a la Coordinación de Asuntos Jurídicos en materia laboral, vinculada con la administración de recursos humanos;
IX. Celebrar, en acuerdo con la Secretaría de Finanzas, los contratos con proveedores y prestadores de servicios, necesarios para el adecuado funcionamiento del Comité Ejecutivo Nacional;
X. Expedir los nombramientos y realizar los movimientos de altas y bajas del personal que propongan los titulares de las áreas y Secretarías que integran el Comité Ejecutivo Nacional; y
XI. Las demás que le señalen los Estatutos, el Reglamento y las que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
Artículo 94. La Secretaría de Acción Indígena, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Elaborar e integrar el Programa Nacional de Acción Indígena, en atención a las necesidades y circunstancias nacionales y regionales para incluirlo en el Programa General de Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, con la participación de todos los pueblos y comunidades indígenas con el propósito de que ellas expresen sus más sentidas demandas y las acciones que se deban desarrollar;
II. Formular los Programas estratégicos que den cumplimiento a los lineamientos del Programa de Acción, sobre la causa indígena;
III. Coordinar y evaluar el desarrollo del Programa Nacional de Acción Indígena con los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal;
IV. Diseñar y poner en práctica los mecanismos de concertación con quien corresponda, con competencia en los municipios y entidades federativas donde la población indígena sea significativa;
V. Promover el apoyo institucional a las demandas de los pueblos y comunidades indígenas e impulsar y consolidar la participación de la población indígena en la solución de sus demandas;
VI. Apoyar las gestiones de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas ante las autoridades competentes;
VII. Promover y asegurar la participación de los militantes de extracción indígena en las filas del Partido y vigilar que se impulse la vinculación de éste con los pueblos y comunidades indígenas, respetando su autonomía;
VIII. Promover ante las instituciones indigenistas el fortalecimiento de los programas encaminados a impulsar la educación bilingüe y la salud, incorporando a militantes de extracción indígena;
IX. Formular programas permanentes de carácter cívico, social, cultural y deportivo, para que los órganos del Partido los desarrollen prioritariamente en las entidades donde la población indígena sea significativa, para estrechar los lazos de solidaridad comunitaria y familiar de los pueblos y comunidades indígenas;
X. Conformar un Consejo Asesor Indígena con la representación de los principales pueblos y comunidades indígenas del país, cuya vocalía ejecutiva será el Secretariado de Acción Indígena del Comité Ejecutivo Nacional; y
XI. Las demás que le otorguen estos Estatutos y le confiera el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 94 Bis. Las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional que se establezcan en uso de las atribuciones señaladas en el artículo 86 fracción IV de estos Estatutos, tendrán las atribuciones que precise el Reglamento del propio Comité. En ningún caso, estas Secretarías podrán contravenir las atribuciones conferidas a las Secretarías señaladas en los artículos 89 a 94 de los presentes Estatutos.
Artículo 95. Las Coordinaciones de Acción Legislativa son una instancia de planeación, programación y evaluación del trabajo de los grupos parlamentarios en las Cámaras del Congreso de la Unión , la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los congresos de los estados, que tendrán a su cargo instrumentar las directrices políticas del Comité Ejecutivo Nacional y estimular y promover estudios, iniciativas y proyectos legislativos conforme a los postulados, valores y principios que rigen al Partido y que están consignados en sus Documentos Básicos.
Los integrantes de los grupos parlamentarios del Partido definirán la estructura y la organización de la Coordinación Legislativa y nombrarán al responsable de la misma.
Las Coordinaciones de Acción Legislativa serán las siguientes:
I. Coordinación de Acción Legislativa de diputados federales;
II. Coordinación de Acción Legislativa de senadores de la República; y
III. Coordinación de Acción Legislativa de los legisladores locales.
Artículo 96. Las Coordinaciones de Acción Legislativa, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Asegurar que la acción legislativa del Partido recoja los planteamientos políticos y objetivos de sus planes, programas y plataformas electorales;
II. Presentar al Consejo Político Nacional o Estatal, según corresponda, para su conocimiento, revisión y aprobación, en su caso, los temas prioritarios y acuerdos específicos de la Agenda Legislativa, conforme lo señalado en estos Estatutos;
III. Cumplir con las disposiciones y acuerdos de los órganos de dirección del Partido en la integración y aplicación de la Agenda Legislativa;
IV. Vigilar que el trabajo de los legisladores de su fracción parlamentaria se conduzca en apego a los principios y programas del Partido;
V. Dirigir los servicios de consultoría y asesoría legislativa;
VI. Compilar las disposiciones legales respectivas; y
VII. Las demás que le otorguen los presentes Estatutos.
Artículo 97. Los representantes de los sectores, del Movimiento Territorial, del Organismo Nacional de Mujeres Priístas y del Frente Juvenil Revolucionario, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Presentar el programa de trabajo de los sectores u organizaciones al Consejo Político Nacional para su conocimiento;
II. Concertar con el Comité Ejecutivo Nacional las actividades a desarrollar por sus agremiados en el ámbito geográfico de su adscripción;
III. Elaborar y mantener permanentemente actualizado el padrón de dirigentes y militantes afiliados a los sectores u organizaciones;
IV. Informar al Consejo Político Nacional, cuando se le solicite, respecto de las actividades realizadas;
V. Coadyuvar con los consejos políticos que correspondan, en las comisiones que atiendan los asuntos de su competencia;
VI. Promover e informar ante el Comité Ejecutivo Nacional sobre la participación de los miembros de su organización en las acciones políticas electorales del Partido; y
VII. Las demás que establezcan estos Estatutos.

Artículo 98. El Partido contará en el nivel nacional con los siguientes órganos de apoyo, cuyos titulares serán electos por el Consejo Político Nacional a propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y durarán en su encargo tres años:
I. La Comisión Nacional de Procesos Internos; y
II. La Comisión de Imagen y Comunicación Política.
Artículo 99. La Comisión Nacional de Procesos Internos es la instancia responsable de coordinar y conducir los procesos de elección de dirigentes y postulación de candidatos en el ámbito nacional y federal, así como de coadyuvar con las instancias estatales correspondientes en el desarrollo y conducción de los procesos electorales internos estatales y del Distrito Federal, municipales o delegacionales.
Artículo 100. La Comisión Nacional de Procesos Internos tendrá las atribuciones siguientes:
I. Organizar, conducir y validar el proceso de elección de dirigencias y postulación de candidatos a cargos de elección popular en el nivel que corresponda, aplicando las normas que rigen el procedimiento contenidas en estos Estatutos y la convocatoria correspondiente, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y transparencia en el proceso de elección;
II. Proponer el proyecto de Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, para la aprobación del Consejo Político Nacional;
III. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional las convocatorias y reglamentos específicos que normen los procedimientos de elección de dirigentes y postulación de candidatos;
IV. Se deroga.
V. Recibir, analizar y dictaminar sobre el registro de aspirantes a puestos de dirección y de elección popular y revisar sus requisitos de elegibilidad;
VI. Certificar la relación de los consejeros políticos que participarán como electores en los procedimientos que los consideren;
VII. Validar la integración de las asambleas y de las convenciones en las que se desarrollarán procesos de elección de dirigentes y postulación de candidatos;
VIII. Elaborar los manuales de organización, formatos, documentación y material electoral que garanticen el desarrollo de procesos internos de elección de dirigentes y postulación de candidatos apegados a los principios de legalidad, equidad, transparencia, certeza, objetividad e imparcialidad;
IX. Calificar la elección y declarar candidato electo a quien haya obtenido el mayor número de votos en la elección correspondiente, haciendo entrega de la respectiva constancia de mayoría;
X. Mantener informado oportunamente al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, del desarrollo del proceso interno;
XI. Informar al Consejo Político Nacional del resultado de su gestión; y
XII. Las demás que le confieran estos Estatutos o el Consejo Político Nacional.
Artículo 101. Derogado.
Artículo 102. Derogado.
Articulo 103. La Comisión Nacional de Imagen y Comunicación Política, es la instancia responsable de coordinar, conducir y supervisar las tareas y estrategias de mercadotecnia y comunicación del Partido en el ámbito nacional; tendrá la responsabilidad de colaborar con las instancias estatales y del Distrito Federal correspondientes y estará atenta a las propuestas que le presenten los Sectores y las Organizaciones.
Artículo 104. La Comisión Nacional de Imagen y Comunicación Política tendrá las atribuciones siguientes:
I. Elaborar los diagnósticos socio-electorales y los estudios de opinión que determine el Comité Ejecutivo Nacional en el país, los estados, el Distrito Federal y en cada uno de los distritos electorales federales;
II. Diseñar y operar el Plan Nacional de Imagen y Comunicación del Partido, que apruebe el Consejo Político Nacional; y
III. Las demás que le confieran estos Estatutos o el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

Articulo 105. La Asamblea Estatal o del Distrito Federal es el órgano deliberativo, rector y representativo del Partido en la entidad federativa correspondiente; se integra con:
I. El Consejo Político Estatal o del Distrito Federal en pleno, según corresponda, que será electa en los términos que defina la Convocatoria;
II. El Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, en pleno;
III. Los presidentes y secretarios generales de los Comités Municipales o Delegacionales;
IV. El número de representantes populares que determine la Convocatoria;
V. Los delegados de los Sectores y las Organizaciones nacionales y adherentes del Partido, en el número que determine la Convocatoria respectiva y distribuidos en proporción al número de militantes afiliados individualmente al Partido.
El número de delegados electos en las asambleas territoriales será paritario con el que corresponda a los delegados de los Sectores y las Organizaciones nacionales y adherentes del Partido; y
VI. Los delegados electos democráticamente en asambleas territoriales, en el número que determine la Convocatoria respectiva y distribuidos proporcionalmente.
En la elección de estos delegados deberá garantizarse la paridad de género y la inclusión de una tercera parte de jóvenes. El Partido promoverá la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes.
El número de los delegados de las fracciones I, II, III y IV, en ningún caso será mayor a la tercera parte del total de la Asamblea.
Artículo 106. La Asamblea Estatal o del Distrito Federal deberá reunirse en forma ordinaria una vez cada tres años y en forma extraordinaria cuando lo acuerde el Consejo Político correspondiente o la mayoría de los comités municipales o delegacionales de su jurisdicción.
La convocatoria será expedida por los Comités Directivos Estatales o el del Distrito Federal, conforme al acuerdo respectivo del Consejo Político correspondiente. Las resoluciones de la Asamblea, se tomarán en votación económica o en votación directa y secreta de sus integrantes, y el cómputo de los sufragios se hará mediante escrutinio público y abierto, según lo resuelva la propia Asamblea.
Artículo 107. La Asamblea Estatal o del Distrito Federal tendrá las atribuciones siguientes:
I. Evaluar la situación política, económica y social de la entidad de que se trate, en relación con la Declaración de Principios y el Programa de Acción del Partido, a fin de establecer las modalidades tácticas que sean necesarias para acelerar la ejecución de las acciones partidistas;
II. Conocer y aprobar, en su caso, el informe que deberá rendir el Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal acerca de las actividades realizadas;
III. Aprobar la estrategia de acción partidista para la entidad federativa de que se trate;
IV. Elegir al Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, según el caso, y tomarles la protesta correspondiente;
V. Resolver los asuntos específicos que se señalen en la convocatoria o los que decidan tratar la mayoría de sus integrantes que sean de competencia estatutaria; y
VI. Las demás que le señalen estos Estatutos.

Artículo 108. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal son órganos de integración democrática, deliberativos, de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinados a sus respectivas asambleas, en los que las fuerzas más significativas del Partido en la entidad serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política, en los términos de los presentes Estatutos y del reglamento nacional que los rija.
Artículo 109. Los Consejos Políticos Estatales y el del Distrito Federal se integrarán con el número de militantes que determine el reglamento nacional, electos democráticamente, respetando el principio de paridad de género y la incorporación de por lo menos la tercera parte de jóvenes.
Artículo 110. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal estarán integrados por:
I. El Presidente y el Secretario General del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, quienes serán el Presidente y el Secretario del Consejo Político respectivo;
II. El Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su caso;
III. Los ex gobernadores o ex jefes de gobierno priístas;
IV. Los ex presidentes del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal;
V. Los presidentes de los comités municipales o delegacionales;
VI. Los presidentes municipales, o jefes delegacionales para el caso del Distrito Federal, en el número y proporción que señale el Reglamento;
VII. Los presidentes de los comités seccionales de sus respectivas jurisdicciones en el número que señale el Reglamento;
VIII. Los legisladores federales y locales de la entidad federativa;
IX. El Presidente y el Secretario General de la Fundación Colosio, A.C.;
X. El Presidente y el Secretario General del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C.;
XI. Los representantes de los sectores y organizaciones del Partido; distribuidos en proporción al número de militantes afiliados, entre:
a) Las organizaciones del Sector Agrario.
b) Las organizaciones del Sector Obrero.
c) Las organizaciones del Sector Popular.
d) El Movimiento Territorial.
e) El Organismo Nacional de Mujeres Priístas.
f) El Frente Juvenil Revolucionario.
g) La Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, A.C.
h) Las organizaciones adherentes; y
XII. Consejeros electos por la militancia de la entidad mediante el voto directo y secreto, en cantidad que represente al menos el 50% del Consejo.
En la elección de estos consejeros se observará la paridad de género y la elección al menos de una tercera parte de jóvenes.
Artículo 111. Los integrantes de los Consejos Políticos Estatales o del Distrito Federal durarán en funciones tres años, salvo en el caso de que termine antes la representación que los incorporó al Consejo. Por cada consejero propietario se designará un suplente.
Artículo 112. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal funcionarán en pleno o en comisiones y en sesiones públicas o privadas, en las fechas y con la orden del día que se establezcan en la convocatoria. Las sesiones ordinarias del pleno se realizarán cada seis meses y las extraordinarias cuando sean convocadas por su directiva.
Artículo 113. Para sesionar en pleno se requerirá la asistencia de la mayoría de sus integrantes entre los cuales deberá estar su Presidente y sus resoluciones se acordarán por mayoría de votos de los consejeros presentes, aplicándose este mismo precepto para las sesiones en comisiones.
Artículo 114. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal integrarán, con sus consejeros, las comisiones siguientes:
I. La Comisión Política Permanente;
II. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización;
III. La Comisión de Financiamiento; y
IV. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen que señale el Reglamento respectivo.
Artículo 115. Las comisiones del Consejo Político Estatal y del Distrito Federal se integrarán:
I. La Comisión Política Permanente: por un Presidente y un Secretario que serán el Presidente y el Secretario en funciones del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como por los vocales que apruebe el pleno;
II. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización: por un Presidente, un Secretario y los vocales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, electos por el pleno de entre sus integrantes;
III. La Comisión de Financiamiento: por un Presidente, un Secretario y los vocales que apruebe el Consejo Político Estatal y del Distrito Federal, electos por el pleno de entre sus integrantes; y
IV. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen: por el número de consejeros que establezca el reglamento respectivo, quienes elegirán a un Coordinador que durará en funciones un año, sin que pueda ser reelecto.
Artículo 116. Las comisiones del Consejo Político Estatal y del Distrito Federal, tendrán las atribuciones siguientes:
I. La Comisión Política Permanente ejercerá las atribuciones del Consejo Político Estatal y del Distrito Federal en situaciones de urgente y obvia resolución, en los períodos entre una sesión ordinaria y la siguiente, y dará cuenta con la justificación correspondiente al pleno del Consejo Político respectivo de los asuntos que haya acordado;
II. La Comisión de Presupuesto y Fiscalización elaborará el proyecto de presupuesto anual estatal o del Distrito Federal del Partido para su aprobación por el pleno, en el cual deberá prever que el 50% de sus ingresos por financiamiento nacional de prerrogativas federales del Partido y sus prerrogativas locales se distribuya entre los comités municipales o delegacionales en forma análoga con los criterios contenidos en el artículo 79, fracción III, inciso a), de estos Estatutos;
III. La Comisión de Financiamiento elaborará y dará seguimiento a los programas de captación de recursos para las actividades del Partido; y
IV. Las Comisiones Temáticas y de Dictamen tendrán las atribuciones que les confiera el reglamento respectivo.
Artículo 117. Los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal contarán con un Secretario Técnico electo para un período de tres años de entre sus integrantes, según los términos del Reglamento del Consejo Político Nacional o del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, mismo que determinará sus funciones.
Artículo 118. Al quedar integrados los consejos a que se refiere el artículo anterior, sus integrantes rendirán la protesta de rigor ante el pleno; lo mismo se hará cada vez que haya cambio de consejeros.
Artículo 119. Son atribuciones de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal:
I. Conocer y aprobar, en su caso, el informe anual de actividades del Comité Directivo correspondiente, el que incluirá un apartado sobre el origen y aplicación de los recursos financieros del Partido;
II. Analizar las realizaciones de la administración pública de la entidad federativa que corresponda al menos una vez al año, con el fin de sugerir las acciones necesarias para reorientarlas o reconocerlas, convocando, en su caso, a los responsables de las mismas;
III. Elegir, en caso de ausencias absolutas, al Presidente y al Secretario General del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, según los términos señalados en el artículo 164 de estos Estatutos;
IV. Conocer y, en su caso, aprobar dictámenes que emitan sus comisiones en los asuntos de sus respectivas competencias;
V. Analizar los planteamientos y demandas de carácter local de los sectores y sus organizaciones y dictar las decisiones solidarias que correspondan;
VI. Revisar y, en su caso, aprobar los planes y programas de trabajo del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal;
VII. Revisar y, en su caso, aprobar su propio reglamento, el que deberá ser congruente con el del Consejo Político Nacional;
VIII. Acordar, por mayoría de sus integrantes que se convoque a la Asamblea Estatal o del Distrito Federal y decidir sobre su forma de integración en los términos estatutarios correspondientes;
IX. Seleccionar el procedimiento para la postulación del candidato a Gobernador y Jefe de Gobierno en el caso del Distrito Federal, el cual será sancionado por la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional;
X. Seleccionar el procedimiento estatutario para la postulación de candidatos municipales, distritales o delegacionales, para lo cual podrá consultar a los consejos políticos del nivel que corresponda a la elección, observando lo dispuesto por el artículo 181 de estos Estatutos;
XI. Dictar resoluciones para el cumplimiento de los objetivos, metas y propósitos, de los Documentos Básicos;
XII. Vigilar que se cumplan los resolutivos de la Asamblea Estatal y del Distrito Federal y emitir acuerdos y orientaciones generales;
XIII. Aprobar planes y programas de lucha política, para fijar la posición del Partido ante el poder político y para asegurar la unidad interna y normar la organización del trabajo;
XIV. Aprobar las plataformas electorales que el Partido debe de presentar ante los organismos electorales competentes, para cada elección local en que participe;
XV. Definir la posición del Partido y proponer las estrategias y tácticas que debe seguir ante los grandes problemas estatales o del Distrito Federal;
XVI. Analizar los planteamientos y demandas de las organizaciones y de los sectores y emitir los acuerdos que correspondan;
XVII. Vincular el trabajo de las organizaciones sectoriales con los de la estructura territorial en torno a las estrategias de lucha electoral;
XVIII. Aprobar el reglamento de los Consejos Políticos Municipales o Delegacionales para el caso del Distrito Federal;
XIX. Aprobar el Reglamento del Comité Directivo Estatal o el del Distrito Federal, el que deberá ser congruente con el del Comité Ejecutivo Nacional;
XX. Aprobar durante el primer mes de cada año, el proyecto presupuestal que someta a su consideración la Comisión de Presupuesto y Fiscalización respectiva. El presupuesto que apruebe preverá la asignación a los Comités municipales o delegacionales, según el caso, del 50% del monto que el partido reciba a nivel local por financiamiento público;
XXI. Aprobar durante el primer mes de cada año, el programa anual de trabajo que someta a su consideración el Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, en su caso;
XXII. Convocar a los servidores públicos priístas para que informen de su gestión, en los términos que permita la Constitución Política local y las leyes aplicables;
XXIII. Requerir a los consejos políticos municipales la formulación de sus estrategias de acción, velando por su congruencia con el Programa de Acción, mediante los lineamientos que deberán expedir con tal propósito y evaluar periódicamente el avance de los mismos;
XXIV. Nombrar al Contralor General de entre una terna propuesta por el Presidente del Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal;
XXV. Conocer y aprobar, en su caso, la propuestas para suscribir frentes, coaliciones, candidaturas comunes, y otras formas de alianza que establezca la ley de la materia, para que, por conducto del Presidente del Comité Directivo de que se trate, se solicite el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional;
XXVI. Conocer, revisar y aprobar, en su caso, los temas prioritarios y acuerdos específicos de la Agenda Legislativa que para cada período le presente, con oportunidad, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido en el congreso del estado o, en su caso, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
XXVII. Distribuir entre los comités municipales y delegacionales, los recursos disponibles, con sujeción a los criterios previstos en la fracción II del artículo 116;
XXVIII. Aprobar el Plan Estatal de Capacitación Política y el Programa Anual de Trabajo de la filial estatal del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C.;
XXIX. Conocer y aprobar, en su caso, el Programa Anual de Investigaciones Políticas,
Económicas y Sociales que someta a su consideración la Fundación Colosio, A.C. de la entidad federativa respectiva, así como velar por el desempeño de las tareas de docencia, investigación y divulgación que estatutariamente le corresponda a la propia Fundación;
XXX. Elegir, a propuesta del Presidente y del Secretario General del Comité Directivo respectivo, a los integrantes de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria;
XXXI. Elegir, a propuesta del Presidente del Comité Directivo respectivo, a los integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Internos, en los términos previstos en el artículo 157;
XXXII. Elegir, de entre una terna propuesta por el Presidente del Comité Directivo respectivo, al titular de la Defensoría Estatal de los Derechos de los Militantes; y
XXXIII. Las demás que le señalen estos Estatutos.

Artículo 120. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad federativa correspondiente y desarrollarán las tareas de coordinación y vinculación para la operación política de los programas estatales que apruebe el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, así como las acciones que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 121. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal estarán integrados por:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario General;
III. Un Secretario de Organización;
IV. Un Secretario de Acción Electoral;
V. Un Secretario Gestión Social;
VI. Un Secretario de Finanzas;
VII. Un Secretario de Administración;
VIII. Un Secretario de Acción Indígena en donde se tenga presencia de pueblos y comunidades indígenas;
IX. Un Coordinador de Acción Legislativa;
X. Las demás secretarías que sean pertinentes a cada entidad federativa y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y
XI. Cada sector, el Movimiento Territorial, el Organismo de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario contarán con un Coordinador dentro del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal, con las atribuciones y representatividad suficientes para su cabal funcionamiento.
En los estados con presencia de pueblos y comunidades indígenas, el Consejo Político correspondiente acordará la creación de una Secretaría de Asuntos Indígenas.
Artículo 122. Los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Contribuir a vigorizar la vida democrática del Partido en la entidad, estableciendo los lineamientos necesarios para que sus órganos estén vinculados permanentemente con las luchas populares;
II. Someter a la consideración y aprobación del Consejo Político respectivo, en su caso, el Programa Anual de Trabajo del Comité Directivo correspondiente;
III. Rendir al Consejo Político de la entidad federativa el informe anual que deberá incluir el origen y aplicación de los recursos financieros del Partido en la entidad;
IV. Mantener actualizado el Registro Partidario en la entidad federativa de que se trate, cumpliendo estrictamente con las normas reglamentarias de afiliación y acreditación del trabajo partidario;
V. Mantener relación permanente con las filiales de la Fundación Colosio , A. C. a efecto de impulsar los trabajos de estudio, análisis e investigación de los problemas políticos, económicos, sociales y de divulgación ideológica, así como con el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., para lo conducente;
VI. Coordinar las actividades de los comités municipales o delegacionales que le correspondan, así como elaborar el proyecto de Programa de Acción específico para la entidad federativa correspondiente, que deberá someterse a la aprobación del Consejo Político respectivo;
VII. Acatar los lineamientos políticos que le fijen los diversos órganos competentes del Partido, así como formular el proyecto de estrategia de acción partidista para la entidad federativa de que se trate, de acuerdo con los lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional y la aprobación del Consejo Político Estatal;
VIII. Convocar a la Asamblea local, a petición del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, de la mayoría de los comités municipales o delegacionales;
IX. Informar mensualmente de sus actividades al Comité Ejecutivo Nacional y actualizar el Registro Partidario Nacional en el ámbito de su competencia con la información de la entidad respectiva;
X. Promover, conjuntamente con los militantes de la comunidad, la solución de los problemas y solidarizarse con la lucha de las organizaciones y los sectores en la entidad;
XI. Designar, con la verificación del Comité Ejecutivo Nacional, a los comisionados en los órganos electorales en el estado o en el Distrito Federal, municipios, distritos electorales, o delegacionales para realizar las actividades que establezcan las leyes electorales y las específicas que se les señalen;
XII. Crear, de acuerdo a sus circunstancias, características y necesidades, las secretarías necesarias, siempre y cuando éstas no excedan de tres y no invadan los ámbitos de competencia de las secretarías ya existentes, sometiéndolas a la autorización del Consejo Político correspondiente;
XIII. Crear, para el mejor cumplimiento de sus funciones, las subsecretarías, coordinaciones, delegaciones, dependencias administrativas y comisiones, así como nombrar a los coordinadores y delegados de carácter permanente o transitorio, que estime necesarios, fijando sus atribuciones específicas, sometiéndolas a la autorización del Consejo Político respectivo;
XIV. Recabar las cuotas y aportaciones de los integrantes del Partido, en el ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones del Reglamento respectivo, expidiendo el recibo que para ello se emita, e informar de manera permanente de la recaudación, aportaciones y aplicación de los recursos a las áreas respectivas del Comité Ejecutivo Nacional; y
XV. La facultad conferida al Comité Ejecutivo Nacional en el artículo 85, fracción X de estos Estatutos, se entenderá otorgada a los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal, previo acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, para los casos de los dirigentes de los comités municipales o delegacionales; y
XVI. Las demás que les señalen estos Estatutos, así como los reglamentos que expida el Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 123. Los presidentes de los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal designarán a los secretarios que integran dicho órgano, previstos por las fracciones III, IV, V y VI del artículo 121 de estos Estatutos y distribuirán entre sus dirigentes las actividades por realizar, atendiendo a la naturaleza de los cargos que ocupan. Para ello, serán aplicables en lo conducente las disposiciones relativas a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, las que tendrán para las secretarías de los Comités Directivos un sentido fundamental de conducción, programación y control de la actividad política.
Artículo 124. Los Consejos Políticos Estatales o del Distrito Federal acordarán la integración a nivel estatal o del Distrito Federal de los Órganos de Apoyo señalados en el artículo 98, previo acuerdo de los titulares de los Órganos Nacionales de Apoyo.
Los Órganos Estatales de Apoyo y del Distrito Federal, tendrán las facultades y atribuciones de los Órganos Nacionales respectivos, que aplicarán en el nivel correspondiente a su entidad federativa; y sus integrantes serán electos por el Consejo Político respectivo, en los términos de los presentes Estatutos.

Artículo 125. La Asamblea municipal o delegacional es el órgano deliberativo, rector y representativo del Partido en el ámbito de competencia correspondiente. Se integrará con:
I. El Consejo Político municipal o delegacional, según se trate, en pleno;
II. El Comité municipal o delegacional, según se trate, en pleno;
III. El Presidente Municipal o el Jefe Delegacional;
IV. Los ex presidentes municipales priístas;
V. Los ex presidentes del Comité municipal, distrital o delegacional;
VI. Los legisladores federales y locales que residan o representen al distrito;
VII. Regidores y síndicos del Partido;
VIII. Los presidentes de los comités seccionales en el número que establezca la convocatoria;
IX. Los delegados del Movimiento Territorial en proporción al número de Comités de Base que tenga integrados en el municipio, distrito o delegación, según los términos que señale la convocatoria;
X. Los delegados de los sectores y organizaciones, de la Fundación Colosio y del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, registrados en el municipio o distrito, en el número y términos que determine la convocatoria respectiva; y
XI. Los delegados electos por la militancia del municipio o delegación mediante el voto personal, directo y secreto en cantidad que represente el cincuenta por ciento de la Asamblea.
En la elección de estos delegados se observará la paridad de género y la elección de al menos una tercera parte de jóvenes. El Partido promoverá la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes.
Artículo 126. Las asambleas municipales o delegacionales, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Evaluar la situación política, económica y social del municipio, distrito o delegación correspondiente, en relación con la Declaración de Principios y Programa de Acción;
II. Conocer y, en su caso, aprobar el informe general de labores que deberá rendir el comité respectivo;
III. Aprobar el programa de trabajo del comité respectivo;
IV. Elegir por voto directo y secreto de sus integrantes, en los casos que proceda, según lo dispuesto por los presentes Estatutos y en los términos que fije la convocatoria respectiva, a los delegados a la Asamblea Estatal o del Distrito Federal;
V. Elegir, en su caso, al Presidente y al Secretario General del Comité Municipal o Delegacional, y tomarles la protesta estatutaria;
VI. Resolver cualquier otro asunto de interés general para el Partido, en el municipio, o delegación; y
VII. Conocer y, en su caso, aprobar las propuestas para la elaboración de planes de desarrollo y programas gubernamentales respectivos.
Artículo 127. La Asamblea municipal, o delegacional, se reunirá cuando menos una vez al año, a convocatoria del comité respectivo, o cuando lo considere necesario el Consejo Político correspondiente o la mayoría de los presidentes de sus comités seccionales lo decidan.

Artículo 128. El Consejo Político municipal o delegacional, es el órgano de integración democrática, deliberativo, de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinado a su respectiva Asamblea, en el que las fuerzas más significativas del Partido en su ámbito, serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política, en los términos de los presentes Estatutos y las determinaciones de los Consejos Políticos Nacional, Estatal o del Distrito Federal.
Artículo 129. Los consejos políticos municipales o delegacionales, estarán integrados por:
I. El Presidente y Secretario General del Comité municipal o delegacional, quienes fungirán como Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Consejo;
II. El Presidente Municipal o Jefe Delegacional;
III. Los ex presidentes municipales o ex jefes delegacionales priístas;
IV. Ex presidentes del Comité Municipal del Partido;
V. Hasta cincuenta presidentes de los comités seccionales;
VI. Los legisladores federales y locales que residan en el municipio o delegación;
VII. Los regidores y síndicos, en su caso;
VIII. El Presidente y el Secretario General de la Fundación Colosio, A.C., en su caso;
IX. El Presidente y el Secretario General del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., en su caso;
X. Los representantes de las organizaciones del Partido en los términos que señale la convocatoria para su integración, distribuidos en proporción al número de militantes afiliados, entre:
a) Las organizaciones del Sector Agrario.
b) Las organizaciones del Sector Obrero.
c) Las organizaciones del Sector Popular.
d) El Movimiento Territorial.
e) El Organismo Nacional de Mujeres Priístas.
f) El Frente Juvenil Revolucionario.
g) La Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, en su caso; y
h) Las organizaciones adherentes con registro; y
XI. Consejeros electos por la militancia de cada municipio o delegación, mediante el voto directo, en cantidad que represente el 50% del Consejo. En la elección de estos consejeros se observará la paridad de género y la elección de al menos una tercera parte de jóvenes.
Artículo 130. Los consejos políticos municipales o delegacionales tendrán las atribuciones siguientes:
I. Evaluar el informe anual del Comité municipal o delegacional sobre el origen y aplicación de los recursos del Partido, en la jurisdicción de que se trate;
II. Evaluar anualmente las realizaciones de la administración pública en el ámbito de su competencia, a fin de proponer las acciones necesarias para reorientarlas o reconocerlas, convocando a los titulares, en caso de gobiernos de filiación priísta;
III. Elegir al Presidente y Secretario General del Comité municipal o delegacional en los casos de ausencias absolutas de los titulares, según los términos señalados en el artículo 164 de los presentes Estatutos;
IV. Conocer y, en su caso, aprobar los dictámenes que emitan las comisiones en los asuntos de sus respectivas competencias;
V. Analizar los planteamientos y demandas de carácter local de los sectores y sus organizaciones y dictar las resoluciones solidarias que correspondan;
VI. Formular las propuestas que se inserten en los planes de desarrollo y en los planes gubernamentales municipales o delegacionales;
VII. Aprobar los programas de acción a nivel municipal o delegacional;
VIII. Opinar, en su caso, respecto del método de elección y postulación de candidatos en el ámbito de su competencia;
IX. Integrar, en su caso, las comisiones siguientes:
a) Comisión Política Permanente.
b) Comisión de Financiamiento.
c) Comisiones Temáticas y de Dictamen, que prevea el reglamento respectivo; y
X. Las demás que se deriven de estos Estatutos, del reglamento correspondiente y de los lineamientos que dicten los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal.

Artículo 131. Los comités municipales o delegacionales, son los órganos que dirigen permanentemente las actividades del Partido en su ámbito de competencia.
Artículo 132. Los comités municipales o delegacionales estarán integrados por:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario General;
III. Un Secretario de Organización;
IV. Un Secretario de Acción Electoral;
V. Un Secretario Gestión Social;
VI. Un Secretario de Administración y Finanzas;
VII. Un Secretario de Acción Indígena en los municipios o delegaciones con presencia de pueblos y comunidades indígenas;
VIII. Las demás secretarías que sean pertinentes a cada municipio o delegación y que correspondan al Comité Ejecutivo Nacional; y
IX. Los Sectores; el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priístas y el Frente Juvenil Revolucionario, contarán con un representante ante el Comité Municipal. Para el Distrito Federal, la integración de los Comités Delegacionales será decidida por el Consejo Político de la entidad a propuesta de la dirigencia del Comité Directivo.
Artículo 133. Los comités municipales o delegacionales, se reunirán cuando menos una vez al mes, siendo suficiente la presencia de la mayoría de sus dirigentes para la validez de los acuerdos que adopten. Éstos se tomarán por mayoría de votos de los presentes y el Presidente tendrá voto de calidad para el caso de empate. Los citatorios de las sesiones serán expedidos por el Presidente del Comité cuando menos con tres días de anticipación.
Artículo 134. Los comités municipales o delegacionales, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Contribuir a vigorizar la vida democrática del Partido en su jurisdicción, promoviendo las acciones necesarias para que sus órganos se vinculen con las luchas populares;
II. Presentar ante la Asamblea correspondiente el Programa Anual de Actividades y rendir ante ella un informe anual;
III. Rendir al Consejo Político respectivo un informe anual sobre el origen y aplicación de los recursos financieros;
IV. Designar, con la verificación del Comité Ejecutivo Nacional, a los comisionados y representantes del Partido ante los órganos electorales que corresponda;
V. Cumplir estrictamente las normas sobre afiliación y registro del trabajo partidista, manteniendo actualizado el Registro Partidario de su jurisdicción;
VI. Organizar, a través de la Secretaría de Acción Electoral, cursos de capacitación en esta materia, en coordinación con el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político;
VII. Dirigir las actividades de los comités seccionales que existan en su ámbito, para el cabal cumplimiento de la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos del Partido;
VIII. Expedir, al término del período estatutario, o en caso de faltar la mayoría de los integrantes de los comités seccionales, la convocatoria para las asambleas de sección en que deban elegirse los comités aludidos, previa autorización del Consejo Político respectivo, cuidando que esta actividad no coincida con elecciones constitucionales ni con procesos internos para postular candidatos;
IX. Observar escrupulosamente los lineamientos políticos que fijen los diversos órganos competentes del Partido;
X. Promover actividades de desarrollo de la comunidad y atención permanente a las demandas sociales de sus militantes;
XI. Coordinar en su jurisdicción las actividades de capacitación política y orientación ideológica, para el cabal cumplimiento del programa de trabajo aprobado por la respectiva asamblea;
XII. Informar mensualmente de sus actividades al Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal y mantener actualizados sus inscripciones en el Registro Partidario estatal o del Distrito Federal, según corresponda;
XIII. Convocar a la Asamblea Ordinaria, a petición del Consejo Político correspondiente, o de la mayoría de los comités seccionales de su ámbito;
XIV. Recabar las cuotas y aportaciones de los integrantes del Partido, de conformidad con las disposiciones del reglamento respectivo;
XV. Designar, en su caso, en las secciones electorales que sean necesarias a un coordinador de activismo político electoral, con las siguientes funciones:
a) Desarrollar las estrategias y tareas que fortalezcan la efectividad de la acción electoral del Partido en su ámbito.
b) Promover y organizar acciones de orientación cívica y capacitación electoral dirigidas a los militantes domiciliados en su demarcación.
c) Coordinar las actividades de promoción del voto en los procesos electorales constitucionales.
d) Representar al Partido ante la casilla electoral correspondiente, en los términos que establezca la Secretaría de Acción Electoral; y
XVI. Las demás que les señalen estos Estatutos, así como los reglamentos que expida el Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 135. Los comités a que se refiere esta sección podrán crear, para mejor cumplimiento de sus funciones, las dependencias administrativas y comisiones de carácter permanente y transitorio que estimen necesarias, fijándoles sus atribuciones específicas, previa aprobación del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, según corresponda.
Los Presidentes de los comités municipales y delegacionales designarán a los secretarios que integran dicho órgano, previstos por las fracciones III, IV, V y VI del artículo 132 de estos Estatutos y distribuirán entre los dirigentes del Comité las actividades por realizar, atendiendo a la naturaleza de los cargos que ocupen; las funciones de las secretarías de los Comités tendrán una naturaleza básicamente operativa, atendiendo los lineamientos normativos y programáticos de los órganos superiores.
En los municipios y delegaciones en que por sus características resulte conveniente, además de la comisión de procesos internos respectiva, el Consejo Político correspondiente podrá integrar la Comisión de Imagen y Comunicación Política, misma que tendrá en lo conducente, las atribuciones que se prevén para la Comisión Nacional.

Artículo 136. La Asamblea de Sección es el órgano deliberativo, rector y representativo de la sección, que es la unidad básica para la acción política y electoral de los integrantes del Partido, constituida en cada demarcación en que se dividen los distritos electorales uninominales.
Artículo 137. La Asamblea de Sección se conformará con todos los militantes del Partido que radiquen en el territorio de la sección.
La Asamblea se reunirá por lo menos una vez al año, previa convocatoria expedida por el Comité Seccional correspondiente. Cuando el motivo de la Asamblea sea electoral, deberá contar con la aprobación del Comité municipal o delegacional y en la convocatoria se señalarán los procedimientos aplicables.
Artículo 138. La Asamblea de Sección, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Elegir por voto directo de sus integrantes al Comité Seccional;
II. Aprobar el plan de actividades del Comité Seccional;
III. Conocer y, en su caso, aprobar el informe anual que le rinda el Comité Seccional;
IV. Elegir, por voto directo de sus integrantes y en los términos que fije la convocatoria respectiva, a los delegados a la Asamblea municipal o delegacional, según corresponda;
V. Elegir a un nuevo Comité Seccional cuando, en casos excepcionales, por causa justificada y a petición de la mayoría de sus integrantes, lo autorice el Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal;
VI. Las demás que establezcan estos Estatutos y los reglamentos que expida el Comité Ejecutivo Nacional.

Artículo 139. Los comités seccionales estarán integrados por:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario de Organización;
III. Un Secretario de Acción Electoral;
IV. Un Secretario de Gestión Comunitaria;
V. Un Secretario de Información y Propaganda;
VI. Un Secretario de Finanzas; y
VII. Las instancias de incorporación ciudadana o comunitaria que sean necesarias para la participación eficiente del Partido en los procesos electorales.
Artículo 140. Los comités seccionales se reunirán, para el desempeño de sus funciones, por lo menos una vez al mes en tiempo de elecciones.
Artículo 141. Los comités seccionales, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Elaborar el Plan de Actividades del Comité Seccional;
II. Convocar oportunamente a Asamblea de Sección, a fin de presentar el proyecto del plan de actividades y rendir su informe anual;
III. Cumplir con las normas sobre afiliación y mantener actualizado el Registro Partidario de militantes que radiquen dentro del ámbito de la sección, orientando y promoviendo la inscripción individual en el padrón respectivo;
IV. Remitir al Comité municipal o delegacional, según corresponda, las peticiones de afiliación que reciba y entregar a los militantes su credencial del Partido, una vez que lo autorice el Registro Partidario;
V. Promover la formación de círculos de simpatizantes, y participar activamente en las campañas de los candidatos del Partido a puestos de elección popular;
VI. Colaborar con el Comité municipal o delegacional, que corresponda, en las labores partidistas que tenga programadas, fundamentalmente las referidas a la acción electoral;
VII. Distribuir, por los medios más adecuados a su alcance, la propaganda y ediciones del Partido y procurar la difusión amplia de los Documentos Básicos;
VIII. Procurar que los integrantes de la sección cubran oportunamente sus cuotas al Partido;
IX. Informar al Comité municipal, o delegacional, según corresponda, de las labores que realice, así como los cambios de domicilio de los miembros del Partido en la sección para los efectos del caso;
X. Llevar a cabo una actividad intensa y permanente, a fin de que los integrantes de la sección fortalezcan sus convicciones partidistas, participen en la vida política, ejerciten democráticamente sus derechos y contribuyan a desarrollar y consolidar la democracia y alcanzar la justicia social;
XI. Promover reuniones con los funcionarios de la administración pública para plantear las demandas populares en el ámbito de sus respectivas competencias;
XII. Coordinar las tareas de promoción y desarrollo de la comunidad, procurando la autogestión y la participación social comunitaria, actuando como órgano básico de gestión del partido;
XIII. Equipar y mejorar, con esfuerzo de los miembros y militantes de la sección, el local de su domicilio social, en su caso;
XIV. Promover la representación del Partido ante la casilla electoral, según lo determine la Secretaría de Acción Electoral; y
XV. Las demás que le señalen estos Estatutos y los reglamentos que expida el Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 142. El Presidente del Comité Seccional distribuirá entre los dirigentes del Comité las actividades por realizar, atendiendo a la naturaleza de los cargos que ocupan. Las funciones de las secretarías serán eminentemente operativas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por los órganos superiores.

Artículo 143. Las asambleas Nacional, Estatales y del Distrito Federal, municipales, delegacionales y seccionales a que se refiere esta sección se integrarán por delegados electos a través de procesos libres y democráticos, de conformidad a lo que disponen estos Estatutos y lo que establezca la convocatoria respectiva.
Artículo 144. El proceso de elección para las asambleas será a través del voto personal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme al procedimiento que determine el Consejo Político que corresponda, garantizando, en todo caso, la representación paritaria de género y la participación de, al menos, un 30% de jóvenes.
Previo a la celebración de la asamblea del nivel que corresponda, los comités respectivos celebrarán reuniones informativas con militantes del Partido, en las que se comunicará y difundirá el contenido de la convocatoria expedida al efecto, la mecánica de organización y conducción de las asambleas y el procedimiento de elección de delegados.
Para la elección de los delegados a las asambleas se utilizará el registro de miembros que proveerá el órgano competente del Partido, agrupado por sección electoral. Los afiliados inscritos en el Registro Partidario serán llamados a las reuniones informativas y a la elección de los delegados, en los términos que determine la convocatoria correspondiente.
En las asambleas, los delegados deliberarán en torno a los planteamientos expuestos y, hecho el análisis pertinente, formularán las conclusiones procedentes, predictámenes o dictámenes, y resoluciones, según sea el caso, de conformidad con la convocatoria expedida por el respectivo comité.
En la elección de delegados, se procurará que los miembros del Partido que resulten electos se distribuyan de manera equitativa y proporcional al territorio. El número será de acuerdo con lo previsto por la convocatoria y el reglamento respectivo.
I. Elección de delegados por la Estructura Territorial en los municipios o delegaciones: Los afiliados, militantes, cuadros y dirigentes de la Estructura Territorial acudirán, en los términos que fije la convocatoria, a la elección de delegados que, en todo caso, será mediante voto libre, personal, directo y secreto, emitido por los miembros del Partido que radiquen en el ámbito de la elección.
II. Elección de delegados de los sectores y de las organizaciones:
Los sectores Agrario, Obrero y Popular, así como el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priístas, el Frente Juvenil Revolucionario, la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria A.C. y las organizaciones adherentes con registro, elegirán democráticamente a los delegados que les correspondan, conforme a sus procedimientos internos y según lo establezca la convocatoria respectiva.

Artículo 145. Para ser Consejero Político, se requiere que los miembros, militantes, cuadros y dirigentes cumplan con los requisitos previstos en el artículo 151 de estos Estatutos, con excepción del contenido de sus fracciones III, IV, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV, los específicos que establezcan la convocatoria respectiva y acreditar fehacientemente, además, una militancia de:
I. Cinco años para los consejeros políticos nacionales;
II. Tres años para los consejeros políticos estatales y del Distrito Federal; y
III. Dos años para los consejeros políticos municipales y delegacionales.
Artículo 146. El procedimiento para elegir a los integrantes de los consejos políticos será mediante el voto universal, secreto, personal, libre, directo e intransferible, conforme lo determine el propio consejo y la convocatoria respectiva.
Artículo 147. Los consejeros políticos que correspondan a los sectores, organizaciones adherentes y Organismos Especializados, serán electos de conformidad con el principio que alude el artículo anterior. Será obligatorio que en su integración quede debidamente representada la paridad de género, considerando el 50% de mujeres y 50% de hombres, y que por lo menos una tercera parte sean jóvenes.
Los sectores, organizaciones nacionales y adherentes y los Organismos Especializados deben territorializar a los consejeros políticos que los representen por sección, municipio o delegación, para fortalecer la acción política del Partido, constatando que cumplan con los requisitos previstos en estos Estatutos y la convocatoria respectiva.
Artículo 148. Para que la integración de los consejos políticos cuenten con las características de proporcionalidad, que se señala en esta sección, los consejeros serán electos de la manera siguiente:
I. Representación Territorial:
a) Elección directa, secreta, personal e intransferible por la militancia en el nivel que corresponda.
b) Asambleas electorales territoriales agrupadas en zonas o regiones que comprendan el entorno geográfico del estado, Distrito Federal, municipios o delegaciones, para que la representación de consejeros políticos quede distribuida adecuadamente en su territorio.
II. Representación Legislativa: Los legisladores insacularán o elegirán de entre ellos al número de consejeros que les corresponda en sus respectivas Cámaras mediante el voto personal, secreto, libre y directo, cumpliendo con los procedimientos de rotación que establece el artículo 70, fracción V, de estos Estatutos.
III. Comités Estatales y del Distrito Federal: Los presidentes municipales que comprenda cada entidad federativa y los jefes delegacionales, elegirán de entre ellos mismos a través del voto libre, personal, secreto, directo e intransferible los consejeros políticos que les correspondan. El mismo procedimiento se aplicará para el caso de los comités delegacionales; y
IV. Por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., y la Fundación Colosio, A.C., se aplicará el procedimiento que determinen sus respectivas asambleas observando las reglas anteriores.
Artículo 149. La responsabilidad de la organización y conducción de la elección de los consejeros políticos será de la Comisión de Procesos Internos del nivel que corresponda.
Artículo 150. Los legisladores federales, dirigentes de cualquier nivel de la estructura territorial, de los Organismos Especializados, los sectores y organizaciones no podrán contender para ser consejeros políticos electos por el procedimiento de elección directa a que se refiere la fracción I del artículo 148 de estos Estatutos.

Artículo 151. Para ser Presidente y Secretario General de los comités Ejecutivo Nacional, directivos de los estados y del Distrito Federal, municipales y delegacionales, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser cuadro de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al Partido, contar con arraigo y prestigio entre la militancia y la sociedad, tener amplios conocimientos de los postulados del Partido y reconocido liderazgo;
II. No haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido político, a menos que cuente con declaratoria favorable de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria;
III. Tener y comprobar una residencia de por lo menos 3 años en la demarcación de que se trate, excepto cuando se hubiere desempeñado una comisión partidista o funciones públicas;
IV. Acreditar carrera de Partido y como mínimo una militancia fehaciente de:
a) 10 años para los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional.
b) 7 años para los dirigentes de los Comités Directivos Estatales y del Distrito Federal.
c) 3 años para dirigentes de municipios o delegaciones.
V. Estar inscrito en el Registro Partidario y al corriente en el pago de sus cuotas al Partido, lo que se acreditará con los documentos expedidos por las áreas correspondientes;
VI. Ser electo de acuerdo a lo establecido en los presentes Estatutos y en la convocatoria respectiva;
VII. Acreditar ante la Comisión de Procesos Internos que corresponda, con pruebas documentales, que se reúnen los requisitos exigidos;
VIII. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delitos graves del orden común o federal, o por delitos patrimoniales;
IX. En los casos de quienes ocupen un cargo de elección popular, de dirigente partidista ejecutivo territorial o se desempeñen como servidores públicos de mando medio o superior, solicitar licencia al cargo a la fecha de presentación de la solicitud de registro, misma que deberán mantener al menos hasta la conclusión del correspondiente proceso interno. En caso de ser electos, sólo los primeros podrán reintegrarse a sus cargos;
X. Los candidatos a Presidente y Secretario General de los comités Ejecutivo Nacional o Directivos Estatales y del Distrito Federal deberán haber desempeñado algún cargo de dirigencia;
XI. Presentar un programa de trabajo ante el Consejo Político respectivo en los casos de dirigente nacional, estatales, municipales o delegacionales;
XII. Haber acreditado los cursos de capacitación y formación política establecidos para tal efecto en el plan nacional y en los planes estatales de capacitación política, de los que impartirá el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político y sus filiales estatales y del Distrito Federal;
XIII. Contar indistintamente con algunos de los siguientes apoyos:
a) Estructura Territorial, a través de sus comités seccionales, municipales o delegacionales, Directivos Estatales o del Distrito Federal, según el caso; y/o
b) Sectores y/o el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priístas, el Frente Juvenil Revolucionario y Unidad Revolucionaria; y/o
c) Consejeros políticos; y/o
d) Afiliados inscritos en el Registro Partidario.
XIV. Los porcentajes de apoyo a los que se refiere la fracción anterior, en ningún caso podrán ser mayores de:
a) 20% de Estructura Territorial; y/o
b) 20% de los sectores, Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priístas, el Frente Juvenil Revolucionario y Unidad Revolucionaria; y/o
c) 20% de consejeros políticos; y/o
d) 5% de afiliados inscritos en el registro partidario; y
XV. Respetar los topes de campaña previamente establecidos por el Consejo Político Nacional, Estatal o del Distrito Federal, según corresponda.
Artículo 152. En los casos de los dirigentes seccionales, bastará con que se cuente con un año de militancia en el Partido y reunir los requisitos señalados en las fracciones II, VI y VIII del artículo anterior.
Artículo 153. El proceso interno para elegir dirigentes deberá regirse, en lo general, por las disposiciones de este Estatuto, del reglamento y la convocatoria respectiva, obligando la paridad de género y un tercio de jóvenes.
Artículo 154. La organización, conducción y validación del procedimiento para la elección de dirigentes corresponderá a la Comisión de Procesos Internos que se constituirá a nivel nacional, estatal y del Distrito Federal, municipal o delegacional, la cual se integrará y contará con las atribuciones señaladas en los artículos 100, 155, 156 y 157 de estos Estatutos.
Artículo 155. La Comisión de Procesos Internos se integra con once comisionados propietarios y seis suplentes; las Comisiones Estatales y del Distrito Federal con nueve comisionados propietarios y cuatro suplentes; las municipales y delegacionales, con siete propietarios y tres suplentes, todos ellos electos conforme al procedimiento que se señala en este Capítulo.
A las comisiones de procesos internos podrán integrarse, con derecho a voz y no a voto, un representante de cada Sector y Organización nacional, quienes podrán ser sustituidos en cualquier momento, por el sector u organización que los acreditó.
En el periodo de elección de dirigencias y postulación de candidatos, se incorporarán a las comisiones respectivas un representante de cada uno de los aspirantes registrados que tendrá derecho a voz, pero no a voto.
Las comisiones contarán con una Secretaria Técnica, que tendrá bajo su responsabilidad la operación y ejecución de los acuerdos y resoluciones dictados por la comisión respectiva.
Artículo 156. Los requisitos para ser miembro de las Comisiones de Procesos Internos, en todos sus niveles son:
I. Ser militante de comprobada disciplina y lealtad al Partido, acreditar conocimiento de los Documentos Básicos del Partido y reunir el perfil requerido, para el desempeño del cargo;
II. No haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido;
III. Acreditar una militancia fehaciente de cinco años, como mínimo, dentro del Partido;
IV. Gozar de honorabilidad, y no haber sido sentenciado por delitos intencionales del orden común o federal, o sancionado administrativamente en el desempeño de función pública; y
V. Ser electo por el Consejo Político correspondiente.
Artículo 157. Los miembros de las comisiones serán electos de la siguiente forma:
El Presidente de los comités Ejecutivo Nacional, estatales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales, propondrá ante el pleno del Consejo a los integrantes respectivos, especificando entre ellos la propuesta para Presidente.
Para la elaboración de estas propuestas deberán ser consultados los sectores, organizaciones, organismos especializados y Estructura Territorial del Partido.
El Consejo Político analizará el perfil profesional, la trayectoria partidista y la idoneidad de los militantes propuestos y determinará quiénes integrarán la Comisión correspondiente, mediante la votación de las dos terceras partes de los consejeros presentes.
El número que cada suplente ocupe en la relación es el que determina la prelación que le corresponde para asumir la titularidad en el caso de ausencia definitiva de algún propietario.
Artículo 158. Los integrantes de estas comisiones durarán en su encargo tres años y solamente podrán ser removidos por causa grave, mediante resolución del Consejo Político que corresponda y previo procedimiento y dictamen de la Comisión de Justicia Partidaria.
Artículo 159. La elección de Presidente y Secretario General de los comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales y del Distrito Federal, municipales y delegacionales, se realizará por el procedimiento estatutario que seleccione el Consejo Político del nivel que corresponda, de entre las opciones siguientes:
I. Para los comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales y del Distrito Federal:
a) Elección directa por la base militante.
b) Asamblea de consejeros políticos.
c) Asamblea Nacional, Estatal o del Distrito Federal según el nivel que corresponda.
II. Para los comités municipales y delegacionales:
a) Elección directa por la base militante.
b) Asamblea de consejeros políticos.
c) Asambleas municipales y delegacionales, según el nivel que corresponda.
d) Usos y costumbres donde tradicionalmente se aplica.
Artículo 160. El Presidente y Secretario General de los comités Ejecutivo Nacional, Directivo Estatales y del Distrito Federal, municipales o delegacionales, serán elegidos en fórmula por el procedimiento estatutario que determine el Consejo Político correspondiente al mismo nivel. En la integración de la fórmula se respetará el principio de paridad de género y se procurará que uno de ellos sea joven.
Artículo 161. La convocatoria para la elección de dirigentes, será expedida por el comité del nivel inmediato superior y conforme al procedimiento estatutario que hubiere determinado el Consejo Político del nivel al que corresponda la elección, según establezcan las disposiciones contenidas en esta sección y el reglamento respectivo.
Toda convocatoria se expedirá previo acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional.
En el caso de la elección correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional, la convocatoria será expedida por la Comisión Nacional de Procesos Internos, previa aprobación del Consejo Político Nacional.
La convocatoria deberá contener los requisitos que se señalan en los presentes Estatutos o en el reglamento respectivo.
Artículo 162. Los dirigentes de los comités seccionales serán elegidos por el voto de los militantes de la sección, ajustándose a la convocatoria que se expida.
Artículo 163. El Presidente y Secretario General electos de los comités Ejecutivo Nacional, Directivos de los Estados y del Distrito Federal, durarán en su función cuatro años; los municipales, delegacionales y seccionales, durarán en su función tres años, sin posibilidad de ser reelectos en ningún caso.
Al concluir el periodo para el que fueron electos el Presidente y Secretario General, en cualquier caso cesarán en sus funciones. De no haberse efectuado el proceso electivo para la renovación de la dirigencia, el Consejo Político correspondiente será convocado, por su Secretario Técnico, dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término, para proceder a elegir una dirigencia interina y seleccionar el procedimiento electivo para el proceso de elección de la nueva dirigencia.
Artículo 164. En el caso que exista una ausencia temporal justificada del Presidente o del Secretario General, el secretario que corresponda, de acuerdo al orden de prelación prescrito en los artículos 84, 121 y 132 de estos Estatutos, ocupará el cargo.
En ausencia definitiva del Presidente, el cargo lo ocupará el Secretario General, quien convocará a elección en un plazo de 60 días al Consejo Político que corresponda, para que proceda a realizar la elección del Presidente sustituto que deberá concluir el período estatutario correspondiente.
En ausencia definitiva del Secretario General, el cargo lo ocupará el secretario que corresponda, de acuerdo al orden de prelación prescrito en los artículos 84, 121 y 132 de estos Estatutos, y el Presidente convocará en un plazo máximo de 60 días al Consejo Político correspondiente, para que proceda a realizar la elección del Secretario General sustituto que deberá concluir el período estatutario respectivo.
En ausencia simultánea del Presidente y Secretario General, los secretarios que correspondan de acuerdo al orden de prelación prescrito en los artículos 84, 121 y 132 de estos Estatutos ocuparán los cargos y en un plazo de 60 días convocarán al Consejo Político que corresponda para que proceda a realizar la elección del Presidente y el Secretario General sustitutos que deberán concluir el período estatutario correspondiente.
Artículo 165. Al aceptar sus cargos, los dirigentes rendirán protesta ante el órgano superior correspondiente, o el representante del mismo, de acuerdo al siguiente texto:
"¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo para el que ha sido electo con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la Revolución, y sujeto a que el Partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan?".
Los dirigentes contestarán: "¡Sí, protesto!"

Artículo 166. El militante del Partido que pretenda ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, deberá cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos;
II. Satisfacer los requisitos exigidos por los ordenamientos electorales aplicables a los comicios constitucionales de que se trate;
III. Ser militante y cuadro, habiendo mostrado lealtad pública con la Declaración de Principios y el Programa de Acción, así como observancia estricta en los Estatutos del Partido;
IV. No haber sido dirigente, candidato ni militante destacado de partido o asociación política, antagónicos al Partido Revolucionario Institucional, salvo que acrediten, a partir de su afiliación o reafiliación una militancia mínima de 3 años para cargo municipal, de 5 años para cargo estatal y de 7 años para cargo federal, sin demérito de la antigüedad de militancia para cada cargo;
V. Estar al corriente en el pago de sus cuotas al Partido, lo que se acreditará con documentos expedidos por la Secretaría de Finanzas;
VI. Protestar cumplir las disposiciones del Código de Ética Partidaria;
VII. Mostrar una conducta pública adecuada y no haber sido condenado por delito intencional del orden común y/o federal, o en el desempeño de funciones públicas;
VIII. Presentar un programa de trabajo ante el órgano de Partido que corresponda;
IX. Para los casos de Presidente de la República , Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal se requerirá acreditar la calidad de cuadro, dirigente y haber tenido un puesto de elección popular a través del Partido, así como diez años de militancia partidaria;
X. Acreditar su conocimiento de los Documentos Básicos del Partido con el apoyo de los cursos de capacitación y formación política que impartirá el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C. y sus filiales estatales y del Distrito Federal;
XI. Para el caso de integrantes de ayuntamientos, jefes delegacionales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los estados, deberán comprobar una militancia de tres años; tener una residencia domiciliaría que cumpla con la exigencia establecida en la legislación correspondiente. Se exceptúan del requisito de residencia domiciliaría a quienes desempeñen un cargo o una comisión del Comité Ejecutivo Nacional, de un Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, cargo de elección popular o cargo público.
En caso de candidaturas de jóvenes a integrantes de ayuntamientos, deberá acreditar una militancia de un año;
XI Bis. El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI o el Secretario General del mismo, no podrán ser postulados como candidato o candidata a Presidente de la República, a menos que se separen del cargo con seis meses de antelación al inicio del Proceso Electoral Federal correspondiente. (IFE RESOLUCIÓN CG66/2011 MARZO 2, 2011)
XII. Para candidatos a cargos de elección popular por mayoría relativa, solicitar licencia de cualquier puesto de dirigencia partidaria ejecutiva territorial del nivel correspondiente o superior al de la elección, de representación popular o servidores públicos de mando medio o superior, al momento de la presentación de la solicitud de registro como aspirante o como precandidato en el proceso de postulación, según sea el caso, misma que deberá mantener al menos hasta la conclusión del correspondiente proceso interno;
XIII. Para senadores y diputados federales:
a) Acreditar una militancia de cinco años en los términos de lo que establecen estos Estatutos.
b) Acreditar la calidad de cuadro o dirigente.
c) Tener una residencia efectiva que cumpla con la exigencia establecida en la legislación correspondiente. Se exceptúan del requisito de residencia efectiva quienes desempeñan un cargo o una comisión del Comité Ejecutivo Nacional, un cargo de elección popular, o desempeñen un cargo público federal.
d) Para las candidaturas de jóvenes se deberá acreditar una militancia de tres años o comprobar su participación en una organización juvenil del Partido; y
XIV. Se deroga.
XV. Se deroga.
XVI. Comprometerse mediante documento escrito a solventar las multas que en su caso se generen por deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones de comprobación ante los órganos electorales.
Artículo 167. En los procesos electorales federales, estatales, municipales y delegacionales, que se rigen por el principio de mayoría relativa, el Partido promoverá en términos de equidad, que se postulen una proporción no mayor del 50% de candidatos propietarios de un mismo sexo. En los candidatos suplentes, el partido garantizará la paridad de género.
El partido promoverá la postulación de personas con discapacidad.
Artículo 168. Las listas nacional y regionales de candidatos a cargos de elección popular, tanto de propietarios como para suplentes, que por el principio de representación proporcional el Partido presente para su registro en las elecciones federales, en ningún caso incluirán una proporción mayor del 50% de militantes de un mismo sexo. Igual fórmula se aplicará para las listas de candidatos a cargos de elección popular por el principio de representación proporcional en el caso de procesos electorales estatales.
n ambos casos, se considerarán las propuestas que hagan los Sectores y Organizaciones nacionales del Partido.
El partido promoverá la inclusión de militantes que representen sectores específicos de la sociedad, causas ciudadanas, personas con discapacidad y adultos mayores.
Artículo 169. En el principio a que alude el artículo anterior, deberá observarse en segmentos de dos candidatos.
Artículo 170. En la integración de las planillas para Ayuntamientos, tanto para propietarios como para suplentes, que el Partido registre para elecciones municipales no se incluirá una proporción mayor del 50% de candidatos de un mismo sexo. Este principio deberá observarse en una frecuencia mínima de colocación para cualquier sexo de uno de cada tres lugares, salvo que sea consultada la militancia o rija el procedimiento de usos y costumbres.
En los casos de asignación de posiciones por el principio de representación proporcional, procede lo dispuesto en los artículos 168 y 169.
Artículo 171. El principio aludido en los artículos precedentes se observará en las propuestas que, en su caso, presenten los sectores, organizaciones y movimientos del Partido.
Artículo 172. En los procesos electorales federales, estatales y del Distrito Federal, que se rigen por el principio de mayoría relativa y en los municipales, y delegacionales el Partido promoverá que se postulen una proporción no menor al 30% de militantes jóvenes, tanto para candidaturas de propietarios como para suplentes.
Artículo 173. Las listas nacionales y regionales de candidatos a cargos de elección popular, tanto para propietarios como para suplentes, que por el principio de representación proporcional presente el Partido para su registro en las elecciones federales deberán incluir una proporción mínima de 30% de militantes jóvenes.
Artículo 174. Igual fórmula se aplicará para las listas estatales y del Distrito Federal de candidatos a cargo de elección popular, tanto para propietarios como para suplentes, que por el principio de representación proporcional presente el Partido en el caso de procesos electorales estatales, que incluirán una proporción mínima de 30% de militantes jóvenes.

Artículo 175. En los procesos federales y estatales por ambos principios, en las demarcaciones geográficas en las que la mayoría de la población sea indígena, el Partido promoverá la nominación de candidatos que representen a los pueblos y comunidades indígenas predominantes.
En los órganos legislativos y en la integración de las planillas para regidores y síndicos, el Partido promoverá preferentemente la representación de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 176. En los procesos federales y estatales de órganos legislativos y en la integración de las planillas para regidores y síndicos, el Partido promoverá que se postulen a militantes que representen a sectores específicos de la sociedad y a las causas sociales, tales como: Adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables.

Artículo 177. El proceso interno para seleccionar y postular candidatos a puestos de elección popular deberá regirse por las disposiciones de estos Estatutos y el reglamento que para tal efecto apruebe el Consejo Político Nacional.
Artículo 178. La conducción del procedimiento para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, es facultad de las Comisiones de Procesos Internos establecidas en estos Estatutos. La Comisión Nacional propondrá al Consejo Político Nacional el Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos.
Artículo 179. La postulación de candidatos a cargos de elección popular se realizará por el procedimiento estatutario que seleccione el Consejo Político correspondiente, que será sancionado por la Comisión Política Permanente del Consejo Político inmediato superior.
Los tiempos, modalidades y su desarrollo, se normarán por la convocatoria respectiva.
Artículo 180. Para la postulación de los candidatos a Presidente de la República, senadores y diputados federales, el procedimiento lo seleccionará el Consejo Político Nacional, con la aprobación de la mayoría de los Consejos Políticos Estatales y del Distrito Federal.
Artículo 181. Los procedimientos para la postulación de candidatos son los siguientes:
I. Elección directa,
II. Convención de delegados.
En las elecciones municipales se contemplará, además, el método de usos y costumbres, donde tradicionalmente se aplica.
Artículo 182. El procedimiento para cada elección deberá quedar establecido cuando menos treinta días antes del inicio formal del proceso interno de selección de candidatos que corresponda en los términos que establecen las disposiciones legales aplicables. En caso contrario, se utilizará el procedimiento de la misma elección anterior.
Artículo 183. El procedimiento de elección directa podrá realizarse en dos modalidades:
I. Con miembros inscritos en el Registro Partidario; o
II. Con miembros y simpatizantes.
En el caso de la elección directa a la que se refiere la fracción I, el Reglamento señalará la fecha en que habrá de cerrarse el registro de miembros y emitir el listado de votantes correspondiente. Dicho listado deberá ponerse a disposición de los precandidatos.
Artículo 184. Las convenciones de delegados deberán conformarse de la siguiente manera:
I. El 50% de los delegados estará integrado por:
a) Consejeros políticos del nivel que corresponda y consejeros políticos de los niveles superiores que residan en la demarcación.
b) Delegados de los sectores y organizaciones electos en sus asambleas respectivas, en proporción a su participación en el Consejo Político del nivel correspondiente; y
II. El 50% restante serán delegados electos en asambleas electorales territoriales.
En todas las asambleas electorales territoriales se garantizará la observación del principio de paridad de género y participación de jóvenes.
Artículo 185. El Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos, establecerá el mecanismo y modalidades para la elección de los delegados, así como los términos y procedimientos para la realización de la convención.
Artículo 186. En los procedimientos de elección directa y de convención de delegados se observarán los principios democráticos de voto libre, directo, secreto e intransferible. Las asambleas convocadas para elegir delegados serán sancionadas por el Partido y en ellas se observarán los mismos principios señalados anteriormente.
Artículo 187. Todos los militantes que soliciten ser precandidatos a ocupar un cargo de elección popular, por el principio de mayoría relativa, deberán:
I. Reunir los requisitos establecidos en el artículo 166;
II. Acreditar, en caso de que lo disponga la Convocatoria, la calificación de los instrumentos de opinión pública aplicados en la fase previa; y
III. Contar indistintamente con alguno de los siguientes apoyos:
a) Estructura Territorial, a través de sus comités seccionales, municipales, Directivos Estatales y del Distrito Federal, según el caso; y/o
b) Sectores y/o el Movimiento Territorial, el Organismo Nacional de Mujeres Priístas, el Frente Juvenil Revolucionario y Unidad Revolucionaria; y/o
c) Consejeros políticos; y/o
d) Afiliados inscritos en el Registro Partidario.
Artículo 188. Los porcentajes de apoyo a los que se refiere el artículo anterior y que se establezcan en el reglamento respectivo, en ningún caso podrán ser mayores de:
I. 25% de Estructura Territorial; y/o
II. 25% de los sectores y/o el Movimiento Territorial, la Organización Nacional de Mujeres Priístas, el Frente Juvenil Revolucionario y Unidad Revolucionaria; y/o
III. 25% de consejeros políticos; y/o
IV. 10% de afiliados inscritos en el Registro Partidario.
Artículo 189. El Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos establecerá lo siguiente:
I. Los tiempos y modalidades de las diferentes etapas del proceso interno de postulación de candidatos; y
II. Normará los criterios de las campañas internas, establecerá los topes de financiamiento de las mismas y todo lo conducente al proceso de precampañas, conforme a la ley de la materia.
Artículo 190. El Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos y las convocatorias para postular candidatos se sujetarán a lo establecido en la ley de la materia y en lo previsto en los presentes Estatutos y en ningún caso podrán exigir mayores requisitos.
Artículo 191. En los casos de fuerza mayor en que se haga necesaria la sustitución de candidatos del Partido, antes o después de su registro legal, el Comité Ejecutivo Nacional designará a los nuevos candidatos. Tratándose de candidatos locales, el Comité Ejecutivo Nacional atenderá la propuesta de los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal.
Artículo 192. Las convocatorias para postular candidatos a Presidente de la República , gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados federales y senadores, serán expedidas por el Comité Ejecutivo Nacional, previa aprobación del Consejo Político Nacional.
Artículo 193. Las convocatorias para postular candidatos a diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidentes municipales, jefes delegacionales del Distrito Federal, regidores y síndicos, se expedirán por los Comités Directivos Estatales o del Distrito Federal, previa aprobación del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Político correspondiente.
Artículo 194. En los casos de candidatos a puestos de elección popular, por el principio de representación proporcional, el Comité Ejecutivo Nacional presentará a la Comisión Política Permanente la propuesta del listado de propietarios y suplentes para su respectiva sanción.
Al listado se acompañará el expediente de cada uno de los aspirantes para la valoración de los criterios establecidos en el artículo 195 de éstos Estatutos.
Artículo 195. La Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional, vigilará que en la integración de las listas plurinominales nacionales, se respeten los siguientes criterios:
I. Que los candidatos postulados por esta vía, prestigien al Partido;
II. Se valoren los servicios prestados al Partido en elecciones y en los procesos de organización de las mismas;
III. Se seleccionen perfiles profesionales para cubrir las necesidades del trabajo parlamentario, de comisiones y en el debate;
IV. Mantener los equilibrios regionales en función de los votos que se aportan al Partido, cuidando la representación de todas las entidades federativas, en las Cámaras; y
V. Se incluyan las diferentes expresiones del Partido y sus causas sociales.
Las Comisiones Políticas Permanentes en las entidades de la Federación, atenderán criterios análogos en la integración de las listas plurinominales locales.
Artículo 196. En los casos en que el Partido suscriba acuerdos de participación, coalición o candidaturas comunes, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de estos Estatutos.

Artículo 197. Los candidatos postulados, una vez autorizado su registro por los órganos competentes del Partido, deberán protestar que cumplirán los Documentos Básicos y la plataforma electoral aprobada ante el Consejo Político correspondiente.
Artículo 198. La protesta de los candidatos del Partido se rendirá conforme al siguiente texto:
"¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, su Plataforma Electoral y en caso de que el voto popular lo favorezca, desempeñar con patriotismo, lealtad, honradez, eficacia y apegado a los principios de la Revolución, el cargo para el que ha sido postulado y sujeto a que el Partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan?".
Los candidatos contestarán: "¡Sí. Protesto!".
Artículo 199. Los candidatos postulados por el Partido desarrollarán sus campañas conforme a las características políticas, sociales y económicas del ámbito electoral respectivo. Al efecto, se apegarán a las siguientes disposiciones:
I. Los recursos económicos deberán ser manejados con legalidad, honestidad y racionalidad que permita su mejor aprovechamiento y se eviten dispendios;
II. Los órganos directivos del Partido, en el nivel correspondiente y en función del ámbito electoral de que se trate, definirán criterios generales de campaña;
III. Se sujetarán invariablemente a lo establecido en las leyes electorales y demás disposiciones reglamentarias y administrativas;
IV. Establecerán la coordinación necesaria con los candidatos del Partido a otros cargos, cuya campaña coincida en la misma circunscripción, con el propósito de sumar esfuerzos, recursos y lograr su mejor aprovechamiento;
V. Entregarán al Partido oportunamente los documentos suficientes que permitan comprobar el movimiento de ingresos y egresos de su campaña, a fin de que se cumpla con lo establecido en las leyes de la materia;
En caso de no hacerlo, quedarán obligados de manera solidaria con el pago de las multas que pudiese generar su falta; y
VI. Los demás criterios y lineamientos que dicten los órganos directivos.
Lo dispuesto en las fracciones I, II, III, V y VI aplicará en su caso, para los precandidatos a puestos de elección popular.
Artículo 200. En el caso de que un precandidato o candidato no cumpla con lo dispuesto en el Artículo anterior, el Comité Ejecutivo Nacional podrá disponer la cancelación de su registro ante las instancias partidarias correspondientes o las autoridades electorales competentes, según sea el caso, en los términos de las leyes respectivas. Lo anterior, independientemente de las responsabilidades de tipo partidario a las que se haga acreedor, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Artículo 201. Los Organismos Especializados en actividades de investigación, educación, capacitación política, divulgación y tareas editoriales, son los órganos competentes del Partido para realizar las funciones que en esta materia establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los ordenamientos electorales locales respectivos, en su caso.
Tienen como funciones realizar y difundir investigaciones y análisis de orden político, económico y social; de divulgación ideológica; de preservación y estudio de los principios de la Revolución Mexicana; así como desarrollar programas que promuevan la capacitación y actualización de los militantes y simpatizantes del Partido, en los términos de la sección correspondiente.
En su desempeño administrativo podrán contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, y realizar eventos que eventualmente les den autonomía financiera, para que su gestión les otorgue mayor flexibilidad en el trabajo, acercamiento político con otras fuerzas políticas y grupos ciudadanos y para el fortalecimiento de las finanzas de nuestro Partido.
El Consejo Político, a través de la Comisión de Investigación, Educación, Capacitación Política, Divulgación y Tareas Editoriales, garantizará que estas instancias especializadas reciban el financiamiento público que, para la realización de estas actividades, se refieren los ordenamientos electorales vigentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 202 de los presentes Estatutos.
Artículo 202. Son Organismos Especializados, rectores y de coordinación de las actividades de investigación, educación, capacitación política, divulgación y tareas editoriales, los siguientes:
I. De divulgación ideológica e investigación socioeconómica y política: La Fundación Colosio, A. C.;
II. De educación y capacitación: El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C.; y
III. De divulgación y tareas editoriales: El Comité Nacional Editorial y de Divulgación.
Los organismos señalados por este artículo ejercerán la totalidad de los recursos que en términos de la legislación electoral correspondan al Partido para realizar las labores de investigación, estudio, capacitación, edición y divulgación. La Comisión de Imagen y Comunicación Política participará de éstos recursos en lo que a estudios de opinión y tareas de divulgación se refiera.
El Partido garantizará los medios para el mejor aprovechamiento de las prerrogativas establecidas en la ley a nivel local y nacional.

Artículo 203. La Fundación Colosio , A. C., es la instancia rectora y coordinadora del Partido para realizar funciones de investigación y análisis de orden político, económico y social, de divulgación ideológica y de apoyo a la capacitación política, que contribuyan al desarrollo de la cultura democrática en el país, así como para elaborar los planes de gobierno y plataformas electorales. En su desempeño administrativo contará con personalidad jurídica y patrimonio propios.
La Fundación Colosio, A.C. tendrá las atribuciones siguientes:
I. Observar plenamente los Documentos Básicos del Partido;
II. Difundir la ideología, el ideario del Partido e impulsar una cultura política democrática;
III. Promover la participación de especialistas en las distintas ramas científicas, técnicas y culturales, para el mejor desarrollo de sus funciones;
IV. Asesorar y apoyar en materia editorial y de difusión ideológica a los distintos órganos del Partido, a sus sectores, organismos y demás agrupaciones adherentes;
V. Ejercer el presupuesto que la legislación federal determine corresponda al Partido, en cuanto a la materia de investigación y de estudios;
VI. Mantener, operar y actualizar el Centro Nacional de Información y Documentación "Adolfo López Mateos" y ser depositaria de la memoria del Partido y encargarse del cuidado de su archivo histórico;
VII. Contar con un Consejo Directivo integrado por un Presidente, quien permanecerá en el cargo cuatro años y por los demás funcionarios que señale su propio estatuto;
VIII. Representar sus intereses ante el Consejo Político Nacional por conducto de su Presidente y Secretario General;
IX. Establecer filiales estatales, municipales o delegacionales, que serán denominadas Fundación Colosio, seguidas del nombre del estado o del municipio donde estén radicadas, adicionándoles el determinativo de "Asociación Civil" o de su abreviatura "A. C.". La Fundación también podrá tener filiales en el extranjero;
X. El Presidente del Comité Directivo Estatal en el estado de que se trate y el Comité en el Distrito Federal, deberá presentar una terna con los perfiles de las propuestas de los ciudadanos que se postulan para ser directivos de las filiales estatales, Presidente y Secretario General, la que someterá a consideración del Presidente de la Fundación Colosio A.C. Nacional, quien determinará el perfil más adecuado que para ocupar esos cargos directivos se presente ante la Asamblea de la Filial Estatal o del Distrito Federal de que se trate;
XI. Difundir el ideario de Luis Donaldo Colosio;
XII. Realizar estudios sociales, económicos y políticos; de opinión pública y mercadotecnia; de análisis, elaboración y evaluación de políticas públicas; de estudios internacionales; estableciendo una red de militantes y simpatizantes expertos en el análisis y elaboración de políticas públicas;
XIII. Elaborar y presentar para su aprobación ante el Consejo Político Nacional, el Programa Anual de Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales; y
XIV. Realizar las demás funciones que se señalan en el documento que establece su creación.

Artículo 204. El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. es la instancia rectora y coordinadora del Partido, responsable de la formación ideológica y política de sus miembros y simpatizantes, y de la promoción de programas que impacten en el desarrollo político de las organizaciones y militantes, para que ejerzan con lealtad, integridad y eficacia las responsabilidades públicas que el pueblo les confiera y las tareas que el Partido les asigne.
En su desempeño administrativo el Instituto contará con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Artículo 205. El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. tendrá las funciones siguientes:
I. Elaborar, aplicar y desarrollar conjuntamente con la Comisión Temática correspondiente del Consejo Político Nacional el ante proyecto del Plan Nacional de Capacitación, que someterá al pleno del Consejo, con las directrices generales a que deben sujetarse los programas de capacitación política y formación ideológica que realicen los diversos órganos del Partido en el país, coordinando la estructuración de los planes estatales de capacitación conjuntamente con la Comisión Temática correspondiente de los Consejos Políticos respectivos, promoviendo el uso de los medios masivos de comunicación y las tecnologías avanzadas de elaboración y difusión del conocimiento, impulsando una labor editorial que fortalezca estas acciones;
II. Desarrollar, en coordinación de la Secretaría de Acción Electoral, programas que promuevan la capacitación y actualización de los militantes del Partido en las tareas electorales y de activismo político, infundiéndoles los valores de la democracia representativa y la determinación de defender y afirmar sus legítimos derechos en la lucha política, observando invariablemente las disposiciones jurídicas en materia electoral;
III. Llevar a cabo programas de capacitación para candidatos a cargos de elección popular o dirigencia partidaria, de acuerdo con el Plan Nacional y los Planes Estatales de Capacitación, extendiendo las constancias respectivas que den cumplimiento al requisito de obligatoriedad señalado para estos casos por los presentes Estatutos;
IV. Promover programas tendientes a la elevación de la cultura política, las capacidades académicas, técnicas y administrativas de los militantes del Partido;
V. Desarrollar programas que fortalezcan de manera particular la educación cívica y la formación política e ideológica de jóvenes y mujeres, para alentar su vocación política y participación creciente en las tareas del Partido;
VI. Implementar programas de educación cívica y formación ideológica dirigidos a los grupos indígenas del país, que promuevan su plena integración al desarrollo democrático nacional, respetando las particularidades de su cultura y características étnicas;
VII. Llevar el registro de los egresados de los programas de capacitación, promoviendo su consideración para ocupar espacios de dirigencia en el Partido y oportunidades para candidaturas a cargos de elección popular, remitiendo a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional la relación de los egresados para su registro correspondiente.
Tramitar la afiliación al Partido de los egresados que así lo soliciten;
VIII. Promover la participación de militantes, cuadros, dirigentes, representantes populares y servidores públicos de filiación priísta en las tareas de capacitación y desarrollo político del Partido;
IX. Elaborar y difundir análisis e investigaciones vinculadas a las tareas de capacitación sobre los aspectos políticos, económicos, sociales y de administración pública del país, así como todas aquellas materias que ayuden a fortalecer la capacidad y conocimiento de los militantes del Partido para el ejercicio de responsabilidades públicas y partidistas;
X. Proporcionar a las organizaciones que integran el Partido y sus sectores, asesoría y asistencia en los ámbitos necesarios para la estructuración, diseño y operación de sus órganos de capacitación;
XI. Coordinar las tareas del Centro Nacional de Capacitación Política del Partido; y
XII. Promover la creación de centros estatales y municipales de capacitación política, así como del Distrito Federal y sus delegaciones.
Artículo 206. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Instituto deberá:
I. Cumplir los Documentos Básicos del Partido;
II. Contar con un Presidente que será designado por la Asamblea General del Instituto, a propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, y con los funcionarios y colaboradores que requiera para el cumplimiento de sus funciones;
III. Establecer filiales en cada entidad federativa y municipio o delegación;
IV. Someter a la aprobación del Consejo Político Nacional el Plan Nacional de Capacitación Política, cada tres años, así como su Programa Anual de Trabajo y entregar los informes correspondientes. Asimismo, las filiales estatales deberán realizar lo conducente en el ámbito de su competencia;
V. Ejercer el presupuesto asignado por el Comité Ejecutivo Nacional para las tareas de capacitación conforme a lo establecido en los presentes Estatutos. En el mismo sentido las filiales estatales ejercerán el presupuesto asignado por el Comité Directivo Estatal o del Distrito Federal, para las tareas de capacitación. Asimismo se promoverán fuentes alternas de financiamiento para sus tareas, atendiendo la normatividad que sobre la materia señale el Instituto Federal Electoral o los organismos electorales de las entidades federativas;
VI. Establecer el Sistema Nacional de Capacitación y Formación Política Permanente;
VII. Coordinar la elaboración de los programas de capacitación con los sectores, organizaciones nacionales y adherentes;
VIII. El Estatuto jurídico, que el Instituto determinará como causa de disolución anticipada, la resolución que en tal sentido llegare a dictar la Asamblea Nacional del Partido. Una vez realizada la liquidación de su pasivo, los bienes que posea pasarán al patrimonio del propio Partido; y
IX. Realizar las funciones que se señalen en su Estatuto, así como las que defina el Consejo Político Nacional del Partido.

Artículo 207. El Comité Nacional Editorial y de Divulgación es la instancia rectora y coordinadora de las publicaciones y ediciones oficiales del Partido en medios escritos y electrónicos.
Estará encabezado por un Coordinador, designado por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
Artículo 208. El Comité Nacional Editorial y de Divulgación tendrá las funciones siguientes:
I. Editar la publicación oficial de divulgación del Partido;
II. Editar la revista de carácter teórico;
III. Coordinar con las diversas áreas del Partido la edición de las publicaciones que se produzcan;
IV. Coordinar los contenidos y la edición de la página de Internet;
V. Nombrar a los responsables de la publicación oficial de divulgación y de la revista de carácter teórico;
VI. Elaborar y presentar para la aprobación del Consejo Político Nacional el Programa Editorial Anual; y
VII. Promover la celebración de convenios de colaboración con otras instancias nacionales e internacionales para realizar coediciones.
En los Comités Estatales y del Distrito Federal se crearán los comités editoriales respectivos.

Artículo 209. El Partido Instrumentará un Sistema de Justicia Partidaria, cuyos objetivos serán aplicar las normas internas, otorgar los estímulos a sus afiliados, imponer las sanciones y resolver los asuntos que en materia de procesos internos o inconformidades de militantes le sean sometidos a su conocimiento, en los términos de los presentes Estatutos y de los instrumentos normativos del Partido .
Artículo 210. El Sistema de Justicia Partidaria estará a cargo de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria y de las Defensorías Nacional, Estatales y del Distrito Federal, de los Derechos de los Militantes en sus respectivos ámbitos.

Artículo 211. Las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria en el ámbito de sus respectivas competencias, son los órganos encargados de llevar a cabo la justicia partidaria en materia de estímulos y sanciones y de derechos y obligaciones de los militantes; conocer y resolver sobre las controversias que se presenten en los procesos de elección de dirigentes y postulación de candidatos para garantizar el cumplimiento de las normas y acuerdos que rigen al Partido; así como reconocer y estimular el trabajo desarrollado, enaltecer la lealtad de los priístas, evaluar el desempeño de los servidores públicos priístas, señalar las deficiencias y sancionar las conductas equívocas.
Artículo 212. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria estará integrada por siete miembros propietarios y sus respectivos suplentes, electos por el Consejo Político Nacional a propuesta del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
La sustanciación y resolución que recaiga a las acciones que promuevan los quejosos deberán contenerse en las actas suscritas por sus integrantes.
La procedencia de los medios de impugnación estará sujeta a que se agote la instancia previa de conciliación.
Artículo 213. Para ser integrante de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria se requiere:
I. 10 años de militancia comprobada;
II. Honestidad y solvencia moral;
III. Probada experiencia y conocimiento jurídico y estatutario;
IV. No haber sido candidato o dirigente de otro partido político; y
V. No haber sido sentenciado por delito doloso.
Los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria durarán en su encargo 5 años.
No podrán ser removidos del cargo, salvo resolución del Consejo Político Nacional, previa substanciación y dictamen de la Comisión Política Permanente.
Las Comisiones Estatales y del Distrito Federal, en su integración y periodo de gestión, atenderán a los mismos criterios previstos para la Comisión Nacional.
Artículo 214. Las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, tendrán las atribuciones siguientes:
I. Garantizar el orden jurídico que rige al Partido;
II. Evaluar el desempeño de los militantes del Partido que ocupan cargos de elección popular o que funjan como servidores en los poderes públicos, para que informen sobre el resultado de su gestión, a fin de constatar si lo han hecho con apego a los Documentos Básicos y con el fin de responder de sus demás actividades ante el Partido, su base electoral, en su caso, y los demás militantes partidistas;
III. Emitir las recomendaciones que considere necesarias para corregir actos irregulares de los militantes, informando de ellas al Presidente del Comité respectivo;
IV. Otorgar los estímulos que correspondan a los militantes;
V. Fincar las responsabilidades que resulten procedentes, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad del Partido;
VI. Aplicar sanciones, amonestaciones y suspensiones, temporales o definitivas, de los derechos de los militantes;
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 225, fracción III de estos Estatutos, el procedimiento será expedito y la resolución dictada dentro de los términos establecidos por las leyes electorales correspondientes.
VII. Conocer de la expulsión de servidores públicos priístas, sentenciados por delitos patrimoniales en el manejo de recursos públicos;
VIII. Difundir en el órgano oficial “La República” y en la página electrónica del Partido, los nombres de los militantes que se hagan acreedores al otorgamiento de estímulos y a la aplicación de sanciones, así como llevar el registro correspondiente;
IX. Presentar al Consejo Político respectivo el informe anual de labores;
X. Garantizar la imparcialidad, legalidad de los actos, acuerdos y resoluciones de las Comisiones de Procesos Internos;
XI. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Político Nacional, los siguientes reglamentos:
a) De estímulos y reconocimientos.
b) De sanciones.
c) De medios de impugnación.
XII. Conocer, sustanciar y resolver las controversias derivadas del desarrollo de los procesos internos de elección de dirigentes y postulación de candidatos; y
XIII. Las demás que le confieran estos Estatutos y la normatividad partidaria aplicable.
Artículo 215. Las Comisiones de Justicia Partidaria fundamentarán y motivarán sus resoluciones con base en los reglamentos e instrumentos normativos aplicables que emita el Consejo Político Nacional.

Artículo 216. La Defensoría de los Derechos de los Militantes, en sus ámbitos nacional, estatal y del Distrito Federal, es el órgano técnico encargado de garantizar el respeto a los derechos que tienen los militantes, de vigilar la observancia del Código de Ética Partidaria y, en general, el cumplimiento del orden jurídico que rige al Partido. Le corresponderá asegurar que los diferentes órganos, sectores, organizaciones, agrupaciones y militantes, acaten los acuerdos que tomen los consejos políticos respectivos, así como que se cumplan las disposiciones contenidas en los Documentos Básicos.
Artículo 217. Las Defensorías Nacional, Estatales y del Distrito Federal de los Derechos de los Militantes, se integrarán con un Presidente, un Vicepresidente de Seguimiento al Otorgamiento de Estímulos, un Vicepresidente de Seguimiento a la Aplicación de Sanciones y un Vicepresidente de Conciliación.
El Presidente de la Defensoría, en el ámbito respectivo, será designado por el Consejo Político del nivel, de entre una terna que le presente el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, o del Comité Directivo Estatal y del Distrito Federal.
Para ser integrante de la Defensoría de los Derechos de los Militantes, se requiere:
I. 10 años de militancia comprobada;
II. Honestidad y solvencia moral; y
III. Probada experiencia y conocimiento jurídico y estatutario.
El titular de la Defensoría durará en su encargo 5 años, sin posibilidad de reelección. El Presidente de la Defensoría designará a los tres vicepresidentes.
Artículo 218. La Defensoría de los Derechos de los Militantes, en sus ámbitos nacional, estatal y del Distrito Federal, tendrá las atribuciones siguientes:
I. Conocer y resolver, a través de amigable composición, conciliación y, en su caso, el arbitraje, los conflictos internos entre militantes del Partido;
II. Velar por el ejercicio y goce de los derechos de los miembros del Partido;
III. Proponer ante el Consejo Político respectivo, los instrumentos de carácter general que tengan como propósito promover, prevenir y salvaguardar la unidad partidaria y los derechos de los militantes;
IV. Prestar apoyo y asesoría técnica, cuando así se le solicite o estime conveniente, a los demás órganos, sectores, organizaciones, agrupaciones e integrantes individuales del Partido, en materia de promoción y defensa de los derechos partidistas;
V. Elaborar y ejecutar los programas de atención y seguimiento de las demandas e inconformidades de los militantes en materia de derechos partidistas;
VI. Establecer la relación técnica y operativa con los órganos directivos del Partido;
VII. Emitir laudos para resolver las controversias que se le presenten;
VIII. Presentar al Consejo Político del ámbito de su competencia un informe anual de labores; y
IX. Las demás que le confieren estos Estatutos y las disposiciones de carácter general.
Artículo 219. El ejercicio de las facultades encomendadas a la Defensoría de los Derechos de los Militantes, se regulará en el reglamento que al efecto emitirá el Consejo Político Nacional.

Artículo 220. Las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria tienen como objetivo garantizar los principios de unidad partidaria, de legalidad, certeza, imparcialidad y equidad en la aplicación de las normas contenidas en los Documentos Básicos, así como dictaminar el otorgamiento de los estímulos a los militantes, cuadros o dirigentes.
Artículo 221. Con base en los dictámenes que emitan las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, el Partido otorgará los estímulos siguientes:
I. A nivel nacional:
a) Presea “Benito Juárez”, al Mérito Republicano.
b) Presea "Plutarco Elías Calles" al Mérito Revolucionario.
c) Presea “General Lázaro Cárdenas del Río”, al Mérito Democrático.
d) Presea "Luis Donaldo Colosio" al Mérito Militante, por reconocimiento al trabajo partidario se adjudicará según el tiempo de militancia.
e) Presea "Jesús Reyes Heroles" a la labor ideológica, de difusión y capacitación política.
f) Presea al Mérito del Militante Juvenil que se distinga por su trabajo partidista, respaldada por una beca para estudios políticos de nivel superior, con el compromiso del premiado de realizar tareas de capacitación dentro del Partido;
g) Presea César Chávez al Mérito de los Trabajadores en el Exterior; y
II. A nivel local:
a) La Presea al Mérito Militante, que llevará el nombre de un destacado priísta de la entidad de que se trate, cuya denominación sea aprobada por el Consejo Político respectivo.
b) Notas Laudatorias.
c) Mención Honorífica a los militantes por determinada tarea partidista.
d) Diplomas de Reconocimiento.
Artículo 222. Las propuestas de militantes que pudieran ser acreedores a las distinciones señaladas en el Artículo anterior, serán sometidas a consideración de las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria por los consejos políticos respectivos, previa convocatoria de las comisiones que deberá hacerse en el mes de diciembre de cada año.
El fallo y entrega deberá realizarse a más tardar el 4 de marzo del año siguiente.
En ningún caso podrán otorgarse estas distinciones a gobernantes o funcionarios públicos en ejercicio.

Artículo 223. Las sanciones a los militantes del Partido serán aplicadas por:
I. Las Comisiones Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, erigidas en secciones instructoras:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
II. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria podrá aplicar las sanciones de:
a) Suspensión temporal de derechos del militante.
b) Inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas.
c) Expulsión.
Las Comisiones Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria, erigidas en secciones instructoras, integrarán los expedientes en materia de suspensión de derechos del militante, inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas y solicitudes de expulsión, que deberán turnar a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, dando seguimiento de su dictamen. La Comisión Nacional revisará, periódicamente, los casos planteados ante las Comisiones Estatales y del Distrito Federal y las resoluciones de éstas.
La imposición de las sanciones deberá ser fundada y motivada. Para su individualización se atenderá a la gravedad de la falta, los antecedentes del infractor y la proporcionalidad de la sanción.
Las resoluciones fijarán la temporalidad de las sanciones conforme al Reglamento correspondiente. En caso de reincidencia, se podrá aplicar una sanción mayor.
Artículo 224. La amonestación procederá por cualquiera de los motivos siguientes:
I. Por faltas reiteradas de asistencia a las asambleas y reuniones políticas o de carácter cívico que convoque u organice el Partido;
II. Por negligencia o abandono en el desempeño de actividades partidistas y comisiones conferidas; y
III. Por incumplimiento de algunas de las obligaciones que establecen para los militantes estos Estatutos, o el Código de Ética Partidaria.
Artículo 225. La suspensión temporal de derechos o de cargos partidistas, podrá ser impuesta por cualquiera de las causas siguientes:
I. Por negativa a desempeñar, sin causa justificada, las comisiones que confieran los órganos directivos del Partido;
II. Por indisciplina, que no sea grave, a las determinaciones de las asambleas y demás órganos del Partido;
III. Por incumplimiento reiterado en el pago de sus cuotas. En el caso de que el infractor sea militante con las características a que se refiere la fracción VIII del artículo 60 de estos Estatutos, la suspensión procederá a petición de algún militante interesado ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria;
IV. Por encontrarse sujeto a proceso penal, en el caso de delitos dolosos. La suspensión durará en tanto se dicte la sentencia definitiva al inculpado;
V. Por desviaciones estatutarias, deshonestidad o ineficiencia política de los dirigentes; y
VI. Por incumplimiento en el pago de las multas o adeudos derivados de la responsabilidad solidaria que establecen estos Estatutos.
La suspensión en ningún caso podrá exceder de 3 años. En caso de reincidencia se hará acreedor a la expulsión.
Artículo 226. La inhabilitación temporal para desempeñar cargos partidistas podrá ser impuesta por cualquiera de las causas siguientes:
I. Cometer faltas de probidad en el ejercicio de cargos o comisiones partidistas;
II. Disponer, en provecho propio, de fondos o bienes del Partido;
III. Proporcionar a organizaciones políticas contrarias al Partido información reservada que conozca en virtud de desempeñar un cargo partidista; y
IV. Ofender públicamente a militantes, dirigentes, cuadros o candidatos del Partido.
V. Incumplir con lo dispuesto en la fracción IX del artículo 60 o la fracción V del artículo 199 de estos Estatutos.
La inhabilitación en ningún caso podrá exceder de 3 años. En caso de reincidencia se hará acreedor a la expulsión.
Artículo 227. La expulsión procede por alguna de las causas siguientes:
I. Atentar, de manera grave, contra la unidad ideológica, programática y organizativa del Partido;
II. Sostener y propagar principios contrarios a los contenidos en los Documentos Básicos;
III. Realizar acciones políticas contrarias a los Documentos Básicos o a los lineamientos concretos de los órganos competentes del Partido;
IV. Realizar actos de desprestigio de las candidaturas sostenidas por el Partido u obstaculizar las campañas respectivas. Llevar a cabo actos similares respecto de los dirigentes o sus funciones, u otros que atenten en contra de la integridad moral o la vida privada de candidatos o dirigentes, funcionarios o representantes populares priístas;
V. Difundir ideas o realizar actos con la pretensión de provocar divisiones en el Partido;
VI. Solidarizarse con la acción política de partidos o asociaciones políticas antagónicas al Partido;
VII. Promueva y apoye actos de proselitismo de candidatos de otros partidos;
VIII. Proceder con indisciplina grave, en relación con las determinaciones de las asambleas y demás órganos del Partido;
IX. Enajenar o adjudicarse indebidamente bienes o fondos del Partido;
X. Cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas; y
XI. Presentar de manera dolosa, una denuncia con hechos infundados ante los órganos disciplinarios a que se refiere este Capítulo.
Artículo 228. Para imponer una sanción, las Comisiones Nacional, Estatales y del Distrito Federal de Justicia Partidaria solamente actuarán previa denuncia presentada por un militante, Sector u organización del Partido, que deberá estar acompañada de las pruebas correspondientes. En todos los casos, el denunciado gozará de la garantía de audiencia. El denunciante o denunciado podrá solicitar la excusa de quien conozca la instrucción si tiene interés en la acusación.

PRIMERO.- Las reformas aprobadas por la XX Asamblea Nacional Ordinaria entrarán en vigor una vez declaradas constitucional y legalmente válidas por el Instituto Federal Electoral.
SEGUNDO.- La reforma del artículo 166, fracción XI Bis, deberá cumplir los requisitos que establece la fracción XXI del artículo 81 de los Estatutos vigentes y será notificada a las autoridades competentes, que señala la legislación electoral, entrando en vigor antes de la Toma de Protesta de próxima dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional.
TERCERO.- Comité Ejecutivo Nacional, en un plazo de seis meses, se abocará a revisar y garantizar la legalidad en la integración de los órganos de dirección del Partido.
CUARTO.- El Comité Ejecutivo Nacional procederá a integrar una comisión representativa encargada de llevar a cabo, en seis meses, la revisión pormenorizada del marco estatutario a efecto de propone r las reformas y modificaciones que resulten pertinentes.
QUINTO.- Una vez aprobados estos Estatutos, publíquese en el órgano oficial de difusión del Partido Revolucionario Institucional.